Sabotajes contra medicamentos
- Si el tema salarial del personal médico y enfermería, así como los trabajadores administrativos del Instituto Mexicano del Seguro Social, llega a buen puerto, no resolverá el problema del desabasto de medicamentos e insumos para el sector de salud público.
No sólo es la dificultad de la reconstrucción de un sistema que destruyó el expresidente Andrés Manuel López Obrador sin poder desarrollar un nuevo modelo eficiente, sino que se han atravesado las ambiciones políticas y de control del director del instituto, Zoé Robledo.
Robledo se encuentra en el centro de una de las movilizaciones más grandes del sector en años y ha logrado que, pese a semanas de protestas y a su displicencia ante las demandas de solución –sólo intervino por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum la semana pasada–, su cabeza como director del IMSS nunca se puso sobre la mesa porque nunca se exigió su renuncia.
Habla de un talento político y operador eficiente, que le permitió aislarse, a diferencia del secretario general del IMSS, el doctor Rafael Olivos, de quien están exigiendo su cabeza.
Hijo de un político capaz y estratega inteligente, Robledo ha logrado que la presidenta no haya visto que buena parte del desabasto de medicinas fue detonado por él desde que le trasladaron en mayo pasado a la empresa paraestatal Laboratorio de Biológicos y Reactivos, conocida como Birmex, la compra de medicamentos.
Fue un mes después de que Sheinbaum nombró como director a Carlos Ulloa, uno de los funcionarios más cercanos a ella desde hace años, para poner un freno a la corrupción en el organismo, que aún no se logra.
Robledo y su equipo, de acuerdo con fuentes de la industria, dijeron que en el IMSS apostaron a que el modelo de compra, distribución y administración único de los contratos de medicamentos e insumos médicos para el sector de salud público, que incluye al IMSS, IMSS-Bienestar, ISSSTE, Pemex y centros de salud (no incluye a los servicios de salud del Ejército y la Marina), fracasara, saboteando los procesos de asignación y entrega de insumos.
Su objetivo era volver a tomar el control de las compras y los contratos de distribución que le habían quitado.
Públicamente, Robledo ha dicho –y convencido a la presidenta–, que el problema del desabasto es culpa de los proveedores privados que han incumplido con los tiempos de entrega de los contratos.
Pero ha ocultado que se ha empeñado en descalificar un alto número de propuestas en las licitaciones bajo argumentos técnicos que, dentro de la industria, consideran no tenían sentido.
Por ejemplo, casos de empresas que habían ido ganando en las rondas de la licitación, que al final fueron descalificadas por detalles técnicos que obedecían a interpretaciones de los calificadores del concurso, cuando sus precios eran de 30 a 40% más baratos.
“Ha optado por comprar a mayores precios”, dijo una fuente de la industria, “y hay temor de reclamar ante una represalia y que puedan vetarlos hasta durante dos años en las licitaciones bianuales”.
Robledo, según fuentes de la industria, desechó ofertas serias y documentadas para surtir medicinas e insumos a menores costos por haberse adquirido en China, cuyos fabricantes cuentan con certificaciones de la Food and Drug Administration, el órgano estadounidense que regula las medicinas, vacunas, biológicos e insumos médicos, así como los productos de salud para las mascotas.
Pero al mismo tiempo, ha estado apoyando acuerdos con los gigantes farmacéuticos Moderna, la empresa estadounidense que tiene una poderosa vacuna contra la covid, y AstraZeneca, cuyo cuartel general se encuentra en Reino Unido.
En este caso, Robledo ha coincidido con Eduardo Clark, subsecretario de Salud encargado de los servicios de atención médica, y diseñaron un plan que busca controlar el sistema de abasto de medicamentos e insumos, desde la compra, la distribución, la prescripción, el almacenamiento y la planeación.
El desarrollo del modelo, conocido como Sistema de Gestión de Insumos para la Salud, lo está realizando la Agencia de Transformación Digital, que encabeza el ministro sin cartera, Pepe Merino, jefe político de Clark, con la empresa india Mastek, para digitalizar los procesos, modernizar la logística y garantizar el abasto.
Este plan ha generado controversia.
La Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica sostiene que podría favorecer a proveedores extranjeros en detrimento de la industria nacional, cuya distribución privada cuenta con un sistema que entrega medicamentos a 40 mil farmacias y más de tres mil clínicas y hospitales privados en el país, en menos de 24 horas.
Clark y Robledo han ignorado las observaciones.
