Al carecer del apoyo necesario para recabar las pruebas y por su pobreza al ser de un grupo vulnerable, y al carecer de los medios técnicos, para controvertir la acusación en su contra, y violentando su derecho de defensa adecuada, las autoridades responsables fueron omisas en pronunciarse en el sentido de que, durante todo el proceso, se careció de elementos y apoyos técnicos que le permitieran al ahora quejoso demostrar su inocencia hasta con los mismos elementos que obraban en el mismo expediente y que los abogados defensores de oficio tuvieron miedo hacerlos valer por las presiones que fueron sometidos e inclusive amenazas.
La carta de Mario Aburto
Miércoles, 12 de abril de 2023, 03:27 PM
Mario Aburto al centro. Foto Archivo DETONA.
Cuando arrancaba el nuevo gobierno, el fiscal general Alejandro Gertz Manero, le presentó al presidente López Obrador varios casos que proponían reabrieran para ajustar cuentas con el viejo régimen, incluida una nueva investigación sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio, el 23 de marzo de 1994 en Tijuana.
López Obrador lo ignoró hasta diciembre pasado, cuando le dio luz verde para proceder, apoyándose en la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de octubre de 2021, donde aseguró que el asesino confeso, Mario Aburto, fue torturado durante su detención y los años posteriores a su sentencia.
La CNDH publicó los resultados de su informe, elaborado a partir de una carta que le envió Aburto alrededor de 27 años después del asesinato.
La carta incorpora por primera vez los nombres del expresidente Carlos Salinas y del exgobernador de Sonora Manlio Fabio Beltrones, y modifica la primera declaración que hizo en Tijuana, que él sólo quería “herir al candidato” para llamar la atención de la prensa, exponer sus ideas pacifistas y aportar información sobre grupos armados.
No se declaró inocente, ni mencionó a Salinas o a Beltrones, y se refirió a los golpes que recibió cuando lo detuvieron, como “tortura”.
Gertz Manero reabrió el caso Colosio en julio del año pasado y comisionó a alrededor de 50 funcionarios y agentes ministeriales.
En febrero citó a declarar a sus primeros testigos, entre ellos los abogados de oficio de Aburto, Xavier Alfonso Carvajal Machado y Marco Antonio Macklis Mercado, quienes dijeron a la prensa que era extraño que se reabriera un caso que consideraban cerrado.
Macklis Mercado recordó que Aburto fue detenido en flagrancia y que las lesiones que presentaba esa noche no fueron causadas en los interrogatorios. “Ni se le presionó, ni se le gritó absolutamente nada”, añadió.
La CNDH señaló en su informe que Aburto dijo varias veces durante los primeros interrogatorios que no era responsable de los hechos, lo que contradice a su declaración primigenia, y que estaba siendo torturado y presionado para inculparse.
Aburto, que fue sentenciado a 45 años por homicidio calificado, agregó en su carta que recibió amenazas “si no se hacía pasar por el verdadero culpable”, y fue torturado “por agentes de la P.G.R. en las que participó el entonces gobernador de Sonora, Manlio Favio Beltrones por ordenes según él –supuestamente del Presidente Carlos Salinas de Gortari, según después lo confesaría dicho gobernador de Sonora a una Radio Difusora Mexicana del Programa del locutor y periodista (….) Martínez de los Monteros”.