15 de Noviembre
Esta iniciativa refleja un descontento social, así como la habilidad de las plataformas digitales para canalizarlo.
Tras el asesinato de Carlos Manzo, ex Alcalde de Uruapan, Michoacán, diversas organizaciones se han sumado a las movilizaciones para exigir seguridad inmediata a las autoridades en las principales ciudades del país.
Este suceso, junto con la violencia persistente, convierte a la seguridad pública en el eje de la protesta.
A estas, se suma la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), con demandas que, según sus críticos, tienen como fin principal evitar acuerdos definitivos y alargar el paro de labores en las escuelas que mantienen bajo su control.
Su presencia en las marchas a menudo complica la narrativa de las protestas, pues introduce un factor de conflicto sindical que puede opacar las demandas cívicas y de seguridad.
Más allá de las demandas específicas de cada grupo (revocación de mandato o agendas sindicales), es la crisis de seguridad la que funciona como denominador común y principal catalizador de la confluencia de fuerzas en las calles.
La percepción de que la violencia ha tocado límites intolerables está impulsando a sectores tradicionalmente apáticos a la movilización, convirtiendo el 15 de noviembre en un barómetro de la paciencia ciudadana frente a las estrategias gubernamentales.
El fracaso percibido en frenar la impunidad y el crimen organizado es un poderoso factor de unión entre la Generación Z, las organizaciones civiles y los habitantes de las zonas más afectadas por la violencia y la extorisión.
El Ejecutivo federal ha intentado minimizar estas protestas.
La movilización juvenil es tildada de ser financiada por figuras como Salinas Pliego y organismos internacionales de ultraderecha.
Las protestas por la violencia en Uruapan se desestiman argumentando que se están atendiendo las causas estructurales de la inseguridad.
A la CNTE, la ignoran, basándose en la premisa de que su accionar es predecible y reiterativo.
Esta estrategia de descalificación y polarización busca restar legitimidad a las voces disidentes en lugar de abordar de fondo sus preocupaciones.
La táctica gubernamental de atribuir las marchas a intereses externos o conspiraciones de la "ultraderecha" parece diseñada para un doble propósito; primero, movilizar a su base de apoyo morenista bajo un el argumento de que el gobierno es víctima del asedio político, y segundo, deslegitimar las demandas ciudadanas ante la opinión pública, reduciéndolas a simples agendas opositoras.
No obstante, al ignorar la preocupación legítima por la inseguridad que atraviesa a diversos estratos sociales, el gobierno corre el riesgo de convertir el descontento esporádico en una oposición social organizada y transversal, independientemente de quién esté detrás de su financiamiento.
Las movilizaciones del próximo 15 de noviembre podrían marcar el inicio de una movilización social más amplia con el objetivo central de exigir resultados tangibles en materia de seguridad a todos los niveles de gobierno.
Lo que comienza como protestas sectoriales puede transformarse en un movimiento de exigencia nacional si las autoridades no logran demostrar avances efectivos.
La referencia a la Primavera Árabe es ineludible, donde las redes sociales jugaron un papel clave en la caída de sistemas políticos anquilosados.