Una ranura para la Paz

Juan Pablo Saavedra DETONA® Desde hace aproximadamente dos años, en algunas parroquias de la Ciudad de México hay una alcancía que no está para recibir monedas. 

 

Por Juan Pablo Saavedra
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Buzón de Paz
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En ella se reciben únicamente papeles. 

Un nombre, un apodo, una pablara de aliento y consuelo o, la ubicación de un lugar donde alguien vio algo pero que no se atreve a declararlo. 

El 28 de agosto la Arquidiócesis Primada de México publicó el instructivo para que más templos instalen esos buzones de paz, y el Episcopado pidió a las diócesis del país sumarse el pasado domingo 30, un día simbólico que la ONU ha declarado como Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. 

El secretario general del Episcopado, Mons. Héctor Mario Pérez, lo dijo sin adorno: 

«Mientras haya desaparecidos en México, la paz no será posible».

Pero es importante detenerse en lo que esa pequeña ranura significa. 

Cada nota que entra ahí tendría que entrar por la puerta de una fiscalía. 

Pero no entra. 

Entra en una caja de madera custodiada por un párroco, y entra porque el anonimato es el único incentivo que queda a quien sabe algo, pero teme más al Estado y confía más en una humilde sacristía. 

Ese temor, y no la cifra, es el diagnóstico de la enfermedad.

Sin embargo, las cifras también hablan. 

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas contaba 135,048 personas al 16 de junio de este año.

Un mes antes eran 134,257. 

Según los propios datos de la Secretaría de Gobernación con corte al 29 de agosto, la Red por los Derechos de la Infancia en México ubica, al menos, 17,487 niñas, niños y adolescentes que siguen sin aparecer, esa es la cifra de pérdida en el futuro de una Nación. 

Diez entidades concentran más de dos terceras partes de los registros. 

Y para buscarlos, la Comisión Nacional de Búsqueda dispone este año de alrededor de 1,214 millones de pesos, más un subsidio de 889 millones para las comisiones locales, que suman unos 2,103 millones en total. 

Dividido entre las personas registradas, el Estado mexicano destina poco más de 1,200 pesos mensuales por cada desaparecido, considerablemente menos que cualquier beca social vigente.

Aun así, el gobierno federal sostuvo frente al Comité de Naciones Unidas que el registro agrupa desapariciones de naturaleza distinta y que no basta por sí solo para afirmar que existe una práctica generalizada de desaparición forzada en nuestro país. 

La nota al calce de la Cancillería es jurídicamente correcta, pero políticamente reveladora, el Estado invierte más argumento en administrar el registro, que en ocuparse de vaciarlo. 

Registra, tipifica, comparece y litiga la estadística. 

Pero no encuentra. 

Quiénes encuentran son las madres re victimizadas, varilla en mano y con una pala en la otra. 

Y frente a ese dolor profundo, a partir de septiembre, las sacristías les acercan otra rustica pala de madera con una ranura, pero esta, al menos, sí las abraza.

Es aquí donde el lenguaje de la solidaridad se queda corto. 

Lo que hace la Iglesia no es un gesto de generosidad ciudadana, es subsidiariedad en su forma más incómoda. 

El principio nunca autorizó al Estado a delegar hacia abajo lo que le corresponde, pero sí obliga a la comunidad menor a asumir la tarea cuando la mayor falla, y obliga también a denominar esa falla. 

Un buzón parroquial no es una política pública alterna. 

Es la prueba material de que la política pública correcta no llegó nunca.

Y no es sencillo. 

Instalar una ranura anónima en un templo dentro de una región bajo control criminal expone la vida del párroco y de quién la abre, e igualmente a su comunidad toda que la sostiene. 

México figura desde hace años entre los países más peligrosos del mundo, incluso sobre países como Siria con conflictos armados abiertos. 

Quienes están colocando esas cajas saben lo que arriesgan, pero igual las colocan.

La comunidad política no existe apenas para vivir, sino para vivir bien, como dijese Aristóteles. 

Pero cuando las instituciones se vacían por dentro, las virtudes sobreviven en comunidades pequeñas que todavía saben para qué existen, sea frente a Nerón, o frente a esta humilde alcancía. 

Y eso es exactamente lo que está pasando en México. 

Una parroquia con una pequeña caja está haciendo, con hilo y anonimato, lo que una República entera no ha querido hacer.

Hoy se rinde y entrega un informe a la Nación. 

Conviene también medirlo por aquello que no se diga.

Juan Pablo Saavedra
Licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia de México, institución donde cursó también estudios en Filosofía, Teología y Derecho Canónico. Cursó la Maestría en Periodismo Político en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Cuenta con diplomados y certificaciones del INE México, el Poder Judicial Federal, la Escuela de Liderazgo Político de la Konrad Adenauer Stiftung (CDU, Alemania) en Economía Social de Mercado, y en Gobernanza Democrática, por la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana (UP), también por el Centro de Análisis y Entrenamiento Político de Colombia (CESOP) en Manejo de Crisis. Actualmente se desempeña como Coordinador del Área Social, Medio Ambiente y Energía de la Fundación Rafael Preciado Hernández, A.C., donde ha publicado múltiples análisis de política pública.