Adán y Marina, bajo la lupa de EU
Dos figuras estelares del régimen tienen serios problemas en su horizonte:
El senador Adán Augusto López Hernández y la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, ambos tienen investigaciones abiertas en Estados Unidos y han ido perdiendo apoyo en Palacio Nacional, aunque públicamente se diga lo contrario.
Aunque cuentan con el respaldo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, nuevas pistas que presuntamente los vinculan con el crimen organizado se están agregando a sus expedientes.
Los nuevos señalamientos directos de Washington contra López Hernández se encuentran en el antecoro de su renuncia a la coordinación de Morena en el Senado.
Es cierto lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum, que no le pidió que lo hiciera, porque sabía que una iniciativa de ella en ese sentido sería rechazada en Palenque.
El senador se fue de la coordinación, pero mantiene la protección del fuero.
El caso de Ávila es todavía más serio, porque su nombre ha sido puesto sobre la mesa en las reuniones de los enlaces de los gobiernos de México y Estados Unidos en el tema de la seguridad, donde se ha estado hablando de su licencia a la gubernatura.
El mensaje le fue transmitido hace 10 días por el secretario de Educación, Mario Delgado, quien, como presidente de Morena, tuvo una activa participación para que fuera electa.
Esa reunión fue pública, pero no generó mayor interés, los detalles de lo que le dijo se mantienen herméticos, lo que ella pueda haber alegado o planteado como solución también se desconoce.
La gobernadora es una de las poco más de 100 funcionarios y políticos a quienes el Departamento de Estado les ha cancelado la visa.
Lo cual es el componente político de las decenas de miles que han sido suspendidas y que no se encuentran en la política o cuyas relaciones son exclusivamente criminales. No se sabe si le han suspendido la visa al senador López Hernández.
Los bienes en Estados Unidos del senador, su esposa, sus familiares y sus socios, de acuerdo con información en el gobierno, están bajo investigación en Estados Unidos, donde exploran la posibilidad de congelar sus activos en ese país, que sería el primer paso para determinar si se les abre un proceso judicial en el Departamento de Justicia.
De sus socios, uno llamó la atención al ser mencionado por nombre por los estadounidenses que sirven de enlaces con el gobierno de Sheinbaum: Luis Montaño García, un empresario del Estado de México que aspira a la alcaldía de Atizapán por el Partido Verde, que es socio de una financiera a través de la cual vende y renta vehículos especializados al IMSS, ISSSTE y CFE, así como arrienda patrullas a varios gobiernos estatales.
No está claro por qué es una persona de interés para Estados Unidos, pero dado su involucramiento en la pacificación frustrada en Michoacán.
Un hilo conductor pueden ser los contratos millonarios que ha obtenido del gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla para equipar a las policías locales, que, de acuerdo con funcionarios mexicanos y estadounidenses, trabajan en una buena parte para el crimen organizado.
El desplazamiento de López Hernández de la coordinación en el Senado es lo más que pudo hacer la presidenta Sheinbaum para no tensar más su relación con el ala dura del obradorismo, que, a través de sus propagandistas en los medios, ha venido exigiendo una mayor dureza con el gobierno estadounidense, al mismo tiempo que señala que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, es complaciente con Washington.
El senador quedó blindado con el fuero, que también tiene la gobernadora Ávila, quien ha estado involucrada en asuntos del crimen organizado –que ella niega– desde que le cancelaron la visa estadounidense en mayo pasado.
Ávila era una de las gobernadoras preferidas del régimen, pero esto ha cambiado ante las denuncias de corrupción de Carlos Torres, de quien se divorció en octubre, que dio origen a una investigación en la Fiscalía General de la República.
Torres, a quien también le suspendieron la visa, publicó la semana pasada un video en las redes sociales donde negó ser criminal y aseguró que la denuncia anónima que dio pie a la investigación está relacionada con la elección para la gubernatura de Baja California el próximo año.
La gobernadora y su exesposo, de acuerdo con información de inteligencia mexicana, estuvieron involucrados en un conflicto en Baja California hace más de tres años, por el reacomodo de cárteles en la plaza de Tijuana, y una investigación realizada en México con el apoyo de la DEA la señaló como una de las siete candidatas a gobernadora en 2021, cuya campaña recibió dinero de Sergio Carmona, El Rey del Huachicol.
