José Luis Elizondo Treviño DETONA® Desde hace años, algunos grupos delincuenciales se han dedicado a la ilegal tarea de ordeñar los ductos de PEMEX para robar gasolina y venderla en distintos tramos carreteros.

Gabriela Kalifa DETONA un caso patético de maltrato al cliente por parte de esta aerolinea. Las otras están igual pero de eso se ocupará en posteriores artículos.

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Lecturas del día:

Sin duda, se trata de una actividad peligrosa, ya que almacenan el combustible en bidones al aire libre y, en ocasiones, lo mezclan con otros químicos para aumentar el volumen, dejando a los automovilistas expuestos a daños graves en los motores de sus vehículos.

Recordamos que, en el sexenio pasado, se nos aseguró que el problema del huachicol había sido erradicado; sin embargo, lo que ocurrió fue una transformación del delito: pasó del robo en tomas clandestinas al manejo de cantidades industriales de combustible ilegal.

El reciente hallazgo de más de 15 mil millones de litros de gasolina almacenados en 129 carros tanque de ferrocarril, estacionados en Ramos Arizpe, Coahuila, es un indicio claro de que el huachicol se realiza con la complicidad, o al menos la omisión, de autoridades de distintos órdenes de gobierno, municipales, estatales y federales.

Antes de este hallazgo, la Secretaría de Seguridad había clausurado una refinería clandestina que operaba impunemente a un costado de la refinería de Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz.

Incluso la propia Secretaría de la Defensa Nacional ha admitido que utilizó gasolina ilegal, producto del huachicol, para movilizar camiones durante la construcción del Tren Maya. 

<h4 class="subtitle">Una verdadera paradoja, considerando que esa dependencia es responsable de la seguridad nacional.</h4>

Mientras tanto, PEMEX continúa reportando pérdidas millonarias trimestre tras trimestre, e incrementando su deuda hasta convertirse en la empresa petrolera más endeudada del mundo.

Debemos reconocer que la presidenta Sheinbaum y su secretario de Seguridad, García Harfuch, están enfrentando con determinación a los grupos criminales dedicados a la venta ilegal de combustibles, al tiempo que han desmantelado cientos de laboratorios de fentanilo, metanfetaminas y otras drogas sintéticas.

Durante todo el sexenio anterior, se afirmaba que en México no existían laboratorios de drogas. 

Incluso, en una de sus conferencias matutinas, el entonces presidente sacó un pañuelo blanco para declarar que el huachicol había sido eliminado, para bien del pueblo mexicano.

<h4 class="subtitle">Hoy sabemos que eso no era verdad.&nbsp;</h4>

El tráfico de combustibles ha escalado a tal magnitud que ya no puede llamarse “huachicol”, pues se trata de operaciones de tipo industrial llevadas a cabo por grupos criminales coludidos, en algunos casos, con centros de poder político.

El gobierno federal debe reforzar la coordinación con los estados y los municipios del país para fortalecer la vigilancia de los ductos.&nbsp;

<h4 class="subtitle">Las tareas de investigación e inteligencia policial han dado resultados relevantes en el decomiso de combustibles ilegales.</h4>

Sin embargo, es necesario implementar medidas adicionales, como establecer la trazabilidad del combustible desde su salida de las refinerías hasta su llegada a las estaciones de servicio, o establecer controles volumétricos que permitan detectar discrepancias entre el combustible adquirido y el vendido en cada gasolinera.

