La frontera que se cruzó a nado
El Ministerio español del Interior, calculó cerca de 60 mil —pero se calculan más de 100 mil— ingresos de menores y jóvenes indocumentados a Ceuta.
El número de muertos, en cambio, aún sigue sin conciliarse entre autoridades y prensa.
Esa sola discordancia —que haya cadáveres que nadie termina de contar— dice más del episodio que cualquier declaración oficial, fue el mayor colapso fronterizo hispano-marroquí con registro, y multiplicó varias veces el de 2021.
Buena parte de la prensa europea lo llamó invasión, y algunos gobiernos de la U.E., han planteado la exclusión de toda España del espacio Schengen.
No solo por este hecho, sino por la cantidad infame de tropiezos y malas decisiones en el gobierno de Sánchez, pero también es verdad que no cruzó un ejército, cruzaron miles de jóvenes sin futuro en Marruecos, con aletas de buceo compradas por internet.
Lo ocurrido en El Tarajal no puso a prueba la capacidad militar de España, sino algo más sutil, frágil, la resistencia de una soberanía cuando el instrumento de presión ya no es la artillería, sino la multitud.
La secuencia sí está documentada.
A principios de julio, el Tribunal Supremo fijó el régimen jurídico aplicable a quienes alcanzaran Ceuta por vía marítima.
En cuestión de días, grupos de Facebook, cadenas de WhatsApp y videos de TikTok difundieron una lectura simplificada —al que llega a nado no se le devuelve—, acompañada de capturas de Google Maps, distancias y avisos sobre el estado del mar.
Un informe de monitoreo digital cifra en once millones los impactos de esa campaña, alimentada por perfiles en Marruecos, Argelia, Túnez, Francia y Estados Unidos.
Salieron autobuses desde Tánger, Tetuán y Rabat, la sentencia fue el permiso; y el algoritmo, la logística.
¿Quién lo orquestó?
Rabat lo niega —pero parece dudoso— aunque presume siete mil agentes desplegados en Castillejos.
Madrid, lejos de acusar, agradeció la colaboración marroquí para contener las nuevas concentraciones, y la prensa marroquí, denuncia una operación para ensuciar a su Reino, en pleno día de su rey.
La tesis del chantaje dirigido desde Marrucos es verosímil —el antecedente de 2021, cuando la hospitalización en España de Brahim Ghali coincidió con una relajación evidente de los controles, la vuelve casi natural—, pero no está probada.
Y escribirla como hecho, sería regalarle a Rabat el derecho a desmentirlo.
Lo que sí está probado incomoda más, porque no depende de la intención de nadie.
La doctrina del Gran Marruecos, formulada por Allal al-Fassi principal artífice de la lucha por la independencia de Marruecos frente al protectorado francés y español en el siglo XX, y fundador del partido Istiqlal desde 1943, dibujó un mapa con el Sahara Occidental, Mauritania y franjas de Argelia y Malí, que tampoco renunciaba al reclamo sobre Ceuta y Melilla, llamadas por ellos presidios ocupados.
La Marcha Verde y los Acuerdos de Madrid, firmados en noviembre de 1975 mientras Franco agonizaba, convirtieron parte de esa cartografía en territorio:
España se retiró del Sahara Occidental sin descolonizarlo, y medio siglo después el hecho consumado ha ganado respaldos internacionales que Rabat presenta como decisivos sin que lo sean, porque ni la ONU ni tribunal alguno han reconocido su soberanía.
Al otro lado, quedan catorce kilómetros de mar —uno de los pasos marítimos más estratégicos del planeta— y dos ciudades españolas cuya defensa no descansa en tanques, sino en una frontera legal y demográfica que puede moverse sin disparar un solo tiro.
Ésa es la lección, y no es únicamente española.
Las soberanías del siglo XXI rara vez se pierden por conquista, se pierden por desgaste, por vacío normativo, por incapacidad de sostener en el territorio propio la autoridad que el derecho promete imponer.
México, cuyas fronteras cruzan a diario desesperaciones ajenas y poderes que no son los del Estado, debería leerlo con la mayor atención y tomar nota puntualmente.
Y queda lo primero.
Los que nadaron no son un instrumento geopolítico; son personas, y bastantes murieron ahogadas a la vista de dos Estados.
La política obliga a sostener dos cosas a la vez, que ninguna nación está obligada a disolverse para ser bien vista, y que ninguna frontera se justifica, si deja de reconocer que quien la cruza tiene rostro e historia.
Defender el orden sin defender a la persona es administrar a la Mar Océano, defender a la persona sin defender la soberanía, es renunciar a la nación.
