Para qué pidieron pruebas
A la exigencia de pruebas que sustenten la acusación contra Rubén Rocha Moya por haber aceptado la ayuda de Los Chapitos para ganar la gubernatura de Sinaloa en 2021 a cambio de entregarles el estado para sus negocios y tráfico ilegal de fentanilo.
En Palacio Nacional se toparon con la sabia realidad que plantean tres refranes mexicanos:
- Ten cuidado con lo que deseas porque se te puede cumplir
- no preguntes lo que no quieres saber
- y no invoques tormentas que no podrás controlar.
Quería pruebas la presidenta Claudia Sheinbaum y ya le dieron una probadita de ellas.
Lo que le dijeron no le gustó y detonó como respuesta un endurecimiento político contra el gobierno de Donald Trump, apostando que las acusaciones de injerencista generarán un consenso interno de respaldo.
Pero defender a Rocha Moya es una apuesta muy riesgosa, protegerlo, como lo está haciendo el gobierno, es prolongar su agonía y puede arrastrar al gobierno.
El desafío a Estados Unidos al incumplir con tratados internacionales –de extradición y de cumplimiento con la ficha roja– por el temor a que revele los secretos criminales de la ‘4T’ si lo extraditan, obliga a tener muy bien calibrada cuál será la respuesta y preparar los siguientes pasos que tomarán.
En Palacio Nacional saben que vendrá un nuevo golpe, pero no quién, ni por dónde.
Estados Unidos, ante la exigencia de Sheinbaum de pruebas.
Le compartieron algunas líneas generales de la investigación contra del exgobernador de Sinaloa, y lo que ofrecieron los exfuncionarios que se entregaron en Estados Unidos, Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, y el general Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad.
Los dos ofrecieron, a cambio de recibir la protección estadounidense, pruebas con soporte técnico, que tienen que ver con varios de los delitos que les imputó el Departamento de Justicia, el de conspiración.
Que se da cuando dos o más personas acuerdan cometer un acto ilegal, que tocaría directamente a Rocha Moya, y el de posesión de armas y explosivos, que los vinculan con el crimen organizado.
Díaz Vega y Mérida entregaron documentos físicos y un número, indeterminado pero amplio, de memorias USB.
La información se suma al cúmulo de pruebas que tienen los fiscales en la Corte del Distrito Sur en Manhattan, que incluye intercepciones telefónicas –algunas de ellas recogidas por los aviones espía de la CIA cuando volaron sobre Sinaloa–.
Y testimonios de miembros del Cártel de Sinaloa –incluidos Los Chapitos e Ismael El Mayo Zambada– sobre su participación en elecciones presidenciales y locales durante casi una década.
Las autoridades mexicanas no tienen información detallada sobre lo que contienen las USB, por lo que están analizando la situación a ciegas.
Lo que les han añadido los estadounidenses es que el general Mérida, que se especializó en el Ejército en el área de inteligencia, ha aportado evidencias principalmente en contra de Mario Delgado, de sus tiempos de presidente de Morena.
Y que de acuerdo con lo que ha ofrecido, documenta cómo recibió dinero del crimen organizado para inyectar en campañas para gobernador y para candidaturas para diputaciones y senadurías.
La inyección de recursos oscuros en campañas para gobernador se ha ventilado en varios medios, pero es la primera vez que se menciona que dinero de los cárteles sirvió para financiar a legisladores.
La información parcial que le entregó Estados Unidos a México es previa a que el jueves de la semana pasada, la presidenta elevara el tono de su denuncia de intervencionismo contra ese país, aunque trató de matizar en público que no era Trump quien encabezaba el injerencismo, sino algunos de sus asesores en la Casa Blanca.
El viernes, un día después de atizar la retórica, tuvo una reunión con el secretario de Seguridad de Trump, Markwayne Mullin, en Palacio Nacional, que como se ha reportado en la prensa, fue muy ácida con demandas del estadounidense a Sheinbaum de que respetara el Tratado de Extradición y que le entregaran a Rocha Moya.
