La sorpresa de octubre
La interferencia de López Obrador en las elecciones del próximo año buscará cerrar un ciclo que comenzó desde antes de llegar a Palacio Nacional, donde la estrategia de responsabilizar al pasado de todos los males nacionales pretendía aniquilar al sistema político, o al viejo régimen, como le gusta llamarlo.
La fase final de este proceso estaba prevista para iniciar en octubre, cuando se esperaba la sentencia de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, en la corte federal de Brooklyn, por su presunta vinculación con el Cártel de Sinaloa, que deseaba usar como DETONANTE para iniciar una campaña de desprestigio contra el PAN en vísperas de iniciar la contienda presidencial de 2024.
Sentencia pospuesta.
Sus planes se frustraron cuando el juez Brian Cogan, ante las nuevas pruebas que presentó la defensa de García Luna, pospuso hasta marzo la condena.
García Luna quedó inservible para esos fines, pero en el gobierno encontraron nuevos blancos para servir a los mismos objetivos electorales.
El tema ya no sería el narcotráfico sino el asesinato de Luis Donaldo Colosio.
Los nuevos actores a perseguir son el expresidente Carlos Salinas, José Córdoba Montoya, que fue el jefe de Oficina de la Presidencia, y el Cisen –hoy Centro Nacional de Inteligencia–, que dirigía Jorge Tello Peón, a quienes quieren acusar de tortura y violación al debido proceso.
El asesinato de Colosio fue hace 29 años, pero el delito de tortura, el eje de la acusación, no prescribe, como lo estableció la Suprema Corte de Justicia en 2019, por considerarse que constituye una ofensa directa a la dignidad humana y una de las violaciones más graves a los derechos humanos.
El asesinato de Colosio fue uno de los temas que desde los primeros meses en su cargo como fiscal general, Alejandro Gertz Manero le presentó al Presidente para ajustar cuentas políticas con el pasado.
Aunque en ese momento no era prioridad para López Obrador, se empezó a construir el caso.
El punto de arranque fue una queja presentada telefónicamente el 17 de febrero de 2021 en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por Rubén Aburto, hermano de Mario Aburto, asesino confeso de Colosio, por presuntas violaciones a sus derechos humanos, alegando que no le daban atención médica ni la alimentación que requería por encontrarse “muy débil y deteriorado en su estado de salud”, además de sufrir “tratos crueles, inhumanos, degradantes y tortura”.
