Debajo de la línea de flotación
Documentos presuntamente obtenidos a través de la penetración de cuentas bancarias en paraísos fiscales han llenado de sospechas a varios miembros de la cúpula de poder de Morena, y en particular a personas muy allegadas o apoyadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La publicación de documentos en las redes sociales brincó rápidamente a los medios de comunicación a partir de acusaciones contra la candidata al gobierno de Veracruz, Rocío Nahle, de haber realizado varios depósitos en Bahamas por más de 91 millones de pesos.
Nahle desmintió las acusaciones, pero débilmente, y limitando su desmentido al campo político y no, donde al venir de un particular procedía, en tribunales, donde podría argumentar daño moral.
Las acusaciones contra Nahle, a través de documentos que son prácticamente imposibles de verificar, salvo por la propia titular de la cuenta, tomaron carta de identidad de manera instantánea pese a algunas inconsistencias en los presuntos estados de cuenta, que aunque incluyen instituciones financieras en Bahamas que sí existen, aparecían líneas en español y un correo donde solo se había testado el nombre del usuario, supuestamente de la cuenta institucional del FBI, y no de los órganos reguladores en Estados Unidos donde, en caso de investigaciones penales en curso, serían quienes tuvieran esa información.
La razón fundamental porque se le dio todo el crédito a los supuestos depósitos de Nahle y su esposo, José Luis Peña, se debe a las acciones irregulares y tráfico de influencias que ha tenido la pareja desde que la candidata fue secretaria de Energía, así como presuntos actos de corrupción en el sector petroquímico en Coatzacoalcos y en la construcción de la refinería Dos Bocas, a las que se sumaron las denuncias del empresario veracruzano Arturo Castagné sobre propiedades en México y Estados Unidos que, de acuerdo con funcionarios del gobierno, son ciertas.
Castagné y la diputada federal María Elena Pérez-Jaén presentaron 35 denuncias penales contra Nahle la semana pasada por irregularidades durante su gestión como secretaria de Energía, particularmente en la construcción de Dos Bocas, que suman un presunto quebranto de 533 millones de pesos. Los problemas de la candidata no solo están en México.
Existe una demanda de investigación en la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Comission) de Estados Unidos, que equivale al SAT, por corrupción y pagos ilegales a funcionarios mexicanos y extranjeros, que incumple con el Acta de Violaciones y Prácticas Extranjeras Corruptas, y por sus presuntas cuentas en Bahamas e Islas Vírgenes, al haber pasado el dinero por el sistema financiero de ese país.
Tener dinero en un paraíso fiscal no es delito
Aunque los países que ofrecen incentivos fiscales para sus depósitos fiscales sin riesgo de alteraciones políticas tienen mala fama porque suelen estar vinculados con personas y empresas que buscan evadir impuestos o esconder dinero mal habido.
