Sabotajes e impunidad
En el régimen se ha abierto una fractura sobre el combate al crimen organizado.
Los más leales al expresidente Andrés Manuel López Obrador levantaron una muralla contra cualquier intento de la presidenta Claudia Sheinbaum de abrir procesos que terminen en responsabilidades para militantes de Morena por presuntos vínculos con cárteles de las drogas.
El desafío del ala radical del obradorismo debilita la posición de Sheinbaum frente a Estados Unidos, que está presionando para que lleve a proceso a políticos, sin los cuales, afirman, las organizaciones criminales no podrían haber crecido ni fortalecido a los niveles actuales.
Sheinbaum se ha tenido que correr de posición para evitar que suceda lo que a veces parece inevitable:
- Una intervención unilateral de Estados Unidos en territorio mexicano.
De no querer ceder a las presiones y abrir causas penales contra figuras de Morena, consideró fórmulas para limpiar su casa, con la mira puesta en salvaguardar la soberanía y dar señales a Washington de que la impunidad se acabó, y ganar más tiempo frente a los impulsos del presidente Donald Trump.
Pero no pudo.
En el reciente Consejo Nacional de Morena, a principios de este mes, se propuso una serie de mecanismos para poder separar de sus cargos y la pérdida de fuero de gobernadores y presidentes municipales por manejo de recursos de procedencia ilícita y presuntos nexos con el crimen organizado, junto con una iniciativa en el Congreso para agilizar los procesos de desafuero de legisladores que se encontraran en situaciones similares.
No avanzó ni siquiera a votación.
El presidente del Consejo, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, junto con Rafael Barajas, El Fisgón, el monero de La Jornada, que es el principal asesor político de López Obrador y maneja el Instituto de Formación Política de Morena, sabotearon la propuesta.
No procedía, argumentó Durazo, de acuerdo con detalles de la negociación frustrada, argumentando la “integridad” del obradorismo siguiendo el ejemplo del expresidente.
La broma se cuenta sola, pero con esa justificación, que parecería cínica, selló la posibilidad de que en México figuras como él, otra decena de gobernadores –todos de Morena menos uno–.
Y alcaldes en los estados obradoristas en la frontera con Estados Unidos, Michoacán y Sinaloa, sobre quienes existen investigaciones en Estados Unidos, pudieran ser sujetos de acciones penales en México.
La construcción de una muralla de impunidad para políticos mexicanos en México.
Socava la cooperación con Estados Unidos al dejar al gobierno confrontado con el partido en el poder.
La imagen más poderosa de esta disociación fue la fotografía de la reciente reunión en Washington del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, con el director de la DEA, Terry Cole.
Que subrayó el entorno de confianza que ha logrado restituir el gobierno, dados los antecedentes de Cole en su paso por México durante los primeros años de la administración de López Obrador.
Cole hizo la primera lista de 30 nombres de políticos de Morena vinculados con el crimen organizado, como respuesta a la forma como la Fiscalía General de la República exoneró por la vía rápida al general Salvador Cienfuegos.
Por su presunta relación con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, de la que lo acusaba el Departamento de Justicia, Este caso sigue vivo en Washington.
La fractura no solo fue con ese sabotaje. Desde hace algunas semanas, las plumas que reflejan el pensamiento del ala dura del obradorismo han estado golpeando a García Harfuch, acusándolo de ser complaciente con Trump, con lo cual lastiman a Sheinbaum, y sugiriendo que tiene que diseñar una política de seguridad que enfrente las presiones de Washington.
Sibilinamente proponen la restauración de la política de abrazos, no balazos, que permita a los cárteles seguir operando, una vez más bajo el manto protector o la complicidad del gobierno, como sucedió con López Obrador, que también tiene investigaciones abiertas en aquel país.