<h6 class="subtitle underlined">Estas acciones podrían contribuir de manera decisiva a combatir un delito que no solo afecta las finanzas públicas de PEMEX y del país, sino que también pone en riesgo la vida de quienes manipulan el combustible robado y agrava el deterioro ambiental.</h6>

Opinión

El huachicol

José Luis Elizondo Treviño DETONA®️ Los acuerdos alcanzados por Ovidio Guzmán para declararse culpable del tráfico de drogas hacia Estados Unidos derivaron en que una Corte de Nueva York le retirara cinco cargos penales al hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

<h5 class="handdrawn subtitle">Esta situación representa un riesgo creciente para los cárteles de la droga que operan en México y que han sido ya clasificados como organizaciones terroristas por el gobierno estadounidense.&nbsp;</h5>

Para lograr este acuerdo judicial, Ovidio Guzmán, también conocido como “El Ratón”, está obligado a proporcionar información privilegiada a las autoridades norteamericanas.&nbsp;

Esta información podría comprometer a figuras relevantes de la política mexicana, incluidos gobernadores, presidentes municipales, altos funcionarios de seguridad e incluso elementos de las Fuerzas Armadas.

Con estos datos en poder de la inteligencia estadounidense, es probable que las relaciones bilaterales se tensen aún más.&nbsp;

La presidenta Claudia Sheinbaum podría verse forzada a aceptar la intervención de fuerzas especiales de Estados Unidos en territorio mexicano, con el propósito de desmantelar a los cárteles y detener a integrantes de la clase política involucrados con el crimen organizado.

<h4 class="subtitle">Hasta ahora, el presidente Donald Trump ha cumplido sus amenazas.&nbsp;</h4>

<ul>
	<li>Él mismo ha declarado que, si México no puede acabar con los cárteles, lo harán ellos.&nbsp;</li>
	<li>Debemos estar atentos a la evolución de este tema en la agenda nacional.&nbsp;</li>
	<li>En años recientes, México ha respondido con firmeza a las presiones de Washington. </li>
</ul>

Primero desplegó miles de elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur para contener el flujo migratorio y el tráfico de fentanilo; ha capturado y extraditado a decenas de delincuentes solicitados por la justicia norteamericana; ha destruido laboratorios clandestinos y decomisado millones de litros de gasolina ilegal, mejor conocida como huachicol.

<h4 class="subtitle">Sin embargo, Trump quiere más.&nbsp;</h4>

<h6 class="subtitle underlined">Y lo conseguirá con la información que, seguramente, Ovidio Guzmán ya ha compartido o está por compartir, a cambio de la protección de su familia y de una reducción en su sentencia y la de su hermano Joaquín.</h6>

México bajo tensión

José Luis Elizondo Treviño DETONA®: Desde la creación del estado de Israel en 1948, con el objetivo de establecer una nación para el pueblo judío que había sido dispersado tras el dominio romano, las relaciones con Irán fueron sólidas.

Sugerimos leer:

Hasta 1979, ambas naciones no solo mantenían relaciones diplomáticas, sino que también colaboraban en proyectos de desarrollo económico y militar.&nbsp;

Incluso, el gobierno de Irán fue el segundo en aprobar la creación del estado de Israel.&nbsp;

Esto se debía, en gran medida, al apoyo estadounidense que recibía Irán, y dado que Israel siempre ha sido considerado un aliado clave de Estados Unidos en Medio Oriente, Irán era un país amigo.&nbsp;

Sin embargo, esta dinámica cambió drásticamente cuando el Sha de Irán fue derrocado y un gobierno teocrático, dominado por los Ayatolás, asumió el poder.

El nuevo gobierno se distanció de Estados Unidos debido al apoyo brindado a la monarquía del Sha y, por consiguiente, se enemistó con Israel.

Esta nueva postura llevó a la creación de grupos paramilitares que han sido declarados como terroristas por el gobierno estadounidense, como Hezbolá en Líbano, Hamás en la Franja de Gaza y grupos chiítas en Yemen e Irak, conocidos como Hutíes o el "Ejército de Dios", que han generado terror y logrado controlar extensas zonas en Yemen.

El principal objetivo de estos grupos es atacar a Israel, lo que ha impedido que el pueblo israelí experimente largos períodos de paz.

