Ayotzinapa: el costo de la incompetencia
La noche del 26 de septiembre de 2014, el gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre, realizó dos llamadas telefónicas clave con el mismo mensaje: se había desatado la violencia contra normalistas de Ayotzinapa en las calles de Iguala.
Una llamada fue al subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, y la otra al general Alejandro Saavedra Hernández, comandante de la 35ª Zona Militar.
El general le dijo que preguntaría lo que estaba sucediendo; el subsecretario tomó nota.
Esa misma noche, que era viernes, Miranda le dijo al subsecretario Andrés Chao, que estuviera atento al día siguiente en la prensa, porque “algo” había pasado en Iguala y quería ver qué impacto tenía en la opinión pública.
El sábado 27 no hubo mayor información, salvo en la prensa de Guerrero, pero el domingo era el titular principal en varios diarios de la Ciudad de México.
"ERAN NARCOTRAFICANTES"
Ese mismo día el presidente Enrique Peña Nieto convocó a una reunión en Los Pinos para revisar lo que había sucedido en Iguala.
El procurador Jesús Murillo Karam afirmó que había sido un problema “entre narcotraficantes”, lo que fue aceptado acríticamente por los presentes, que también consideraron que era mejor no decir nada públicamente porque pensaban que podían aparecer algunos de los normalistas que se reportaban como desaparecidos.
NO ERA LOCAL, PERO ASÍ LO EVALUARON
El lunes 28, en una evaluación interna del equipo presidencial, se concluyó que el tema era local, por lo que debía ser resuelto a nivel municipal y estatal.
El que fueran normalistas de Ayotzinapa los involucrados permeó como prejuicio contra los jóvenes.
“Todos son delincuentes”, respondió un alto funcionario en Los Pinos cuando se le preguntó por qué no estaba interviniendo en el caso.
No comprendían que el solo hecho de que fueran de Ayotzinapa tenía una carga política donde no eran percibidos como victimarios, sino como víctimas.
