El lado oscuro de Chihuahua
El escándalo sobre la participación de cuatro agentes de la CIA en una operación contra el Cártel de Sinaloa en territorio mexicano para el desmantelamiento de un megalaboratorio para producir fentanilo, ha sido reducido por el gobierno federal a un tema doméstico y focalizado: Chihuahua.
La violación a la Ley de Seguridad Nacional que cometieron el gobierno estatal y la CIA ya no está a discusión, y se está reduciendo a los chivos expiatorios, como sucedió el lunes por la noche con el fiscal de Chihuahua, César Jáuregui.
Esta es la salida menos costosa, porque un juicio político para destituir a la gobernadora Maru Campos está fuera de todo escenario, al ser ayer virtualmente exonerada por el gobierno federal.
Una acción limitada, pero de fuerza para recordarle a la CIA lo que no puede hacer –como podría haber sido la expulsión de los agentes en la oficina de Operaciones que tienen en el consulado de Monterrey– es letra muerta.
La razón la aportó Palacio Nacional, donde fue caracterizado como un caso de “excepción”, eufemismo para justificar voltear hacia otro lado, cerrar los ojos y dejar que la opinión pública lo olvide.
Este problema en el que quedó atrapado el Estado mexicano.
Demasiado serio para ser omisos, como describió hace días la presidenta Claudia Sheinbaum, está siendo resuelto al estilo mexicano, de manera sibilina.
El caso del Chihuahuagate tiene combustible para unos días más, particularmente porque la gobernadora declinó la invitación de la mayoría de Morena en el Senado, para acudir ayer a dar explicaciones sobre este episodio que desnudó a todos.
- Probablemente la próxima semana ya estemos en un nuevo escándalo, y en una discusión más fresca.
Pero hay algo que no es político que no debe pasar desapercibido: el papel del Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, en todo este episodio.
El CNI no es ajeno al trabajo de la CIA en México.
Como en todos los países, el servicio de inteligencia doméstico mantiene relación y enlaces con la compañía, como se le conoce coloquialmente.
Normalmente la conversación es entre los titulares, aunque en ocasiones han sido las cabezas de la Secretaría de Gobernación –como Fernando Gutiérrez Barrios–, quien llevaba la relación, o los secretarios de Seguridad –como en los casos de Genaro García Luna y Omar García Harfuch–.
No se sabe si además de García Harfuch, el actual titular del CNI, Francisco Almazán Barocio, tiene una relación fluida con la jefa de la Estación de la CIA en México.
De cualquier forma, en el Chihuahuagate el CNI mostró limitaciones y deficiencias.
No tenía conocimiento de las operaciones con el gobierno de Chihuahua, como admitió la presidenta Sheinbaum al señalar que el gobierno federal nunca fue enterado de ellas, o sí sabía, y no informó a Palacio Nacional.
Almazán Barocio, que es uno de los funcionarios que diariamente participan en la reunión del gabinete de seguridad con la presidenta, antes de iniciar la mañanera, no alertó de estas acciones, de acuerdo con lo que ha trascendido.
Por su papel, como servicio de inteligencia y contrainteligencia, debía haber estado enterado de lo que sucede en el submundo de la política realista, porque de ello depende la seguridad nacional del país, sin embargo, falló.
De manera inopinada, quizás descuidada, el gabinete de seguridad reconoció la existencia de una operación con cuando menos un agente encubierto en Chihuahua.
En un comunicado que publicó el sábado, dijo que uno de los agentes de la CIA que murieron en el accidente en la Sierra Tarahumara hace dos domingos, que fue lo que destapó el escándalo, estaba registrado como diplomático.
Lo que significa que tenía la cobertura del Departamento de Estado, que es la que tienen la mayoría de sus agentes en el mundo, que trabajan en otro país con conocimiento del gobierno local.
Pero el otro agente que murió ingresó a México como turista, lo que significa que entró de manera clandestina a realizar una operación en específico.
El CNI debió haber detectado la entrada de ese agente, es difícil para un servicio de contrainteligencia detectar agentes que ingresen clandestinamente a su país, pero por la información a la que se ha tenido acceso, no era la primera operación que realizaba en Chihuahua.
De ser este el caso, la falla es mayor, porque habría tenido meses operando clandestinamente sin que les hubiera llamado la atención.