El conflicto más reciente se inició en octubre de 2023, cuando Hamás atacó a Israel, dejando un saldo de 1200 personas fallecidas.&nbsp;

Este acto desató una fuerte respuesta del presidente Netanyahu, con ataques severos a la Franja de Gaza.&nbsp;

Aunque el objetivo declarado fue eliminar a Hamás, esas operaciones han causado y siguen causando numerosas víctimas civiles.

Recientemente, la inteligencia israelí determinó que Irán había violado el acuerdo de no proliferación nuclear al enriquecer uranio (Irán posee yacimientos de este material radiactivo) con el fin de desarrollar armas atómicas.&nbsp;

Ante esta situación, el primer ministro Netanyahu ordenó un ataque masivo contra sitios estratégicos iraníes, así como contra líderes militares y científicos involucrados en su programa nuclear.

Irán respondió con misiles modernos, algunos de los cuales lograron superar el "Domo de Hierro", como se conoce al eficiente sistema de defensa antimisiles de Israel, impactando en ciudades importantes como Haifa y Tel Aviv.

Después de varios días de intercambio de ataques, Estados Unidos intervino, destruyendo los tres búnkeres donde se enriquecía el uranio con "bombas antibúnker".

Sin embargo, persiste la incógnita sobre si los iraníes lograron extraer el uranio antes del bombardeo.

En este escenario, la imagen del presidente Trump se ha magnificado como el político que detuvo, provisionalmente, el conflicto.&nbsp;

Si Irán conservara el uranio, su programa nuclear solo se habría retrasado unos meses, pero la amenaza a la paz y la seguridad mundial seguiría latente.

El cambio en las relaciones entre Israel e Irán, de aliados estratégicos a adversarios implacables, subraya la complejidad geopolítica de Medio Oriente.&nbsp;

<h6 class="subtitle underlined">La escalada de violencia y el desarrollo nuclear iraní representan un enorme desafío que requiere de una acción de la diplomacia internacional y soluciones duraderas.</h6>

Israel e Irán, de amigos a enemigos

José Luis Elizondo Treviño DETONA: Ya sea con medidas legislativas o decisiones unipersonales y arbitrarias por parte de las autoridades, la libertad de expresión y la difusión de ideas, opiniones e información de cualquier tema, como lo garantiza el artículo séptimo constitucional, están en riesgo de ser excluidas como una libertad de las y los mexicanos.

Sin embargo, este artículo que tiene vigencia en todo el país desde que el texto constitucional fue aprobado en 1917 por el Constituyente de Querétaro, no aplica en los estados de Puebla y Campeche, gobernados por los morenistas Alejandro Armenta Mier y Layda Sansores San Román.

En Puebla, el congreso dominado por Morena aprobó una reforma al Código Penal, misma que fue publicada y ha entrado en vigor el 14 de mayo pasado, para tipificar el delito de “ciberasedio” el cual define de la siguiente manera:

“Artículo 480 Comete el delito de ciberasedio quien a través de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona, con la insistencia necesaria para causarle un daño o menoscabo en su integridad física o emocional.&nbsp;

A la persona responsable de la conducta descrita en el párrafo anterior se le impondrá la pena de once meses a tres años de prisión y multa de cincuenta a trescientos días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el momento de la comisión del delito.”&nbsp;

Eso significa que en Puebla, puedes ser denunciado y procesado penalmente por insultos a cualquier persona, desde luego, también incluye a funcionarios públicos, que suelen ser objeto de críticas de los ciudadanos que se sienten defraudados por las acciones de sus gobernantes. 

Dicho en otras palabras, es delito ejercer la libertad de expresión si se les ocurre escribir en las redes sociales algún agravio contra las y los poblanos, incluyendo los servidores públicos.

La SEGOB se ha pronunciado para que el Gobernador someta a consulta pública esa reforma al código penal, pero independientemente de lo que hagan, ya está publicado y ya ha iniciado su vigencia esta oprobiosa reforma.

