PEMEX, el cadáver que aún respira
En él, el doctor Francisco Barnés de Castro —ex rector de la UNAM y uno de los analistas energéticos más rigurosos del país—.
Señaló porqué Pemex está en las peores condiciones de su historia, en una frase:
La política energética nacional no es apuesta soberana, es una sentencia de muerte administrada con retórica nacionalista.
Los números no mienten, aunque el gobierno federal insista en ignorarlos:
- Las reservas probadas alcanzarán diez años al ritmo actual.
- La producción de crudo cayó 120 mil barriles diarios solo en 2025.
- Los centros de procesamiento de gas operan al 40% de su capacidad de diseño. Y el rendimiento operativo de PEMEX —que en 2012 fue el 55% de sus ventas— en 2025 fue 4%.
En el sexenio anterior, Pemex Transformación Industrial perdió 1.3 billones refinando petróleo; más de lo que Pemex Exploración ganó extrayéndolo.
Una empresa que pierde más procesando que produciendo, no tiene modelo de negocio; tiene un colapso programado.
La debacle es financiera, operativa, ambiental y estratégica.
En 2025, las 6 refinerías emitieron más de 730 mil toneladas de dióxido de azufre —por falta de mantenimiento, y rehabilitación sistemáticamente incumplido— y el procesamiento de gas, añadió 870 mil toneladas más.
Aquí el dato que debería avergonzar al gobierno que presume de ecologismo:
Pemex no cumple ninguna de las Normas Oficiales Mexicanas a las que está legalmente obligado, ni en emisiones, ni en calidad de combustibles, ni en recuperación de azufre.
México es de los poquísimos países que queman a la atmósfera su gas sin aprovechamiento, cuando más lo necesita, por decisiones políticas que priorizaron el discurso sobre la ingeniería.
El huachicol ya no es solo un problema de seguridad pública, es una sangría fiscal de proporciones industriales, en 2025, el robo de combustibles de los ductos creció 43% respecto al 2024.
El robo de crudo aumentó 13%, la pérdida estimada para la nación —Pemex y Hacienda sumados— es de 123 mil millones por año, poniéndolo en perspectiva:
Supera con creces, las ganancias útiles del gobierno, el crimen organizado ya no solo roba, sustituye al Estado en el negocio energético.
El modelo oficialista —más refinación propia, más soberanía— fracasó en sus propios términos, es una máquina de quemar dinero público.
La ilusión de soberanía energética terminó siendo la coartada para no hacer lo que había que hacer: modernizar, atraer capital privado, establecer reglas claras, y diseñar en serio la transición.
La salida no es ideológica, es pragmática:
Aprovechar el residuo fósil para financiar la transición, procesar el gas que se quema indiscriminadamente.
Incorporar cogeneración en las refinerías, abrir esquemas reales de asociación privada con garantías jurídicas serias.
Y diseñar —por primera vez en la historia reciente— un plan estratégico de largo plazo que sobreviva los bandazos sexenales.
La encrucijada no es si México transiciona o no.
