Hunde resolución judicial, política y económicamente a Karina Barrón, aunque salga libre
Esto, al recibir el veredicto de un juez federal que le impuso una pena consistente en pagar 3.2 millones de pesos por reparación de daños.
Además de su inhabilitación para ocupar cargos de elección popular por 5 años y la obligación de ofrecer disculpas públicas a su denunciante, el senador Waldo Fernández González.
Por si fuera poco, tendrá que alejarse por completo de chats y redes, además, hacer una campaña de concientización y trabajo social de 30 horas, con todo esto, de un momento a otro recuperará su libertad.
Este jueves 26 de marzo del 2026 será un día nefasto para Karina Barron Perales.
Un juez federal le dio el golpe de realidad que merecía, al dejarla fuera de la política rumbo al 2027 y tener que pagarle 3.2 millones de pesos a su denunciante y ofendido, con quien tendrá que llegar a un acuerdo para salir libre después de permanecer en prisión durante más de un mes.
Luego de una audiencia de aproximación que inicio a las 10:38 y concluyó a las 11:15 de la mañana...
...el juzgador decidió dar trámite a la suspensión del proceso legal interpuesto por el legislador contra Barrón Perales y sus cómplices, Deborah Velazco y el abogado Gustavo García bajo diversas condiciones que tendrán que cumplirse en los próximos 18 meses
Además del pago por la reparación de daños y la inhabilitación de sus derechos políticos, los acusados por extorsión y falsedad en declaraciones tendrán que ofrecer disculpas públicas al senador, compartir una campaña de cinco spots en redes sociales para concientizar el hecho de que no se hagan denuncias falsas.
- Los indiciados están impedidos de hacer contacto con Waldo y no podrán ventilar el caso en sus redes sociales ni en medios de comunicación.
- Los pagos por la reparación de daños serán a razón de 173 mil pesos mensuales, que iniciarán a partir del próximo 30 de este marzo.
- También deberán realizar servicio social en instituciones públicas o de beneficencia.
- Se fijó el 13 de octubre de 2027 como fecha para una próxima audiencia en la que se revisará el cumplimiento del acuerdo o de lo contrario se reiniciará el proceso penal.