En el estado de Campeche, gobernado por Layda Sansores, una jueza de control ordenó la detención y sujeción a proceso al periodista jubilado Jorge González, por haber osado criticar a la gobernadora por el mal gobierno que encabeza.

Como medidas cautelares, se le impuso una multa de dos millones de pesos, la prohibición de ejercer el periodismo y la restricción de publicar en redes sociales durante dos años.

<h6 class="subtitle underlined">Ambos ejemplos son deplorables y es de esperarse que no fructifiquen en otras entidades federativas, ya que sólo los estados totalitarios y fascistas tienen ese tipo de prácticas para silenciar la disidencia.</h6>

La libertad de expresión bajo ataque

José Luis Elizondo Treviño DETONA: Las recientes protestas de personas migrantes en la ciudad de Los Ángeles, violentamente reprimidas por la Guardia Nacional estadounidense, son una alarmante muestra de intolerancia, racismo y violación a los derechos humanos por parte del gobierno del presidente Donald Trump.

<h5 class="handdrawn subtitle">Migrar es un derecho humano fundamental. </h5>

A lo largo de la historia, las personas han migrado en busca de mejores condiciones de vida, ya sea por necesidad económica, por seguridad personal o por el simple deseo de ofrecer a sus familias un futuro más digno. 

Hoy, como ayer, los migrantes no huyen del confort, sino de la pobreza, la violencia y la desesperanza. Criminalizarlos no es solamente injusto, sino inhumano.

Los migrantes que llegan a Estados Unidos no son una amenaza, al contrario, son una fuerza laboral que ha contribuido durante décadas al desarrollo económico y social de ese gran país. 

Negar esta realidad es borrar con prejuicios una parte esencial de la historia estadounidense.

Reprimir sus protestas pacíficas, que son una forma legítima de expresión, es un acto de autoritarismo y desprecio a los derechos fundamentales. 

Más aún, revela un intento de utilizar el miedo y el odio como herramientas políticas.

Es cierto que la presidenta Claudia Sheinbaum se excedió al sugerir a los mexicanos en Estados Unidos que se manifestaran pacíficamente. 

La política exterior debe ser prudente, especialmente ante una figura como Trump. 

Sin embargo, también es cierto que estas acciones están generando un creciente rechazo hacia el mandatario republicano, sobre todo entre gobernadores demócratas, como es el caso del de California, Gavin Newsom, quien podría aprovechar estas medidas para exhibir su autoritarismo ante el electorado norteamericano.

Mientras tanto, México enfrenta una delicada encrucijada. 

A la amenaza de nuevas tarifas arancelarias, los ataques de Kristi Noem, Secretaria de Seguridad Interior estadounidense, y la inminente revisión del T-MEC, se suma la aprobación de una reforma judicial que ha sido ampliamente criticada por su regresividad. 

Todo esto ocurre en un contexto de bajo crecimiento económico, alta inflación e inseguridad persistente.

La presidenta Sheinbaum enfrenta así una tormenta perfecta: una crisis diplomática con Estados Unidos, una crisis política interna por las decisiones del Congreso, una economía estancada y una inseguridad que no da tregua. 

<h6 class="subtitle underlined">Su capacidad para navegar entre estos desafíos será determinante para reencontrar el rumbo del país, o naufragar por un largo período.</h6>

Criminalizar la migración

José Luis Elizondo Treviño DETONA: La elección de los integrantes del Poder Judicial, celebrada el pasado primero de junio, pasará a la historia, pero no por ser la primera del país en su tipo, sino por haber registrado la menor participación ciudadana en el México moderno y, por lo mismo, por haber resultado en los votos más costosos en la historia nacional.

La Constitución de 1824 ya establecía que los ministros de la Suprema Corte de Justicia serían electos por voto popular, aunque no así los jueces de distrito, quienes serían propuestos por el Presidente de la República en una terna y elegidos por el presidente de la Suprema Corte (artículos 127 a 135 de dicha Constitución).

