Megavatios que no nos llegan
Tiene un problema de conducción, en los dos sentidos de la palabra.
Una corriente abundante que no encuentra cable por dónde salir, y una autoridad que no termina de decidir qué le toca hacer y qué no.
La Comisión Federal de Electricidad abrió este año una convocatoria para construir plantas eléctricas en sociedad con empresas privadas, donde la CFE conserva la mayoría y el particular aporta el capital y la tecnología.
- Se presentaron más de 200 proyectos, con capacidad para producir casi 6 veces lo que el gobierno estaba pidiendo.
- Al final se adjudicaron 37, que sumarán 7,411 megawatts, 14% por encima de lo requerido.
El mensaje es difícil de malinterpretar, hay capital, ingeniería y voluntad empresarial esperando cancha pareja.
Pero hay una grieta al leer el resto del acta, el mismo proceso dejó cuarenta y seis proyectos desiertos.
De los megawatts adjudicados, 9 de 10 son solares y apenas uno eólico, la energía termosolar no obtuvo una sola adjudicación.
Y la firma de contratos, prevista para junio, hubo de recorrerse al 3 de julio.
Una matriz que depende casi por completo del sol —es decir, de unas cuantas horas del día— no está diversificada, está parchando.
Pero el problema de fondo es otro.
A México no le falta electricidad, le falta poder repartirla.
Este junio, al menos veinte estados registraron apagones, variaciones de voltaje e interrupciones prolongadas.
El día 25, en Hermosillo, la salida de un transformador dejó sin luz a varias colonias con más de 45º a la sombra, y los vecinos terminaron bloqueando la carretera federal.
En Sinaloa, buena parte de los transformadores rebasan 40 años de servicio, la CFE respondió que no hay crisis nacional y que se trata de fallas focalizadas.
Tiene razón en lo técnico, pero se equivoca en lo esencial, nadie está reclamando generación eléctrica, sino que llegue en cantidad suficiente, sin riesgo para quien la recibe y a un precio que una familia, un taller o un hospital puedan pagar.
Pero esas tres cosas no dependen de las plantas, dependen de la red.
La clave está detrás de todo el andamiaje y el número que lo ordena:
El 54 por ciento, la nueva Ley del Sector Eléctrico, obliga a la CFE a mantener esa proporción de toda la energía que se inyecta a la red cada año. Es lo que la ley llama prevalencia del Estado.
El indicador que se presenta como garantía de soberanía puede cumplirse en la contabilidad, pero difícilmente sin que se tienda un solo cable nuevo.
Se legisla una meta creciente, pero se presupuesta una trayectoria decreciente.
No se discute que el Estado deba ser rector del sector eléctrico.
Sino que rectoría y titularidad sean la misma cosa.
La subsidiariedad no es una concesión al mercado sino una exigencia de justicia, la autoridad superior no debe absorber lo que otros hacen bien, precisamente porque su tarea propia —planear, regular, conectar, arbitrar— es la que nadie más puede realizar.
Transmisión y distribución son en México monopolio del Estado, nadie puede sustituirlo ahí, y es justamente ahí donde el rezago se acumula, volviendo rutinaria la palabra interrupción en la república.
El bien común no se mide en puntos porcentuales de una cuota de generación, sino en hogares, hospitales, talleres y aulas con energía cierta, segura y a precio justo.
Un Estado que cumple su meta estadística mientras la corriente no llega, ha confundido el instrumento con el fin.
