El fracaso de la asonada política
La nueva licencia solicitada por el gobernador Rubén Rocha Moya no cierra el cisma político en Morena.
Este es el comienzo, porque por más que desee Claudia Sheinbaum mantener el consenso dentro de la ‘4T’, es imposible conciliarlo con la consolidación de su Presidencia.
Rocha Moya intentó una asonada política respaldada por el ala dura de la ‘4T’ en defensa de los intereses personales del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que rompió el pacto que tenía con la presidenta para actuar con prudencia frente a Estados Unidos.
Son los momentos más críticos de la presidenta en su joven sexenio, pero al mismo tiempo, los que lo definirán.
La presidenta, respaldada por Morena, debe actuar ejemplarmente en contra de Rocha Moya, para elevar los costos a todos aquellos que, como el gobernador, se presten a ser instrumentos de López Obrador que por su preocupación y miedo por lo que Estados Unidos haga con él y con su hijo Andrés, quiere controlar el poder.
Sheinbaum tiene el camino de la ley: un juicio de procedencia contra Rocha Moya para que sea investigado por el asesinato de Héctor Melesio Cuén, durante la reunión con Ismael El Mayo Zambada, exjefe del Cártel de Sinaloa, para resolver un diferendo entre ellos.
Y posteriormente, extraditarlo a Estados Unidos, donde lo buscan por delitos cometidos en ese país.
El grave episodio de la rebelión de Rocha Moya no puede verse fuera del contexto de la carta de Andrés López Beltrán al presidente Donald Trump, quejándose de la cancelación de su visa.
- La carta provocó el apoyo al hijo de López Obrador, que en realidad era para él.
- El anuncio de Rocha Moya de que regresaría a la gubernatura no causó el mismo efecto.
La prensa, de forma unánime, salió en defensa de la institucionalidad, privadamente, los secretarios de la Defensa y la Marina expresaron a la presidenta su respaldo incondicional.
Morena emitió un comunicado criticando a Rocha Moya y los gobernadores del partido en el poder le pidieron madurez y congruencia.
Menos de 24 horas después, reculó y pidió una nueva licencia.
Pero el caso no está cerrado.
La presidenta, con apoyos esperados e inesperados, frenó la asonada, pero no están neutralizados sus enemigos, que no están afuera, sino adentro de la ‘4T’.
Se vio desde la carta de Andy López Beltrán, de la que se enteró por las redes sociales y los medios, pese a que algunos de sus colaboradores estaban enterados y no le avisaron, o de otros, como su coordinador de asesores, Jesús Ramírez Cuevas, a quien acusaron en Palacio Nacional de apoyar al hijo del expresidente y organizar el respaldo del aparato de Morena.
Junto con los gobernadores de Baja California, Marina del Pilar Ávila, Sonora, Alfonso Durazo, y Tamaulipas, Américo Villarreal –bajo investigación en Estados Unidos por presuntos vínculos criminales–, Ramírez Cuevas promovió la carta de gobernadores y diputados de apoyo a López Beltrán, según información que trascendió.
El secretario de Educación, Mario Delgado –otro de los investigados–, quería que en el gabinete y los comités distritales de Morena hicieran lo mismo, pero lo frenó el jefe de Oficina de la Presidencia, Lázaro Cárdenas.
La rebelión estaba en marcha.
La presidenta tuvo un encuentro ríspido con su consejera jurídica, Luisa María Alcalde, por su contraproducente manejo sobre la ley de audiencias y las listas de periodistas, políticos e influencers, por lo que se abrió la puerta para que saltara a una candidatura en una alcaldía.
Alcalde, reveló un funcionario, la rechazó y empezó a sabotear reuniones de trabajo.
La insolencia e irrespeto a la institucionalidad fue coronada, en esta primera fase, por Rocha Moya, cuyo anuncio del regreso al poder fue celebrado por voceros del ala dura de la ‘4T’.
El senador Gerardo Fernández Noroña dijo que Rocha Moya, así como el senador Enrique Inzunza, otros de los imputados en Estados Unidos, estaban tratando de “reivindicar su trayectoria” que los medios habían “hecho pedazos”, señalando que no había ninguna prueba en su contra.
Y mantuvo su posición aún después del rechazo de la presidenta y de Morena, a diferencia de uno de los principales voceros del movimiento, Antonio Attolini, que primero defendió la decisión y después se alineó con la línea marcada por la presidenta.
Otros voceros al servicio de Ramírez Cuevas intentaron desvincular la acción del gobernador de López Obrador.
