Persecución a crítica y críticos
En el epílogo del sexenio, López Obrador ya se está imaginando su séptimo año de gobierno con el canto de los pájaros y las caminatas por la selva tropical de Palenque.
Pero no todo será apacible durante su reinvención como expresidente, porque lo están persiguiendo pesadillas de más revelaciones sobre presuntos actos de corrupción de su familia y cercanos, cuya defensa una vez que su residencia no esté en Palacio Nacional ni tenga una mañanera todos los días, será cada vez más difícil de enarbolar al irse debilitando la conexión con el centro y sus amarres volviéndose más borrosos y frágiles.
La estrategia para enfrentar su séptimo año de gobierno, que comienza el 1 de octubre de este año, tuvo su primer diseño en la segunda semana de mayo, y se comenzó a aplicar en la tercera.
En los primeros 15 días de este mes, López Obrador acordó con el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, que iniciaría un proceso legal en contra de María Amparo Casar, presidenta de la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
El 13 de mayo, la Fiscalía anunció que había abierto una carpeta de investigación contra Casar y sus dos hijos, por presuntas irregularidades de la obtención de una pensión de Pemex tras la muerte de su esposo y padre en 2004.
La siguiente semana, le abrieron otra carpeta por el presunto delito de falsificación de declaraciones.
Vendrán más, al haber instruido el Presidente al fiscal para que amplíe las acusaciones contra sus hijos.
Una tragedia familiar hace 20 años fue revivida por el Presidente para castigar, como a nadie había hecho durante su de sí violento sexenio, en una vendetta contra la presidenta de una organización civil que detesta, al grado de haber acusado al Departamento de Estado de estar interviniendo en los asuntos internos por un limitado financiamiento anual que aporta la Cancillería estadounidense a instituciones privadas y públicas en México, como la Secretaría de la Defensa Nacional.
Casar no ha tenido acceso a las carpetas de investigación y se ha ido enterando de ellas por los medios o en la mañanera. Jurídicamente, la Fiscalía tiene un pequeño espacio para litigar contra ella por ser una acción (la pensión) continuada, pero en cuanto a sus hijos, no tiene pies ni cabeza legales: la ayuda para su educación terminó en 2008, uno, y en 2010, la otra.
Es decir, si hubiera un delito que perseguir, ya habría prescrito.
Pero como han sido todos los casos de alto impacto de interés político para López Obrador, lo importante no es la legalidad ni la justicia, sino la venganza y, en este caso, la neutralización de Casar que, para elevarle el costo y el descontrol, se incluyó a sus hijos a propuesta de Jesús Ramírez Cuevas, el jefe de la maquinaria propagandística presidencial y vocero de López Obrador.