Por lo tanto, no se trata propiamente de una elección histórica en cuanto a la forma de elegir a las y los ministros de la Corte Suprema. 

Lo que sí resulta inédito es que, de acuerdo con cifras publicadas en diversos medios de comunicación, la elección costó poco más de 13 mil millones de pesos, sin contar los gastos en movilización ni la impresión de millones de acordeones. 

<h4 class="subtitle">Si los votantes efectivos fueron, según datos oficiales, 13 millones de personas, cada voto emitido costó al erario aproximadamente mil pesos.</h4>

Si a esto añadimos que el porcentaje de votos nulos y votos en blanco también alcanzó niveles históricos, pues superó los dos dígitos, algo sin precedente en una elección nacional, entonces el costo por voto efectivo se eleva aún más.

De hecho, hasta el día de ayer, los votos nulos y en blanco superaban, por mucho, la votación obtenida por cualquier ministro o ministra en contienda, representando alrededor del 22% del total. 

En otros procesos electorales, el voto nulo suele fluctuar entre el 2 y el 4 por ciento. 

Este fenómeno constituye un mensaje claro de los votantes, quienes expresan así su desacuerdo con una reforma que desmantela al único poder independiente que le quedaba al país, y que fungía como contrapeso frente al poder presidencial.

<h6 class="subtitle underlined">Esta "elección histórica" podría ser, lamentablemente, el inicio del fin de la democracia mexicana. Las nuevas generaciones, sin duda, nos lo van a reclamar.</h6>

Votación histórica

José Luis Elizondo Treviño DETONA: Durante la presentación del informe al primer trimestre, Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del banco central, anunció que BANXICO redujo la proyección de crecimiento económico del país para este año, de 0.6 por ciento que anunciaron en enero a un 0.1%. 

Lo anterior, lejos de ser un fenómeno cíclico, es el resultado de malas decisiones internas y presiones externas que han fracturado la confianza y frenado los motores de desarrollo y crecimiento económico.

La reactivación de la política arancelaria de Donald Trump ha encarecido insumos, reducido exportaciones y frenado cadenas productivas, afectando a varios sectores industriales, principalmente el automotriz, uno de los más importantes en nuestro país.

La controvertida reforma al poder judicial, lejos de fortalecer la justicia, ha erosionado el Estado de Derecho. 

Someter a elección a todos los integrantes del Poder Judicial, desde jueces de distrito hasta ministros de la Suprema Corte de Justicia, debilitará en un grado extremo la confianza en el sistema de impartición de justicia, el que ya estaba rebasado por la gran cantidad de demandas pendientes de resolver.

Esta reforma ha enviado una mala señal a los inversionistas, porque implica que la justicia se politizará, creando incertidumbre en los inversionistas, quienes podrían llevar sus capitales a otras economías más seguras, o cancelando, ahuyentando o por lo menos demorando, sus proyectos de inversión en el país.

Estos factores, así como el incremento en el índice de precios al consumidor que se registró en el más reciente informe de BANXICO, han propiciado que el nearshoring sea solo un mito.

La infraestructura insuficiente, la inseguridad jurídica, el incremento en la delincuencia y el enfrentamiento entre los cárteles que se disputan el control del territorio nacional, aunado a la falta de capacidad de generación de energía eléctrica suficiente y escasez de agua, han convertido esta ventaja histórica en un fracaso escandaloso.

Si persisten estas condiciones en la economía, entraremos en una espiral recesiva, con menos inversión, lo que a su vez generará menos empleo y un menor consumo interno. 

<h6 class="subtitle underlined">Esperemos que se rectifique el rumbo o nos enfrentaremos a una fuga de capitales y una posible devaluación de la moneda, como en los años setentas del siglo pasado.</h6>

La economía en caída libre

José Luis Elizondo Treviño DETONA: El atentado y posterior ejecución de dos altos funcionarios del gobierno capitalino no sólo terminó con la vida de dos servidores públicos, sino que también envió un mensaje claro a las autoridades de seguridad pública, tanto de la Ciudad de México como del gobierno federal.

