No podemos permitir que informar sea una sentencia de muerte
Es preocupante que, desde diciembre de 2018 hasta la fecha, hayan sido asesinados 85 periodistas y comunicadores en México.
Sin embargo, estas cifras, por sí sola, no alcanza a dimensionar la gravedad del problema, ya que detrás de cada número existe una historia, una familia, una investigación que quedó inconclusa y una voz que fue silenciada.
Lo verdaderamente alarmante es que la sociedad comienza a acostumbrarse a estas tragedias y las autoridades parecen haber normalizado una crisis que se ha convertido en una constante.
Además, la violencia no se distribuye de manera uniforme en el país, ya que existen estados que concentran gran parte de los asesinatos contra periodistas:
- Veracruz.
- Guerrero.
- Oaxaca.
- Michoacán.
- Y Sonora se encuentran entre los cinco estados con mayor número de casos registrados en los últimos años.
No es casualidad de que estas cifras se concentren en ese estado, ya que muchos de esos periodistas investigaban temas relacionados con corrupción, crimen organizado, seguridad pública o abuso de poder.
Cuando asesinan a un periodista, no solamente se elimina a una persona, también se agrede el derecho colectivo de la sociedad a estar informada.
Resulta imposible simplemente ignorar los hechos que ocurren en el país.
Ya que mientras desde el gobierno se insiste en afirmar que existe protección para quienes se encuentran en situación de riesgo, los hechos demuestran lo contrario, el miedo, las amenazas y la impunidad continúan siendo parte de la rutina de cientos de periodistas que diariamente salen a realizar su trabajo.
La violencia, además, ha adoptado nuevas formas, ya que no se manifiesta únicamente a través de las armas.
- La censura, el hostigamiento y la utilización de mecanismos legales para intimidar se han convertido en una práctica cada vez más frecuente.
Casos recientes, como el de la periodista Roxana Guzmán en Veracruz, evidencian una falta de sensibilidad por parte de algunas autoridades, quienes minimizan la gravedad de los hechos en lugar de reconocer la dimensión de la crisis que enfrenta el país.
Precisamente Veracruz es una de las entidades que históricamente ha encabezado las estadísticas de agresiones y asesinatos contra periodistas, convirtiéndose en un símbolo de la vulnerabilidad que enfrenta el gremio.
Aceptar esta situación sería renunciar a uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia, ya que una sociedad sin periodismo libre es una sociedad que pierde la capacidad de cuestionar a sus gobernantes, de exigir rendición de cuentas y de construir una ciudadanía verdaderamente informada.
México no puede seguir compitiendo en los primeros lugares mundiales de violencia contra periodistas.
No podemos permitir que ejercer una profesión implique arriesgar la propia existencia.
- Porque cuando asesinan a un periodista, no sólo intentan callar una voz.
