La prórroga del fracaso
Mientras disfrutábamos del partido de México vs Ecuador, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) publicó en el Diario Oficial de la Federación un nuevo acuerdo que, en los hechos, reconoce lo que meses de cifras ya anticipaba, la campaña para obligarte a registrar tu línea telefónica fracasó.
En este nuevo acuerdo hace público el calendario escalonado que extiende hasta el 31 de diciembre, distribuido según el último dígito de cada número telefónico, y la exigencia de una "prueba de vida" biométrica para completar el trámite.
Vale la pena recordar cómo empezó todo.
En diciembre de 2025, con la extorsión telefónica como emergencia real y sentida en millones de hogares, la autoridad prometió que vincular cada línea a una CURP acabaría con el anonimato de los delincuentes.
Buen propósito, mala memoria histórica, México ya había intentado esto dos veces.
El Renaut se hundió en 2010 por una filtración de datos.
El Panaut fue tumbado en 2022 por la Suprema Corte, precisamente por exigir datos biométricos a cambio de un derecho constitucional.
Ahora, con una "prueba de vida" que pide al usuario mover la cabeza frente a una cámara para demostrar que existe, la autoridad repite el mismo gesto y espera un resultado distinto.
Los números explican por qué no lo consiguió.
- Al 5 de junio apenas 39.3% por ciento de las líneas estaban vinculadas.
- Al cerrar el plazo, la cifra subió a 43 por ciento:
- 63 millones de 144.5 millones de líneas activas.
Es decir, 81 millones de mexicanos decidieron, con su inacción, no confiarle sus datos al Estado ni a las telefónicas.
Y mientras eso ocurría, la CRT repetía en comunicados que el avance era "el esperado para una campaña orgánica de esta magnitud" y descartaba cualquier prórroga hasta el último día hábil.
El acuerdo del 30 de junio desmiente esa versión con la misma tinta oficial que la sostuvo.
El problema de fondo no es solamente de imponer una fecha límite, es de confianza, una desconfianza que no nació de la desinformación ciudadana, sino de la experiencia.
Un país que ha visto filtrarse padrones electorales, bases de salud y hasta expedientes judiciales tiene motivos de sobra para dudar antes de entregar su rostro y su identificación a una plataforma privada.
Nadie ha explicado con claridad quién audita a esas quince o veinte compañías telefónicas, ni qué pasa si una de ellas sufre un hackeo.
La autoridad pide fe, la ciudadanía pide garantías.
Recordemos que ya no contamos con un INAI (quien se encargaba de proteger nuestros datos personales).
Y hay algo más que el debate sobre privacidad suele dejar fuera.
¿Quién paga el costo real de la suspensión?
Ocho de cada diez usuarios de telefonía móvil en México son de prepago, con un gasto mensual que ronda los 160 pesos, no son ejecutivos con contrato corporativo, sino la mayoría del país que compra tiempo aire en la tienda de la esquina.
Y son justamente:
- Guerrero.
- Oaxaca.
- Y Chiapas.
Los estados con menor cobertura de internet, los que más arriesgan quedarse sin su única puerta al mundo digital si la suspensión se ejecuta sin miramientos.
