1 peso para prever desastres
Nueve años después, la mayoría de las familias ya regresó a casa, pero no todas, y no todas en las condiciones que se les prometieron.
En uno de los conjuntos reconstruidos, los damnificados denuncian haber gastado hasta trescientos mil pesos en pisos, puertas y cocinas para poder habitar los departamentos que recibieron.
La llave se entregó frente a las cámaras, pero la obra la terminaron ellos, con su propio dinero.
Ese caso es parte de un problema mayor.
Para financiar la reconstrucción, el gobierno capitalino apostó por la redensificación, esto es, construir departamentos adicionales y venderlos.
- De casi 700 que se edificaron, apenas logró vender 28.
- De los 537 que no encontraron comprador, solo 26 están rentados, según respondió el Fideicomiso para la Reconstrucción a una solicitud de transparencia.
Frente a esto, el discurso oficial es de celebración.
El director de la Comisión para la Reconstrucción, Víctor Olvera, informó que se han entregado 20,556 de 22,200 viviendas:
“un avance global del 97 por ciento”.
Faltan 1,585.
Pero las cifras no terminan de cuadrar.
Días antes, la plataforma oficial registraba 1,664 pendientes sobre un universo de 22,151.
Tres días después, tanto el universo como los pendientes eran otros, sin una conciliación pública entre ambos cortes.
Más revelador es el ritmo.
En septiembre de 2025, el secretario de Vivienda, Inti Muñoz, reportaba 20,205 viviendas terminadas y prometía concluir todas en el primer semestre de 2026.
Un año después, van apenas 351 más.
A esa velocidad, lo que falta se entregará cuando esta administración también haya concluido.
¿Por qué tanta lentitud?
En buena medida, por la manera en que se decidió manejar el dinero.
Hasta 2020, el país contaba con el FONDEN, un fideicomiso que recibía cada año al menos el 0.4 % del gasto programable y conservaba lo que no se utilizaba.
Era, en pocas palabras, un ahorro para la emergencia.
Pero ese mismo año fue extinguido junto con otros 108 fideicomisos, cerró con 35,140 millones de pesos, que en 2021 comenzaron a vaciarse.
Del FONDEN quedó el nombre, pero no el ahorro, hoy es una partida que se asigna año con año y que no acumula nada.
Para 2027, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propone, en su Anexo 20, 20,057 millones de pesos para esa partida y 254.6 millones para el FOPREDEN, el fondo de prevención, es apenas 0.03 % más que este año.
Dicho de otro modo: de cada cien pesos de esa bolsa, uno se destina a evitar desastres y el resto a atenderlos.
Y el monto total es muy pequeño frente a lo que está en juego:
Los sismos de septiembre de 2017 causaron daños por cerca de 88,400 millones de pesos, más de cuatro veces lo que se propone para el próximo año.
La responsabilidad, hay que decirlo claro, no es solo pública.
Apenas 26 de cada 100 viviendas en el país tienen algún seguro, -principalmente por su elevado costo- solo 6.5 % lo contrató por decisión propia, y el resto son pólizas ligadas a una hipoteca, que suelen cancelarse al terminar de pagarla.
En la Ciudad de México, una de las zonas de mayor riesgo sísmico, la cobertura es de 17.4 %; y en Nuevo León, de 70.2 %. Vivimos en un país que tiembla cada año, pero protegemos nuestro patrimonio como si no fuera a temblar nunca.
Lo que falta en todo esto tiene un nombre antiguo:
Prudencia, es decir, la capacidad de prever.
Un buen gobierno no se mide por la destreza con que responde a la emergencia, sino por lo que dejó preparado antes de que esta llegara.
La ley existe para ordenar las cosas al bien común, y eso exige mirar un horizonte más allá del siguiente ejercicio fiscal.
Por ello el 97 % no debería celebrarse como un logro.
Es en realidad una deuda.
Las 1,585 viviendas que faltan no son un porcentaje residual.
