México necesita una legislación ambiental pensada no sólo para distribuir facultades, sino para resolver problemas
Mi planteamiento fue sencillo: después de casi cuatro décadas de la LGEEPA, vale la pena preguntarnos si la distribución actual de responsabilidades ambientales sigue siendo la más adecuada para enfrentar los retos de hoy.
La calidad del aire es un buen ejemplo. Las ciudades padecen la contaminación, los estados sostienen y amplían las redes de monitoreo, reciben las quejas de la población y enfrentan todos los días sus consecuencias. Sin embargo, una parte importante de las fuentes emisoras continúa bajo una gestión federal que necesariamente debe atender miles de instalaciones en todo el territorio nacional.
Algo similar ocurre frente al cambio climático: cada vez habrá más empresas que medir, reportar y verificar, y más proyectos de reducción de emisiones que requerirán seguimiento técnico.
Por eso propuse avanzar hacia un federalismo ambiental más eficaz: que los estados que demuestren capacidad técnica, institucional y financiera puedan asumir mayores atribuciones, con reglas claras, responsabilidades precisas y rendición de cuentas.
No se trata de quitarle facultades a la Federación ni de acumularlas en los estados.
Se trata de que cada problema ambiental sea atendido por la autoridad que pueda resolverlo mejor y más cerca de la gente.
