El hambre que no se explica
“La alimentación fue un problema que se resolvió… sí, pues no le han pagado, lo estamos resolviendo”, dijo en una frase que es a la vez confesión y eufemismo.
No hablamos de un hospital cualquiera ni de pacientes cualquiera, hablamos de niñas, niños y adolescentes internados por motivos de salud mental, y de adultos en el Hospital Fray Bernardino Álvarez y el Samuel Ramírez Moreno, a quienes el Estado debe, antes que nada, la dignidad del alimento y sus medicamentos.
El personal médico y administrativo de los hospitales necesitó bloquear Calzada de Tlalpan para denunciar que, desde hace semanas, los pacientes reciben lo que se puede en lugar de las dietas controladas que exige un tratamiento psiquiátrico, con medicamentos de por medio.
La Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA) negó que el servicio se hubiera suspendido y anunció el fallo de una nueva licitación.
Pero organizaciones como Disability Rights International fueron bastante menos diplomáticas y hablaron de “tratos crueles, inhumanos y degradantes” contra una población que, por definición, no puede defenderse a sí misma.
Aquí no hay semilla que germine, hay una grieta que se ensancha.
La falta de alimento además de indignante, no es un accidente administrativo aislado, es el síntoma más visible —porque toca el cuerpo, no solo el expediente— de una arquitectura presupuestal que lleva siete años adelgazándose exactamente donde más duele.
Según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), el presupuesto para salud mental pasó de 3,819.4 millones de pesos en 2024 a 3,491.7 millones para 2026, una caída que se profundiza bajo una administración que, en el papel, hizo de la salud y el bienestar social su razón de ser.
El Paquete Económico 2026 contempla, específicamente, un recorte de 90.9 millones de pesos a CONASAMA respecto de 2025 —un 2.5% menos— y de 13.8% frente a lo efectivamente ejercido en 2024.
El resultado:
La salud mental representaría apenas el 1.5% del gasto conjunto de la Secretaría de Salud e IMSS Bienestar, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda destinar al menos 5% para países de ingreso medio.
La propia Auditoría Superior de la Federación reveló otro dato que ilustra el desorden de prioridades, en el convenio de transferencia de recursos para salud mental con el Estado de México, el personal auditor encontró 130 bienes —57 equipos de cómputo, 32 relojes checadores digitales y 41 multifuncionales— abandonados, sin usar, en un almacén.
CONASAMA acreditó después su resguardo y asignación, pero el hallazgo inicial habla por sí solo, se compraron relojes checadores mientras los pacientes psiquiátricos comen gelatina.
Ese es el retrato exacto de un Estado que confunde la simulación del gasto con el cumplimiento de su mandato.
Y conviene no perder de vista la dimensión internacional del problema.
En abril, el Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad difundió un informe, derivado de una visita a México en 2024, en el que recomendó al país instrumentar estrategias de desinstitucionalización y sustituir los entornos institucionales por servicios de apoyo a una vida independiente y comunitaria.
La respuesta del Gobierno, en los hechos, ha sido la contraria, mantener el modelo institucional sin garantizar y los recursos para los programas comunitarios de prevención, que también se contraen con fuerza.
Es por esto mismo que la responsabilidad política no es una consigna decorativa, es la convicción de que la dignidad de la persona humana es anterior y superior a cualquier cálculo presupuestal, y que un gobierno se mide, en última instancia, por cómo trata a los más frágiles, a quiénes no tienen voz para exigir cuentas.
Un paciente psiquiátrico interno —niño, adolescente, adulto o anciano— es, en ese sentido, el índice más puro de la calidad moral de un régimen; este no vota, no protesta, y no aparece en las encuestas de aprobación.
Por eso mismo, dejarlo sin alimento o medicina mientras se gastan millones en pintura morada no es un desliz administrativo, es una jerarquía de valores y de prioridades políticas expuestas crudamente.
