Credenciales sin hospitales: el espejismo del servicio universal de salud
Entre el anuncio y la realidad suele mediar un abismo que los mexicanos conocemos demasiado bien.
El Decreto por el que se crea el Servicio Universal de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 17 de abril, lo confirma con precisión quirúrgica:
Promete que cualquier persona podrá atenderse en cualquier institución pública de salud —IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar o Pemex—, pero no reforma la Ley General de Salud, no asigna un peso adicional y no toca la causa profunda del problema.
Lo que el decreto crea, en rigor jurídico, es un mecanismo administrativo de coordinación interinstitucional, un esquema para que las instituciones se compensen entre sí cuando atiendan a pacientes de otra derechohabiencia.
- Es, en el mejor de los casos, un ordenador de flujos.
- En el peor, un gesto escénico que sustituye reforma por decreto, y sustancia por narrativa.
El texto contiene, además, una cláusula reveladora, la gratuidad de la atención y de los medicamentos queda sujeta a la capacidad financiera, presupuestal y operativa de cada institución.
Traducido del lenguaje jurídico al cotidiano esto significa que, si no hay recursos, no hay derecho, así, el derecho humano a la salud queda convertido en una aspiración condicionada al ciclo presupuestal.
No es universalidad, es discrecionalidad administrativa disfrazada de progreso en salud.
Los números hacen aún más evidente el desajuste.
Se pretende que las mismas instituciones que hoy no garantizan abasto de medicamentos ni suficiencia de equipos y personal para sus propios derechohabientes, atiendan, además, a 47.7 millones de mexicanos sin seguridad social.
Todo ello con infraestructura envejecida que ya opera al límite y sin un solo peso adicional, la aritmética no cuadra, y la política en salud menos.
A esto se añade un problema federal.
El Servicio Universal de Salud operará únicamente en las 24 entidades adheridas al IMSS-Bienestar, ocho estados quedan fuera —entre ellos Guanajuato, Jalisco y Nuevo León—, precisamente aquellos cuyos sistemas de salud han demostrado mejor desempeño relativo y que hoy atienden, con recursos propios, a población que no les corresponde.
La universalidad se proclama nacional, pero se administra con criterios de alineación política.
La pregunta de fondo no es técnica, es ética.
Desde la tradición humanista, la dignidad de la persona exige un sistema de salud que garantice atención efectiva, no solo una tarjeta con códigos QR y una aplicación móvil.
La credencialización es, sin duda, una herramienta deseable, pero una credencial no diagnostica, no opera ni receta, expedir la tarjeta no equivale a reformar el sistema.
Lo que México necesita no puede decretarse desde Palacio Nacional.
Requiere una reforma legal debatida en el Congreso, un financiamiento garantizado —como lo fue la cuota social del Seguro Popular—, y respeto al pacto federal con los estados que decidieron no centralizar, y con una evaluación externa de resultados.
