El pacto de Brooklyn
El juicio a Genaro García Luna, el poderoso secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, deberá concluir, cuando más, tres semanas después de las elecciones presidenciales en México.
Si no se acelera el proceso, a finales de junio será condenado por el juez Brian Cogan, o anulará el juicio y repondrá el proceso, como pretende la defensa del mexicano.
Este no es el desenlace que tenía en mente el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando le pidió al gobierno de Donald Trump su detención, que esperaba haber tenido una condena mucho tiempo antes.
La estrategia alteró su calendario por lo lento y las circunstancias del proceso legal, y detalles de lo que hicieron ambos gobiernos en secreto comienzan a trascender.
La historia comenzó la mañana del 19 de diciembre en Dallas, cuando fue detenido García Luna, en el pequeño departamento que rentaba de manera temporal mientras trabajaba un programa de seguridad para un condado.
Los alguaciles lo llevaron al Centro de Detención Metropolitano de Dallas, y tras ingresar lo llevaron a un salón donde había siete funcionarios del Departamento de Justicia, la DEA, el FBI y la CIA.
Sin un abogado presente, sin grabación de lo ahí platicado y sin minutas para registrar lo dicho, el representante de la Fiscalía del Distrito Este de Brooklyn le dijo que su captura había sido “a petición del Presidente de México”.
¿El motivo? Imputar a varias personalidades mexicanas de la política, el sector privado y los medios de comunicación.
El abogado de la Fiscalía mencionó por nombre a los expresidentes Carlos Salinas, Vicente Fox y Felipe Calderón, y sin identificar ni precisar, al “señor de la telefonía”, al “de la televisora”, a “los de Televisa” y “al empresario de medios que tiene hospitales”.
Era una lista larga donde estaban incluidos todos los procuradores y procuradoras desde el gobierno de Salinas al de Enrique Peña Nieto, así como todos los secretarios de Hacienda y algunos de Gobernación.
