Treinta y cuatro horas bastaron

Juan Pablo Saavedra DETONA® El pasado viernes 21 de agosto, Rubén Rocha Moya volvió a la gubernatura de Sinaloa tras 112 días de ausencia. 

 

Por Juan Pablo Saavedra
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El sábado 22 pidió licencia otra vez. 

Entre una cosa y la otra transcurrieron treinta y cuatro horas.

Tiempo que dura un fin de semana largo, o lo que tarda en olvidarse una noticia. 

El Congreso local aprobó el regreso y la partida, y previsiblemente se erija en Colegio Electoral para designar al que ocupe su poder ejecutivo, administrando como quien administra la llave de su casa.

Una naturaleza quasi bancaria— de lo que se deposita y retira a voluntad. 

La propia Presidenta lo dijo sin advertir lo que estaba señalando: 

Que fue decisión personal el regresar, y fue decisión personal retirarse. 

Luego entonces, una gubernatura no es un encargo conferido por la comunidad y de naturaleza electoral, sino una posesión que su dueño porta o guarda según convenga a su cálculo.

Cabe recordar en tanto, que mientras esa entidad federativa se administra desde esa intermitencia, se acumuló entre enero y julio, 735 homicidios dolosos según el propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública: cuarto lugar nacional, el 7.1% de todos los asesinatos del país.

Conveniente reflexionar y mirar a Caracas. 

Los estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro en la comodidad de su casa y lo trasladaron a Nueva York, ahí el juez Alvin Hellerstein fijó el inicio de su juicio el 1 de junio de 2027. 

Durante años, Maduro operó bajo una premisa que resultó ser un grave error de cálculo, él tomó las advertencias de Washington como retórica destinada al consumo interno. 

Hoy su defensa impugna la legalidad de un "secuestro militar" e invocan las garantías del sistema jurídico norteamericano, de cuya jurisdicción se mofó mientras se creyó fuera de su alcance. 

Aquí el quid del tema: 

Poder que se concibe como un blindaje personal, termina tarde o temprano, necesitando un blindaje de verdad.

La analogía no es de personas sino de apuestas. 

Desde abril, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, imputó a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios por conspiración de narcotráfico y delitos de armas. 

Pero México no ha ejecutado la detención provisional con fines de extradición, alegando falta de pruebas, e incluso la Cancillería envió un oficio de extrañamiento a la embajada estadounidense. 

Exigir pruebas es legítimo, Salvador Cienfuegos fue detenido y liberado justamente por su ausencia. 

Pero hay distancia entre reclamar evidencia y construir un escudo político, y esa distancia se mide en actos, no en discursos. 

La bandera de la soberanía puede servir para dos cosas muy distintas; para defender la jurisdicción de un Estado que sí investiga, o para administrar una rendición con vocabulario patriótico. 

Delcy Rodríguez, que asumió la presidencia de Venezuela dos días después de la captura de Maduro, conserva intacta la retórica del movimiento mientras entrega la sustancia: 

Abrió el petróleo a la inversión extranjera, eliminó el control cambiario, negoció con el FMI y obtuvo alivio de sanciones. Soberanía como discurso, pero sumisión y acomodo como práctica.

  • Hace 2300 años, Aristóteles distinguió entre el gobernante que ordena la ciudad al bien común, de aquel que la ordena a su provecho, y llamó a lo segundo corrupción, no variante.
  • Hace 800 años, Tomás de Aquino señaló qué quien gobierna, lo hace porque tiene a su cargo el cuidado de la comunidad, y cuando se ordena ese cuidado al propio provecho, no es que se ejerza mal esa autoridad: ejerce otra cosa, él lo llamó tiranía. 

En nuestro siglo, MacIntyre añadió lo que faltaba: una práctica se corrompe cuando los bienes externos —el poder, la impunidad, la supervivencia— desplazan a los internos. 

El fin de semana, bastaron treinta y cuatro horas para mostrar entonces qué bien se está persiguiendo aquí.

Juan Pablo Saavedra
Licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia de México, institución donde cursó también estudios en Filosofía, Teología y Derecho Canónico. Cursó la Maestría en Periodismo Político en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Cuenta con diplomados y certificaciones del INE México, el Poder Judicial Federal, la Escuela de Liderazgo Político de la Konrad Adenauer Stiftung (CDU, Alemania) en Economía Social de Mercado, y en Gobernanza Democrática, por la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana (UP), también por el Centro de Análisis y Entrenamiento Político de Colombia (CESOP) en Manejo de Crisis. Actualmente se desempeña como Coordinador del Área Social, Medio Ambiente y Energía de la Fundación Rafael Preciado Hernández, A.C., donde ha publicado múltiples análisis de política pública.