¡Respeten los tiempos electorales!
La historia se repite, y con ella, la misma impunidad.
- Recientemente, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión avaló 30 licencias (27 de Morena y 3 del PVEM).
La razón formal es que los estatutos de Morena exigen a sus militantes separarse del cargo durante el proceso de elección interna para poder competir por una candidatura a cargo de elección popular.
Pero en realidad, ese no es el problema central, ya que la separación estatutaria es, en el mejor de los casos, una ironía que disfraza lo que en los hechos ya está ocurriendo, el inicio anticipado de campañas que no deberían haberse activado todavía.
Para los partidos políticos se ha vuelto cada vez más frecuente la práctica de no respetar los tiempos electorales, anticipando las campañas y disfrazándolas bajo figuras que no están contempladas en la ley, o aprovechando los vacíos que ésta deja.
En los recientes días, el consejero del INE, Arturo Castillo, dio a conocer que el instituto ha recibido más de 180 denuncias por actos anticipados de campaña, distribuidas en 17 estados del país.
Ciento ochenta denuncias no son una anomalía aislada, son el síntoma de una gran falla que el sistema tiene y que los partidos políticos han empezado a aprovechar.
Y es que el precedente más reciente ocurrió en el proceso electoral 2023-2024.
Cuando los entonces aspirantes presidenciales de Morena las famosas “Corcholatas”, iniciaron sus recorridos por el país para elegir a su "Coordinador de Defensa de la Cuarta Transformación", la discusión sobre la legalidad de esos actos fue intensa y controversial.
De la misma forma se interpusieron denuncias formalmente ante el INE señalando que estos recorridos proselitistas constituían actos anticipados de precampaña.
Pues la legislación entonces vigente establecía que las precampañas no podían iniciar antes de la tercera semana de noviembre de 2023 y las "Corcholatas" arrancaron sus actividades en junio de ese año, con meses de anticipación.
Lo que vino después fue aún más significativo que la infracción misma, la autoridad electoral no fincó responsabilidades, ya que el INE y el Tribunal Electoral razonaron que, dado que el proceso electoral formal aún no había iniciado, no existía una "proximidad" suficiente que pusiera en riesgo la contienda.
En otras palabras, las instituciones electorales optaron por una interpretación restrictiva de la ley que, en los hechos, dejó sin consecuencias los actos de campaña disfrazados de eventos partidistas.
Hoy, en 2026, el escenario se reproduce con notable similitud.
Las licencias en el Congreso, los recorridos por estados, los actos disfrazados de actividad gubernamental o partidista, y las más de 180 quejas acumuladas en el INE dibujan un panorama en el que Morena sigue apostando a que la autoridad electoral no tenga ni la voluntad ni los instrumentos legales para detenerlos.
La pregunta que queda pendiente no es:
- ¿Si los partidos van a respetar los tiempos electorales por convicción propia?, sino
- ¿Si el INE y el Tribunal Electoral tendrán esta vez la firmeza institucional para actuar con eficacia?
Ya que, en el contexto actual, estas dos instituciones (que ya han sido cooptadas por el morenismo) se están jugando la confianza ciudadana que aún tienen.
