Ayotzinapa: la verdad política
La “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, con la cual el procurador Jesús Murillo Karam dio por terminada la investigación del crimen, fue una frase grandilocuente que le cuestionaron internamente, pero que se oía hueca.
La verdad política, como ahora el gobierno del presidente López Obrador quiere cerrar el caso, es sonora, contundente y llena el imaginario colectivo de muchos, pero, igualmente, está hueca.
La diferencia es que aquella se pudrió y ésta pueden corregirla, porque está llena de inconsistencias, omisiones y contradicciones.
"CRIMEN DE ESTADO"
El jueves pasado el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, dio a conocer un informe preliminar sobre la desaparición de los normalistas, donde afirmó que mediante “una acción concertada desde el aparato organizado del poder”, se cometió un “crimen de Estado”.
La fuerte declaración fue seguida con la detención de Murillo Karam, el primer procurador general de la República en la historia, tras las rejas.
Aplausos de pie de muchos y críticas de los menos. En medio, el faltante de elementos jurídicos fundamentales.
El principal es el móvil, que es lo que explica un crimen. Sin móvil, ¿a qué obedeció todo?
Las autoridades afirman que hubo encubrimiento, pero dejan suelta la pregunta, ¿encubrimiento de quién?, ¿para qué?
La acusación contra Murillo Karam, una de las 83 personas contra quienes se giraron órdenes de aprehensión, es por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia.
Los dos primeros no proceden, porque las leyes que se le aplican son posteriores no sólo al crimen, y en la Constitución existe el principio de irretroactividad.
En cambio no le imputaron un delito flagrante: alteración del debido proceso, al dar a conocer videos de presuntos criminales.
El “crimen de Estado” es una bonita frase, pero no se sostiene salvo en la narrativa política.
Los crímenes de Estado son delitos cometidos por agentes estatales o particulares que actúan en complicidad o con la tolerancia del Estado.
La “acción concertada desde el aparato organizado del poder”, que mencionó Encinas, se queda muy trunca en el sentido de la definición.
