Del basurero al espacio público

Alfonso Martínez Muñoz, Sub Secretario del Medio Ambiente de NL, DETONA® Rescatar los ríos también es recuperar la ley.

Por Alfonso Martínez Muñoz
Alfonso Martínez Muñoz
Foto: cortesía.
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Durante décadas, distintas áreas de los ríos urbanos de la zona metropolitana de Monterrey fueron tratadas como si no fueran de nadie. 

  • En el papel tenían dueño, regulación y autoridades responsables.
  • En la realidad, muchas quedaron abandonadas. 

Donde debía haber cauces libres, vegetación, vigilancia, orden y protección ambiental, aparecieron invasiones, construcciones irregulares, tiraderos clandestinos, robo de electricidad, quemas de basura y liderazgos que aprendieron a beneficiarse de la ausencia del Estado.

Para entender la importancia de lo que hoy se está haciendo en Las Sabinitas, en el río Santa Catarina, y en La Alianza, en el río Pesquería, primero hay que describir lo que ahí ocurrió. 

La mayoría de quienes lean este editorial probablemente no conoció esos sitios por dentro. 

Tal vez los vio de lejos, como una mancha urbana desordenada, humo al fondo, mal olor o un problema ajeno, pero para miles de vecinos aquello era su vida diaria.

En Las Sabinitas y en La Alianza el abandono no fue pasivo, no se trató solo de terrenos vacíos donde poco a poco se acumuló basura, lo que surgió fue un sistema. 

Primero se ocupaban predios federales, luego se delimitaban espacios, después aparecían construcciones, conexiones irregulares, accesos improvisados, cercas, bodegas y zonas donde nadie sabía con claridad quién mandaba, quién autorizaba, quién cobraba o quién protegía. 

La ley seguía existiendo en los documentos, pero en la práctica era sustituida por reglas informales impuestas por quienes controlaban el territorio.

Hay que decirlo con claridad: 

No todas las personas que llegaron a vivir ahí fueron responsables del deterioro. 

También hubo familias vulnerables, personas sin opciones reales de vivienda y ciudadanos atrapados en una precariedad que debe verse con sensibilidad social. 

Pero junto a esa realidad existió otra: personas que se apoderaron de terrenos públicos, los fraccionaron, los vendieron, los rentaron o los administraron como si fueran propiedad privada. 

Así, un área federal terminó convertida en botín territorial.

El negocio no se limitó a la ocupación irregular, también se construyó alrededor de la basura, una camioneta que recogía residuos de un restaurante, comercio u obra podía llevarlos a un sitio autorizado.

O podía descargarlos cerca, más rápido y más barato, en un tiradero clandestino controlado por alguien que cobraba por permitirlo. 

No era simplemente “la basura de las familias”. 

Era un flujo constante de residuos convertido en ingreso ilegal.

Cuando un tiradero clandestino empezaba a llenarse, aparecía otra práctica igual de grave: quemar para hacer espacio. Eso ocurría varias veces por semana y deterioraba la calidad del aire de toda la metrópoli. 

Basura quemada a cielo abierto, humo entrando a las colonias, partículas suspendidas, olores insoportables, plásticos, escombros, muebles y llantas ardían cerca de zonas habitadas. 

La contaminación era el aire que respiraban los vecinos y el temor de que un incendio se saliera de control.
 

Alfonso Martínez Muñoz
Tiene un doctorado por la Facultad de Agronomía y Forestal en la Universidad de Gotinga, de Alemania. Cuenta con un post grado en el Colegio de Recursos Naturales de la Universidad Estatal de Utah. Se especializó en Gestión Ambiental Urbana en Singapur. Es Sub Secretario del Medio Ambiente del gobierno de Nuevo León. Ha trabajado en el Plan Integral de Gestión Estratégica para la Calidad del Aire (PIGESA), uno de los pilares de la actual administración estatal. Participó en la Conferencia de las Partes (COP) del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). El evento tuvo lugar en Cali, Colombia y fue invitado por el gobierno de la Gran Bretaña.