La guerra sin nombre
Desde diciembre de 2006, México acumula más de 477 mil homicidios dolosos y 132 mil 534 personas desaparecidas:
Una cifra que no cabe ya en el vocabulario tranquilizador de la "inseguridad", esa palabra de manual que el poder repite para no pronunciar la que le corresponde.
Porque cuando un Estado despliega de forma sostenida a sus fuerzas armadas contra organizaciones que controlan territorio, cobran impuestos de facto y disparan con fusiles de asalto y lanzagranadas, lo que describe el Derecho Internacional Humanitario no es criminalidad común.
Es guerra.
No lo digo yo, lo dice, desde 2019 y de manera reiterada, la Academia de Ginebra a través de su portal RULAC, que clasifica a México como escenario de al menos dos conflictos armados no internacionales paralelos —el Estado mexicano contra el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Estado mexicano contra el Cártel de Sinaloa— más un tercero entre ambas organizaciones.
Lo confirma el ACLED, que en su Índice de Conflictos 2024-2025 coloca a México como "el país sin guerra regular más peligroso del mundo":
Cuarto lugar global en muertes violentas, por encima de naciones formalmente en guerra como Irak o Sudán.
Y lo sostiene el propio Comité Internacional de la Cruz Roja, cuyo Documento de Opinión 2024 establece con precisión los dos criterios que definen un conflicto armado no internacional —organización de los grupos beligerantes e intensidad sostenida de la violencia—, criterios que México cumple con una consistencia que ya no admite matices retóricos.
Aquí está la antítesis que sostiene todo el argumento:
Mientras la evidencia jurídica y empírica dice guerra, el discurso oficial insiste en decir "estrategia de seguridad", esa disonancia no es un matiz semántico ni un capricho académico.
Es, en sí misma, una forma de violencia añadida contra quienes ya lo perdieron todo, porque nombrar mal un fenómeno tiene consecuencias jurídicas concretas:
Si el Estado se niega a reconocer que enfrenta un conflicto armado, elude también las obligaciones de protección a civiles, de investigación de crímenes de guerra y de reparación integral que el propio Derecho Internacional Humanitario impone a las partes en conflicto.
La negación, en otras palabras, no protege a nadie, protege únicamente al lenguaje oficial de su propia incomodidad.
El costo de esta ceguera deliberada se mide en dos décadas de militarización sin freno, en instituciones civiles de seguridad que nunca terminaron de construirse porque siempre resultó más cómodo enviar al Ejército.
Y en un Estado que ha ido cediendo, kilómetro a kilómetro, la exclusividad del monopolio legítimo de la violencia que Max Weber le exigía como condición mínima de existencia.
No hay gobernanza posible sobre territorio que el Estado no controla, y no hay reconciliación posible sobre una herida que la autoridad se niega a diagnosticar correctamente.
Desde el humanismo político que ha animado a Acción Nacional desde Gómez Morín, la verdad no es una opción retórica:
Es condición elemental de la justicia.
Solo reconociendo la magnitud real del conflicto —solo llamando a las cosas por su nombre— es posible exigir verdad, reparación y, eventualmente, una reconciliación nacional que hoy parece lejana.
Mientras el país siga tratando una guerra como si fuera una estadística incómoda, seguirá acumulando muertos con la misma velocidad con la que acumula eufemismos.
México no necesita otro comunicado que hable de "avances en la estrategia de pacificación".
Necesita, antes que nada, el valor de nombrar su guerra.
