La batalla importante
Algo muy extraño sucedió.
El Tribunal Electoral reaccionó negativamente al emplazamiento de un juez administrativo para que designe dos magistrados para que se encuentre a plenitud en el número de miembros que debe tener, después de más de ocho meses que el Senado, que debía haberlos designado, saboteó al órgano violando la Constitución.
Simultáneamente, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, elogió al Tribunal Electoral por lo que hizo y pidió juicio político contra el juez Rodrigo de la Peza, para castigarlo.
Muy extraño.
Cuatro de los cinco magistrados –la magistrada Janine Otálora fue la voz disidente– quieren aniquilar jurídicamente a quien, ante la sistemática omisión del Senado, les proporcionó la justificación legal para restablecer el pleno en la Sala Superior que, en este momento, entre otras cosas, está invalidado para calificar la elección presidencial y darle la constancia de mayoría a Claudia Sheinbaum, porque para hacerlo tiene que sesionar con al menos seis de sus integrantes.
El tribunal afirmó que desacatará la orden del juez por considerar su emplazamiento “injustificado y excesivo”, y adelantó que lo denunciará penalmente, saltándose el procedimiento que sería presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura, que es quien da vista a la fiscalía para que eventualmente lo persiga.
Su posición fue contundente y fue respaldada por el presidente López Obrador y Sheinbaum, con el mensaje de inhibición y terror –la marca de la casa– al que se ajustó el tribunal.
De la Peza explicó en una entrevista con Joaquín López-Dóriga, en Radio Fórmula, que nunca pretendió invadir las facultades del tribunal, sino coadyuvar para que se asumiera como máxima autoridad para nombrar a los magistrados faltantes.
No se metió en temas electorales, que es una crítica que se le hizo, sino que tomó la medida al resolver un amparo “ante la situación de incertidumbre en la protección de derechos humanos”.
El choque entre dos derechos –electoral y derechos humanos– obligaría a una discusión jurídica saludable, pero cuatro magistrados no perdieron el tiempo: antes que debatir sobre las interpretaciones a la ley, que lo persigan los fiscales y, si se puede, que lo metan a la cárcel.
