El citatorio, el fuero y la geometría del poder
Ese último dato no es un detalle administrativo, es la clave de lectura del documento entero.
Chihuahua tiene capital, se llama Chihuahua.
Ahí despacha la Gobernadora cuya comparecencia se solicita, ahí tiene sede el gobierno que la FGR pretende interrogar.
Y sin embargo, la FGR —con toda su infraestructura institucional— decidió que el lugar idóneo para la declaración de la mandataria estatal sea Ciudad Juárez; municipio gobernado por Morena.
No es logística, es mensaje.
Cuando el poder federal elige operar desde el enclave partidario que controla dentro de un estado de oposición, no está administrando justicia, está marcando territorio.
Ciudad Juárez como sede del citatorio le da a la operación una apariencia de demanda ciudadana norteña, de respuesta a una presión local legítima, antes que lo que realmente es:
- Una instrucción emanada desde las oficinas en la Ciudad de México, ejecutada donde el color político del piso es conveniente.
La geometría del poder, en México, siempre habla más claro que el texto de los oficios.
El fuero como problema que se evita, no como garantía que se respeta
La Gobernadora goza de fuero constitucional, eso significa, en términos jurídicos precisos, que para ejercer cualquier acción penal en su contra es necesario agotar el procedimiento de declaración de procedencia ante el Congreso local.
Es una valla procesal deliberada, diseñada para proteger la función pública del gobernante frente al uso político del aparato penal del gobierno federal.
La FGR lo sabe, por eso no la cita como imputada, la cita como testigo.
La distinción es técnicamente impecable y políticamente calculada; en calidad de testigo, el fuero no opera como escudo procesal.
Se puede convocar, desplazar, exhibir mediáticamente y someter a la lógica del expediente penal sin necesidad de pasar por el Congreso chihuahuense, el efecto de criminalización se produce igual, el costo político de activar un desafuero, no.
Pero hay algo más en esa valla que se evita.
Porque la operación más sofisticada no es la persecución frontal —esa haría mártir a Maru Campos y le daría mayor proyección nacional— sino usar el Congreso local como campo de batalla interno para instalar el debate de desafuero aunque no prospere, forzar a la posición defensiva, abrir fracturas desde adentro, desgastar a la gobernadora sin necesidad de derrotarla judicialmente.
- El citatorio, el detonador.
- El Congreso local, el teatro de operaciones.
- Y el horizonte electoral de 2027, la razón de todo.
Reventar a Maru Campos desde dentro es más eficiente que confrontarla desde afuera.
