Criminales contra el Ejército
Las nuevas acusaciones de la Fiscalía para el Caso Ayotzinapa contra 16 mandos y soldados por la desaparición de los 43 normalistas en Iguala en 2014, no son nuevas.
Son, en términos generales, un reciclado de las que la fiscal especializada en Asuntos Internos, Adriana Campos López, desestimó el año pasado por estar basadas en una investigación deficiente que no probaba la responsabilidad de los militares en el crimen, por lo que se cancelaron las órdenes de aprehensión.
En el segundo envión de un nuevo fiscal para investigar el crimen, se mantienen las mismas deficiencias, la falta de pruebas y la reiteración de que todo el caso se sustente en imputaciones sin evidencias o declaraciones de oídas de testigos protegidos, que eran jefes y sicarios de la organización criminal Guerreros Unidos.
Una vez más, el presidente López Obrador autorizó a Encinas utilizar criminales para imputar militares
La orden de aprehensión que la juez Raquel Ivette Duarte Cedillo le obsequió a la Fiscalía General la semana pasada, únicamente agrega ampliaciones de las declaraciones de varios testigos protegidos.
Gildardo López Astudillo, el Gil, identificado como Juan en el expediente, continúa siendo el testigo estelar de las autoridades, y fue quien declaró que los militares daban protección a Guerreros Unidos a cambio de sobornos.
El Gil, identificado plenamente como uno de quienes ordenaron asesinar a los normalistas, obtuvo su libertad a cambio de imputar a los militares.
Las nuevas acusaciones no resuelven las contradicciones y las ineficiencias de la primera imputación contra los militares, donde incurrieron por igual el exprocurador Jesús Murillo Karam y el investigador en jefe del crimen, Tomás Zerón, y el equipo designado por el presidente López Obrador para encontrar a los normalistas y resolver el crimen, como prometió en su campaña, que encabeza el subsecretario de Gobernación para Derechos Humanos, Alejandro Encinas.
Lo que más llama la atención es la grave inconsistencia de Encinas, que utilizó chats de WhatsApp para acusar, justificar y meter a la cárcel a los altos mandos de los batallones de Infantería 27 y 41 en Guerrero, mientras que Juan, según la declaración incluida en el pliego para solicitar la orden de aprehensión, señala que el sistema de comunicación que utilizaba Guerreros Unidos era mediante BlackBerry, no WhatsApp.
Las mismas omisiones que tuvo Murillo Karam las tiene ahora Encinas
Una de las más graves probablemente sea que José Luis Abarca, que era el alcalde de Iguala en ese tiempo, no haya sido acusado por el crimen de los normalistas, como sucedió durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, o haya recuperado su libertad en el gobierno de López Obrador, porque los ministerios públicos federales no utilizaron como prueba superviniente dos declaraciones de funcionarios municipales –contenida en el voluminoso expediente del caso Ayotzinapa–, que dijeron haber escuchado a Felipe Flores Velázquez, que era director de la Policía Municipal en Iguala, señalar que A1, el nombre clave de Abarca, había ordenado dar un “escarmiento” a los normalistas.
