Comentócratas y bots
El pasado 12 de agosto, desde Palacio Nacional, la Consejería Jurídica de la Presidencia presentó en su espacio "Derecho de Réplica" lo que llamó un ecosistema de amplificación digital.
Esto significa un rastreo desde el 1 de enero al 8 de agosto de 2026 en redes sociales, construido a partir de 98 “cuentas semilla” ordenadas en cuatro capas.
- La primera, 54 cuentas de medios y "comentócratas" a las que se les atribuyen 282,866 publicaciones y, la función de originar el mensaje.
- La segunda, 32 cuentas de figuras políticas que lo retoman y lo politizan.
- La tercera, 34 cuentas anónimas de ataque y cuarta, un anillo de más de 560,000 bots que amplifican.
Listado que fue exhibido claramente en pantalla nacional, con nombre y apellidos conteníendo nombres como:
Carlos Loret de Mola, Joaquín López Dóriga, Paola Rojas, Héctor de Mauleón, Adela Micha y otra serie de medios de comunicación y organizaciones civiles, entre muchos más.
Después vino la aclaración:
no es una lista negra, es un análisis sobre amplificación artificial de tendencias.
Y el viernes 14, el respaldo presidencial:
no hay listas, sólo se explicó cómo operan las redes sociales.
El problema es que ese argumento ya fue refutado hace tiempo, por la misma voz que hoy lo sostiene.
El 23 de octubre de 2021, frente al llamado de Claudio X. González, sobre tomar nota de quienes habían alentado a la Cuarta Transformación, la entonces jefa de Gobierno de la CDMX respondió con una frase que estos días se volvió exponencial:
"¿Quién hace listas? El macartismo, el nazismo".
Y añadió una distinción todavía más precisa, explicando que una cosa es abrir el debate público, y otra hacer listas con amenazas implícitas, característica —dijo— del fascismo.
La distinción es suya.
Y es exactamente la que hoy se le pide ejecutar.
No se trata de una sencilla simetría retórica; la experiencia comparada es inequívoca sobre lo que germina de estas semillas.
En Estados Unidos, la Orden Ejecutiva 9835, firmada por Truman el 21 de marzo de 1947, facultó al Procurador General para designar a organizaciones "totalitarias, fascistas, comunistas o subversivas" sin audiencia previa ni recurso alguno.
Nadie fue encarcelado por esa lista, pero bastaba figurar en ella para quedar inhabilitado socialmente. La Corte Suprema tardó cuatro años en abrir la puerta al litigio —Joint Anti-Fascist Refugee Committee v. McGrath, 1951— donde el juez Burton calificó el procedimiento de patentemente arbitrario, y de discreción administrativa desbocada.
Veinte años después, el memorándum de John Dean del 16 de agosto de 1971, explicaba sin eufemismos el propósito de la enemies list de Nixon, usar la maquinaria federal disponible contra los adversarios políticos.
Que se conoció en junio de 1973, y contribuyó a derribar su presidencia en el Comité Watergate del Senado.
En Europa el precedente es apenas de esta década.
Hungría creó en diciembre de 2023 una Oficina de Protección de la Soberanía, facultada para identificar y señalar a personas y organizaciones presuntamente al servicio de intereses extranjeros.
La Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción y llevó el caso al Tribunal de Justicia; y la opinión del 12 de febrero de 2026, de la abogada general Juliane Kokott, centró el reproche precisamente en el efecto disuasorio de la exhibición pública de medios, periodistas y/o sociedad civil.
El 30 de junio de 2026 el Parlamento húngaro suprimió la oficina.
Mientras tanto, desde el 8 de agosto de 2025 rige en toda la Unión el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios, que obliga a los Estados a respetar la independencia editorial y a proteger a periodistas y fuentes.
Ninguno de esos episodios necesitó cárceles ni multas para hacer daño.
El daño es anterior y más barato; consiste en que el Estado clasifique a sus ciudadanos por lo que opinan y publique el resultado.
En México, donde solo entre enero y julio de 2026, se documentaron al menos 7 periodistas y comunicadores asesinados en posible relación con su labor, la marca en la puerta no es una metáfora literaria.
Documentar la desinformación es relevante y legítimo, ninguna democracia está obligada a ignorar la manipulación coordinada.
Sin embargo, esta se documenta con metodología académica, pública, auditable y verificable, no con una pantalla de nombres proyectada desde el poder y calzada por el escudo nacional.
La acción política debe partir siempre de una premisa que no admite capas:
La dignidad de la persona humana, es anterior al Estado y no depende del renglón en que la autoridad decida colocarla.
