Sheinbaum y Taddei: ¿quién decide qué críticas pueden permitirse?
La renuncia de Guadalupe Taddei a la Presidencia del Instituto Nacional Electoral ha colocado sobre la mesa dos asuntos fundamentales para la democracia mexicana: la obligación de investigar posibles actos de corrupción en una institución encargada de garantizar la limpieza de las elecciones y la pretensión, cada vez más frecuente en el discurso político, de establecer qué críticas son legítimas y cuáles resultan inadmisibles.
Durante su conferencia matutina del lunes 26 de octubre, la presidente Claudia Sheinbaum calificó como una buena decisión que Guadalupe Taddei se separara de la Presidencia del INE y sostuvo que deben investigarse las sospechas de conflictos de interés, abusos y privilegios dentro del Instituto Electoral.
- Hasta ahí, una posición institucionalmente razonable.
- La renuncia de una funcionaria no sustituye las investigaciones ni extingue las posibles responsabilidades administrativas o penales.
- Tampoco demuestra, por sí misma, que haya cometido alguna irregularidad.
Pero Scheinbaum añadió otro elemento al debate: condenó las burlas y los ataques personales contra Taddei, a los que calificó de misóginos y machistas.
En ese contexto, recurrió a una expresión que merece especial atención: que tales conductas no pueden permitirse.
Y aquí surge una pregunta indispensable: ¿quién le ha conferido a la presidente de la República la facultad de decidir qué críticas pueden permitirse y cuáles no?
La respuesta constitucional es clara: nadie.
Los artículos 6.º y 7.º de la Constitución mexicana protegen la libertad de expresión y prohíben la censura previa.
El Estado no puede convertirse en árbitro de las opiniones ciudadanas ni imponer una determinada idea de respeto como condición para participar en el debate público.
Por supuesto, Claudia Sheinbaum tiene derecho a expresar su rechazo frente a manifestaciones que considere ofensivas, injustas o discriminatorias.
La libertad de expresión también la protege a ella.
Pero existe una diferencia sustancial entre reprobar moralmente una conducta y pretender impedirla desde el poder.
No es lo mismo que una ciudadana diga que determinadas expresiones son inaceptables a que lo afirme la titular del Ejecutivo federal desde la tribuna presidencial.
Las palabras adquieren otra dimensión cuando están respaldadas por la autoridad del Estado.
Esto no significa que Sheinbaum haya ordenado censurar a nadie.
No hay elementos suficientes para sostenerlo.
Significa que, precisamente por la responsabilidad de su cargo, debe ser especialmente cuidadosa al utilizar expresiones que puedan interpretarse como advertencias sobre los límites del discurso público.
La libertad de expresión no existe para proteger únicamente las opiniones educadas, las críticas moderadas o los comentarios que resultan agradables al poder. Existe, sobre todo, para garantizar el derecho a cuestionarlo, incomodarlo, ridiculizarlo y exigirle cuentas.
La ironía, el sarcasmo, la sátira y la crítica severa forman parte de la discusión democrática, aunque puedan resultar desagradables para sus destinatarios.
Desde luego, tampoco se trata de sostener que cualquier agresión queda protegida por la libertad de expresión.
Las amenazas, determinadas formas de hostigamiento y las conductas que constituyan violencia política contra las mujeres en razón de género tienen límites y consecuencias previstos en la legislación.
Pero no toda expresión ofensiva constituye violencia de género, como tampoco toda crítica dirigida contra una mujer puede calificarse automáticamente de misógina.
Confundir ambas cosas representa un riesgo: utilizar una protección jurídica legítima como instrumento para descalificar cuestionamientos igualmente legítimos.
Guadalupe Taddei no está sometida al escrutinio público por ser mujer, sino por haber encabezado una de las instituciones más importantes del Estado mexicano. Sus decisiones, relaciones con proveedores, posibles conflictos de interés y manejo de recursos públicos son asuntos de interés general.
Y aquí aparece otra cuestión que merece examinarse.
Los señalamientos que precipitaron su renuncia incluyen presuntas irregularidades en contrataciones del INE y posibles vínculos con empresarios beneficiados por contratos públicos.
Son acusaciones que deben investigarse con rigor, sin anticipar culpabilidades ni convertir versiones periodísticas en sentencias.
Sin embargo, tampoco puede descartarse automáticamente toda información relacionada con la vida privada de una funcionaria cuando esa información pudiera tener relevancia para determinar un conflicto de interés.
Una relación personal pertenece, en principio, al ámbito privado.
Pero si existen indicios de que esa relación pudo influir en la asignación de contratos públicos, deja de ser exclusivamente un asunto íntimo y adquiere una dimensión institucional que merece investigación.
La privacidad no puede convertirse en refugio de la opacidad, del mismo modo que la sospecha no puede sustituir a la prueba.
Por eso resulta preocupante que el debate pueda desplazarse de las posibles irregularidades administrativas hacia la condena de quienes las comentan, las cuestionan o incluso se burlan de sus protagonistas.
La presidenta acertó al exigir una investigación y al señalar que no debe existir ninguna sombra de corrupción sobre el INE.
Pero la misma exigencia de transparencia debe aplicarse sin reservas, sin privilegios y sin convertir la defensa de la dignidad personal en una barrera frente al escrutinio público.
Hay, además, un elemento político imposible de ignorar: el INE no es cualquier dependencia.
Es un órgano constitucional autónomo cuya credibilidad resulta indispensable para la competencia democrática.
Su independencia exige que las investigaciones sobre posibles irregularidades sean conducidas por las autoridades competentes, con transparencia y sin interferencias políticas.
También exige que la sustitución de su presidencia respete escrupulosamente los procedimientos legales y no se convierta en una oportunidad para ampliar el control partidista sobre la autoridad electoral.
La salida de Taddei puede resolver una crisis de conducción, pero no necesariamente una crisis de confianza.
Y esa confianza no se recupera mediante declaraciones presidenciales, sino con investigaciones verificables, responsabilidades claramente establecidas y garantías efectivas de independencia institucional.
Finalmente, conviene recordar algo elemental: la dignidad de las personas debe respetarse, pero el poder público no está exento de la crítica, ni siquiera de la crítica mordaz.
Una democracia madura no necesita que sus gobernantes autoricen las opiniones de sus ciudadanos. Necesita instituciones capaces de investigar la corrupción, tribunales que hagan respetar la ley y autoridades dispuestas a tolerar el desacuerdo.
- La presidenta puede defender a Guadalupe Taddei de lo que considera ataques injustos.
- Puede denunciar expresiones misóginas y llamar a una discusión pública más respetuosa.
- Lo que no puede hacer es atribuirse la facultad de determinar qué críticas tienen derecho a existir.
Porque cuando el poder empieza a decidir qué expresiones pueden permitirse, la discusión deja de girar exclusivamente alrededor de la dignidad de una funcionaria y comienza a involucrar algo mucho más importante: la libertad de todos.
En una democracia, los ciudadanos no necesitan permiso del gobierno para criticar a quienes ejercen el poder.
