La gobernanza multinivel: una respuesta a los problemas públicos
La creciente complejidad de los problemas públicos en México nos ha obligado a los gobiernos a repensar nuestras estrategias en la toma de decisiones, promoviendo esquemas de gobernanza que fortalezcan la relación entre el Estado y la sociedad a través de la colaboración mutua y el marco legal vigente.
Los desafíos actuales que enfrentamos en las administraciones públicas integran múltiples variables y tienen efectos de amplio alcance.
Como señala la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), se requiere que “un conjunto de actores independientes trabaje de manera colaborativa, complementando su competencia, coordinando sus esfuerzos y sumando sus recursos”.
Esta nueva realidad ha transformado también la estructura interna del Estado mexicano, donde se han configurado redes de acción conjunta conocidas como gobernanza multinivel.
Este modelo permite que los diferentes órdenes de gobierno —federal, estatal y municipal— participemos de manera coordinada en tareas específicas orientadas hacia objetivos compartidos.
Un ejemplo destacado de este nuevo enfoque es el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que funciona como instrumento para la distribución de recursos entre los tres órdenes de gobierno en el federalismo mexicano.
Esta herramienta ilustra la característica principal de la gobernanza multinivel, también especialmente relevante en países con organización político-administrativa federal.
El argumento principal de este modelo está asociado con la distinción territorial-regional de los problemas públicos, particularmente en políticas dedicadas al mejoramiento de condiciones económicas para atraer inversiones o aquellas enfocadas en atender a la población con carencias sociales.
La aplicación de esquemas de gobernanza se ha extendido a otras materias de gestión gubernamental, incluyendo políticas de fiscalización superior, control interno, anticorrupción y rendición de cuentas.
A nivel federal como estatal, existen diversas acciones, políticas y estrategias que, de diferentes maneras, contribuyen a los objetivos de prevenir, detectar, investigar y sancionar casos de corrupción.
La gobernanza multinivel y la fiscalización deben funcionar como un binomio para lograr mayor eficiencia y eficacia.
En México, múltiples dependencias pueden aprovechar los contenidos de la ASF en las auditorías que realizamos en cada ciclo de la Cuenta Pública.
Cada institución siempre tiene algo que aportar, ya que a distintos niveles se conoce una realidad administrativa y política particular.
Esta práctica mexicana la compartimos en organismos internacionales como la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) y la Organización de Entidades Fiscalizadoras Superiores del Caribe (OCCEFS), con los que participamos en comités, grupos de trabajo y fuerzas de tarea dedicados a la gobernanza.
Finalmente, estoy convencido de que la aproximación de gobernanza a través de los resultados de la fiscalización superior tiene un impacto positivo porque permite distribuir de manera más eficiente los tramos de responsabilidad que cada institución tiene en los procesos gubernamentales.