Cuentas pendientes en aduanas
Un secretario de Estado, cuatro directores de la Agencia Nacional Aduanera, un general, un vicealmirante y un contralmirante, 10 funcionarios y siete empresas realizaron, durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el mayor saqueo jamás realizado a la nación:
- el contrabando de combustible.
Y todos, salvo uno, están libres –o bajo proceso–, y ninguno de los más altos mandos involucrados tiene carpetas de investigación abiertas, el encubrimiento es insultante; la impunidad, total.
Durante al menos cinco años, revela una investigación de Alejandro Melgoza y Williams Castañeda, de la Unidad de Periodismo de Investigación de N+ Focus, empresarios, funcionarios públicos y miembros de las Fuerzas Armadas traficaron millones de litros de combustible desde Estados Unidos hacia México a través de una red criminal operada por ocho empresas.
Tres mandos medios –entre militares, marinos y civiles– y los titulares de seis aduanas, con lo que lograron introducir al menos 31 buques entre 2024 y 2025.
Las figuras más importantes que cubrieron esa compleja red de corrupción en las aduanas.
Y que permanecen judicialmente blindadas, son: el exsecretario de la Marina, almirante Rafael Ojeda, que vive en un condominio de 15 millones de pesos en Cancún.
Rafael Marín Mollinedo, dos veces director de la Agencia Nacional de Aduanas en los dos gobiernos obradoristas, los otros tres extitulares:
- Horacio Duarte, secretario general de Gobierno en Estado de México.
- Ricardo Peralta, representante del gobierno de Tlaxcala en la Ciudad de México.
- y el general retirado André Foullon.
La investigación de Melgoza y Castañeda se basa en documentos judiciales y material de inteligencia que muestran que la complicidad de los funcionarios públicos “resultó un elemento esencial para el éxito de este esquema delictivo”.
Se puede argumentar, por una parte, que el descubrimiento del multimillonario negocio del contrabando fiscal en marzo de 2025, cuando la Marina detectó en marzo del año pasado el buque Challenge Procyon en el puerto de Altamira, el puerto tamaulipeco por excelencia del tratado comercial norteamericano, con alrededor de 20 millones de litros de diésel importado ilegalmente como aditivo.
La Agencia Nacional de Aduanas, que tiene su sede en la Ciudad de México, controla el acceso a puertos y, de acuerdo con los documentos e informes de inteligencia a los que tuvieron acceso, permitió el ingreso del combustible traficado desde Estados Unidos.
Solo en Altamira, a 40 kilómetros al norte de Tampico, durante la gestión del general Foullon ingresaron al menos 20 buques con combustible ilegal que venían declarados como aceites, en un año, la corrupción superó los 24 millones de pesos.
El entonces director de investigación aduanera en Altamira, el general Ernesto Vadillo, actualmente dirige aduanas fronterizas.
La investigación de N+ Focus.
Señala que continuaron entrando buques en la administración de Marín Mollinedo, que estuvo primero entre diciembre de 2022 y junio de 2023, y regresó en febrero de 2025 acompañado de Tonatiuh Márquez, encargado de los semáforos aduanales y de ordenar y practicar revisiones e inspecciones a mercancías de importación y exportación.
Tan solo durante el primer mes de la gestión de Márquez, ingresaron 10 buques vinculados a esta red criminal.
El negocio ilegal se interrumpió en diciembre pasado, cuando coincidió con la cancelación de su visa a Estados Unidos y con revelaciones en la prensa sobre las inconsistencias de su patrimonio, Marín Mollinedo solamente lo separó de su cargo.
Los sobornos alcanzaban a decenas de funcionarios aduanales de:
- Ensenada, Baja California, Manzanillo, Colima, Lázaro Cárdenas, Michoacán, Pantaco y AICM, en la CDMX, Guaymas, Sonora, Tampico, Tamaulipas, y Veracruz, que iban desde la titularidad hasta las jefaturas de departamento.
Los nombres de los administradores en varias de las aduanas mencionadas por Melgoza y Castañeda fueron mencionados en este espacio hace tres semanas, como parte de la corrupción durante la gestión de Duarte.