De manera artera y con la precisión de un tirador experimentado, el pistolero acribilló a sangre fría a Ximena Guzmán y José Muñoz, dos funcionarios muy cercanos a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, la morenista Clara Brugada.

Sin duda, los movimientos de Ximena y José habían sido estudiados previamente, pues el asesino esperó cerca de 20 minutos en el lugar donde planeó el doble homicidio. 

No los mataron por lo que hacían, por sus pertenencias o porque representaran una amenaza para quien ordenó su ejecución, sino para transmitir un mensaje directo a la jefa de Gobierno, a la presidenta de la República, al secretario Omar García Harfuch y, me atrevería a decir, a todos los habitantes:

“No se interpongan en nuestro camino” o, más claramente, “Vuelvan a la estrategia de abrazos, no balazos”.

Este crimen, sumado al asesinato de candidatas y candidatos en Veracruz, así como a las decenas de homicidios dolosos que ocurren diariamente en el país, es resultado de la desastrosa política de seguridad pública implementada durante el sexenio de AMLO.

Claramente, la presidenta Claudia Sheinbaum y su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, no comparten esa visión.&nbsp;

El propio Harfuch sufrió un atentado cuando estaba al frente de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, del cual afortunadamente salió ileso.

Los mexicanos aún tenemos la esperanza de que la presidenta Sheinbaum, con o sin el apoyo de Trump, logre instaurar la paz en este México herido.

<h6 class="subtitle underlined">La administración de Sheinbaum enfrenta el enorme reto de revertir el legado de inseguridad, pero también tiene la oportunidad histórica de demostrar que otro camino es posible.</h6>

El atentado y el mensaje

José Luis Elizondo Treviño DETONA: Hace algunos días, 17 familiares de Ovidio Guzmán López, incluida su madre, cruzaron la frontera por la ciudad de Tijuana, donde ya los esperaban agentes del FBI.

<h5 class="handdrawn subtitle">Esta noticia se conoció tras un acuerdo de alto nivel que habría negociado el propio Ovidio, quien, al parecer, resultó más astuto que su padre.&nbsp;</h5>

El pacto consiste en declararse culpable de delitos relacionados con el narcotráfico a cambio de ciertos beneficios, como una posible reducción de condena, protección para su familia en Sinaloa y, quizá, la posibilidad de convertirse en testigo protegido.

Todo indica que, con o sin el consentimiento del gobierno mexicano, las autoridades estadounidenses están decididas a ir tras los grupos criminales que han clasificado como organizaciones terroristas.

A ello se suma la supuesta lista elaborada por Marco Rubio, influyente y poderoso Secretario de Estado, en la que figuran prominentes políticos mexicanos a quienes se les cancelarían sus visas y se les congelarían cuentas bancarias en Estados Unidos.&nbsp;

De confirmarse la información proporcionada por Ovidio al Departamento de Justicia, más de uno en la clase política nacional debe estar temblando.

Campañas electorales financiadas por Cárteles, concesiones para que controlen regiones enteras, omisiones ante las extorsiones a productores y transportistas, y otras tantas complicidades de gobernadores, alcaldes y funcionarios federales de los tres poderes podrían salir a la luz en los próximos meses.

Aunque desde Palacio Nacional la presidenta Sheinbaum exprese su indignación por la falta de información del gobierno de Trump, es poco probable que obtenga respuesta.&nbsp;

Washington juega su propio ajedrez, y en ese tablero, el Chapito se ha convertido en una pieza clave.

El caso de Ovidio Guzmán no es solo un escándalo judicial, es un espejo incómodo que refleja hasta qué punto la política mexicana ha sido infiltrada por intereses criminales.

