2ª llamada, presidenta: cuidado con el PT
La confrontación del Partido del Trabajo con la presidenta Claudia Sheinbaum es más profunda de lo que se vio el miércoles.
Cuando su bancada en la Cámara de Diputados votó en contra de su reforma electoral.
Ese mismo día, Benjamín Robles, miembro de la Coordinación Nacional del PT, declaró a La Jornada que Morena los ha tratado como “perros de rancho”, al imponer sus decisiones sobre quiénes compiten en los procesos electorales del próximo año.
Robles afirmó que el PT, de las 27 candidaturas que se pondrán en juego, son competitivos en Baja California, Baja California Sur, Tlaxcala y Zacatecas.
Zacatecas resalta porque uno de sus militantes de mayor rango, José Narro Céspedes, que quiere ser gobernador de su estado, es la figura central en una de las investigaciones más importantes que tiene el gobierno de Estados Unidos sobre la narcopolítica en México, por sus presuntos vínculos con los Cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
En México está protegido por la impunidad que se le construyó durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por la desaparición en 2022 de dos marinos que formaban parte de su escolta.
Pero la atención en estos momentos debe estar más arriba y más al norte, en Baja California Sur. Específicamente en Los Cabos, donde el presidente municipal es Christian Agúndez, hijo del exgobernador, Narciso Agúndez, es la apuesta del PT para la gubernatura, y una de las razones de las presiones para que, a cambio de votos y apoyos, Morena le entregue la candidatura.
Sería un terrible error.
Agúndez es la cabeza visible de una operación criminal que tiene dos caras:
Abrirle completamente la puerta a la facción de Los Chapitos dentro del Cártel de Sinaloa, que quiere ampliar su santuario en Baja California Sur desde Los Cabos que hoy controlan.
Y ser la cabeza de playa del PT para el espionaje a políticos de Morena, que ya se empezó a hacer contra el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío.
El espionaje del PT, que se puede llamar así porque varios de sus líderes están involucrados, se está reforzando.
La semana pasada, en una visita a la Cámara de Diputados, Agúndez se reunió con uno de sus líderes camarales, que le recomendó reunirse con un empresario que tiene la doble nacionalidad mexicana y estadounidense, para adquirir un programa de espionaje israelí para intervenir las comunicaciones.
Este equipo de inteligencia es una tecnología que no puede ser adquirida por un gobierno estatal y menos aún municipal, y sus licencias de exportación tienen que ser sujetas a la aprobación de los departamentos de Estado y Guerra de Estados Unidos, y del Ministerio de Defensa de Israel.
La reunión que sostuvieron el viernes pasado en Los Cabos prendió las alertas en los servicios de inteligencia porque el empresario fue sujeto a proceso como parte de una conspiración para realizar contribuciones ilegales a dos candidatos para alcalde en San Diego.
Y le abrieron otra investigación en Estados Unidos y en Israel porque detectaron que adquirió en Chipre el equipo de inteligencia, con el propósito de evitar las autorizaciones militares y diplomáticas de esos dos países.
El empresario fue identificado por las fuentes únicamente por sus nombres código:
“Hester”, para los estadounidenses, y “Susu” para los israelíes.
El encuentro con Agúndez no fue el primero con un político del PT, que de acuerdo con las fuentes, ya ha vendido el sistema de intervención a otros políticos.
Tampoco fue el único semáforo rojo que les llamó la atención.
El empresario llegó a la cita con Agúndez acompañado por Carlos Beltrán, el oficial mayor de Los Cabos, a quien investigaciones en Estados Unidos señalan como piloto de Los Chapitos hace unos seis años, aunque no trasladaba drogas sino personas, y es parte estructural del crimen organizado, una imputación que públicamente solo ha surgido en mantas, que han sido ignoradas por las autoridades locales.
La investigación en Estados Unidos apunta abiertamente al PT como el vaso comunicante con el crimen organizado, por lo que, de acuerdo con un funcionario, sus posiciones como parte de la negociación sobre la reforma electoral solo escalarían el conflicto con la administración Trump.
Entre las imputaciones que contiene la investigación está la estructura criminal-política que han venido construyendo en Michoacán y Sinaloa, e incorpora fotografías de credenciales firmadas por Narro Céspedes y Gerardo Fernández Noroña, cuando aún no brincaba a Morena, para acreditar a personas relacionadas con Los Chapitos como asesores de la bancada en el Senado.
