Caso Zambada: los primeros días
La captura de Ismael El Mayo Zambada el 25 de julio de hace dos años fue el peor golpe que recibió el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su sexenio.
El sentimiento en Palacio Nacional era el de una traición de Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos, porque no les anticipó lo que venía.
El enojo en Palacio Nacional fue tan grande como las precauciones que le sugirieron tomar a López Obrador, porque con el paso de los primeros días los oscuros nexos entre su Presidencia y el Cártel de Sinaloa se fueron corroborando.
Aquel episodio es un fantasma que sigue acosando al régimen y arrancándole la iniciativa a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Una reconstrucción de aquel momento elaborada por exfuncionarios con acceso privilegiado muestra la frustración con Salazar, que a diferencia de lo que declaró a Ilia Calderón de N+ Univisión, que López Obrador nunca le tomó la llamada para darle explicaciones, fue él quien se escondió de los mexicanos.
Aunque el embajador tenía derecho de picaporte en Palacio Nacional, su enlace permanente era el fiscal general Alejandro Gertz Manero, que tras la captura de Zambada y Joaquín Guzmán López, su ahijado e hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, lo llamó insistentemente.
En las cinco ocasiones que lo hizo, Salazar no le respondió el teléfono, ni devolvió las llamadas.
López Obrador bombardeaba a Gertz Manero con preguntas sobre lo que había sucedido, que no podía responder salvo con generalidades, por la falta de información.
Poco después pudo aportar el primer dato sustantivo:
La captura había sido pactada directamente por los dos con el gobierno de Estados Unidos, tras acceder a sus términos y condiciones.
La operación, comentó al presidente, debía de leerse como un fracaso del gobierno mexicano, que había quedado expuesto por una operación, confirmó Gertz Manero en subsecuentes comunicaciones con la Embajada de Estados Unidos, que fue planeada y ejecutada por el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional.
Fue hasta ese momento en que les quedó claro que el embajador, como aseguraba, no sabía nada de la operación, ante el temor de que alertara a López Obrador de lo que se preparaba.
Para controlar el daño, López Obrador expresó a su equipo cercano su intención de declarar que la detención de Zambada y Guzmán López había sido resultado de un trabajo conjunto “inédito”, pero lo contuvieron por la advertencia de Washington de que si intentaba colgarse de la operación, el Departamento de Justicia o el de Seguridad Nacional lo desmentirían.
Salazar les reiteró entonces que, contra la exigencia de López Obrador de que informaran lo que había pasado, Estados Unidos no tenían ninguna obligación de hacerlo, ni les debía nada, porque al ser una entrega pactada, no constituía ningún involucramiento o uso de recursos de su gobierno, que es la versión oficial hasta la fecha.
Lo único que sabían por Salazar era que su gobierno estaba decidido a asegurar 16 mil millones de dólares de activos de Zambada en empresas mexicanas y estadounidenses.
Que es una suma que coincide con el pago en reparación que pidió la fiscalía en la Corte del Distrito Sur de Brooklyn esta semana, que esperan conceda el juez cuando dicte la condena al exjefe del Cártel de Sinaloa del próximo lunes.
En esos días, Gertz Manero le dijo al presidente que estaba negociando con Salazar que toda la información que obtuvieran los departamentos de Estado y de Justicia sobre el involucramiento de su gobierno o de altos funcionarios con Zambada y el Cártel de Sinaloa, no se hiciera pública para evitar, como describió en Palacio Nacional, que “se incendiara la casa” y para encontrar una narrativa que evitara una crisis diplomática de dimensiones no previsibles.
Gertz Manero le dio información al presidente sobre el alcance de los nexos de las autoridades mexicanas con el Cártel de Sinaloa.
Al menos 35 mandos altos y medios de la Secretaría de Seguridad –en ese entonces encabezada por Rosa Icela Rodríguez, actual secretaria de Gobernación–, y de la propia Fiscalía General de la República, le daban protección a Zambada y colaboraban con el Cártel de Sinaloa para el trasiego de drogas a la frontera con Estados Unidos, le dijo.
Pero no fue sino hasta la difusión de una carta de Zambada el 10 de agosto, acusando al gobernador Rubén Rocha Moya de traición y aportando detalles de la operación, que inicialmente pensó que no le darían crédito por tratarse de un narcotraficante, que comprendió la dimensión de lo que había sucedido.