<h6 class="subtitle underlined">Las revelaciones que surjan podrían cimbrar instituciones, sacudir candidaturas y obligar a un replanteamiento de la relación bilateral en materia de seguridad.</h6>

Las negociaciones de alto nivel de Ovidio Guzmán

José Luis Elizondo Treviño DETONA: La elección del próximo 1 de junio será atípica.

Primero, porque será la primera vez que tendremos la oportunidad de votar por integrantes del Poder Judicial de la Federación; y segundo, porque en cada boleta elegiremos a varias personas.&nbsp;

<ul>
	<li>En total, serán seis boletas las que nos entregarán en la casilla correspondiente.&nbsp;</li>
	<li>En la que me corresponde, elegiremos a 39 personas.</li>
</ul>

<h5 class="handdrawn subtitle">Las boletas para elegir a las y los ministros serán las mismas en todo el país.&nbsp;</h5>

<ul>
	<li>En ellas aparecen los nombres de 64 aspirantes.&nbsp;</li>
	<li>Elegiremos a 5 mujeres y 4 hombres, anotando el número correspondiente en la parte superior de la boleta.</li>
</ul>

<h5 class="handdrawn subtitle">La boleta para elegir a las y los magistrados que integrarán el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial también será la misma a nivel nacional.&nbsp;</h5>

<ul>
	<li>Contiene los nombres de 38 aspirantes, de entre los cuales elegiremos a 3 mujeres y 2 hombres.</li>
</ul>

<h5 class="handdrawn subtitle">Para la elección de las y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, votaremos por 1 mujer y 1 hombre de entre 15 aspirantes al cargo.</h5>

<ul>
	<li>En los demás casos, las boletas varían según la sala regional del Tribunal Electoral que le corresponda a cada estado, ya que el país se divide en cinco circunscripciones.</li>
	<li>Nuevo León forma parte de la segunda circunscripción, cuya sede regional está en Monterrey, e incluye a los estados de Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.</li>
	<li>En el caso de Nuevo León, elegiremos a 2 mujeres y 1 hombre de un total de 14 aspirantes.</li>
</ul>

<h5 class="handdrawn subtitle">Para la elección de magistradas y magistrados de circuito, las boletas varían en cada uno de los tres distritos judiciales del estado.</h5>

<h5 class="handdrawn subtitle">En la boleta correspondiente a mi sección electoral, ubicada en el primer distrito judicial, hay 29 candidatos, de los cuales elegiremos a 5 mujeres y 5 hombres.&nbsp;</h5>

<ul>
	<li>Se elegirá un magistrado y una magistrada por cada una de las ramas del derecho: administrativo, civil, penal, laboral y mercantil.</li>
	<li>Este mismo procedimiento se aplicará para la elección de jueces de distrito.&nbsp;</li>
</ul>

<h5 class="handdrawn subtitle">En la boleta de mi sección electoral hay 25 aspirantes, de los cuales elegiremos nuevamente a 5 mujeres y 5 hombres, uno por cada una de las ramas del derecho ya mencionadas.</h5>

Además, junto a cada nombre en las seis boletas aparecerán las siglas PE, PL, PJ y EF, que indican si la persona fue propuesta por alguno de los poderes o si actualmente está en funciones y se inscribió en el proceso.

&nbsp;

<h5 class="handdrawn subtitle">Dada la complejidad del conteo, en las casillas no habrá escrutadores; los paquetes se trasladarán directamente al INE para el cómputo final.</h5>

Es muy importante consultar en la página del INE la lista de candidatas y candidatos, para conocerlos y, de ser posible, seleccionar con anticipación por quién votaremos.&nbsp;

De lo contrario, cada persona podría tardar hasta 10 minutos en llenar sus boletas, lo que reduciría el ritmo de votación a apenas seis personas por hora.&nbsp;

<h6 class="subtitle underlined">Ahora solo nos queda cumplir con nuestro deber cívico: acudir y emitir nuestro voto.</h6>

José Luis Elizondo Treviño