José Luis Elizondo Treviño DETONA® En pocos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación iniciará una nueva etapa. 

Gabriela Kalifa DETONA un caso patético de maltrato al cliente por parte de esta aerolinea. Las otras están igual pero de eso se ocupará en posteriores artículos.

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Nada en gracia resulta esta broma de los sobrecargos de VivaAutobus -perdón- Aerobus, caracterizada por el deplorable servicio y mal trato a sus pasajeros. (El incidente ocurrió el 29 de junio de 2021, pero sigue vivo en la memoria colectiva).

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Lecturas del día:

Se trata de un cambio histórico, no solo por los ministros electos, sino por las polémicas que rodearon su designación, como el abstencionismo récord, una cantidad inusitada de votos nulos y el uso de los controvertidos "acordeones" para orientar el voto ciudadano.

Ante este panorama, la pregunta que resuena en la sociedad es inevitable: ¿realmente tendremos una Suprema Corte independiente y autónoma del poder ejecutivo?

El reciente rechazo, por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del último intento de invalidar el proceso electoral no hace sino alimentar las dudas. 

La propuesta del magistrado Reyes Mondragón, que señalaba los vicios de la elección, fue desestimada. Como es bien sabido, tres de los cinco magistrados electorales tienen una clara afinidad con el Ejecutivo y con el partido en el poder, una situación que pone en entredicho la imparcialidad del fallo.

Es cierto que algunos argumentan que Morena, al tener una mayoría en las cámaras legislativas (incluso si se trata de una "mayoría artificial"), tiene el derecho de usar su "aplanadora" política. 

Pueden tener algo de razón en la lógica de la aritmética parlamentaria, pero lo que la ciudadanía no puede, ni debe, aceptar es que los nueve ministros electos supediten sus sentencias a la voluntad política de quien ostente el poder.

Subordinar a ministros, magistrados y jueces de distrito a fines políticos sería el inicio de un desastre nacional.

En el ámbito económico, la falta de certeza jurídica ahuyentaría a los inversionistas locales y extranjeros, quienes buscarían destinos más seguros para su capital. 

La consecuencia directa sería una menor recaudación fiscal, afectando programas sociales e inversión pública, además de generar un inevitable aumento del desempleo. 

Esto, a su vez, podría propiciar un mayor endeudamiento, tanto público como privado, un alza en la inflación y en las tasas de interés, lo que golpearía directamente la economía de la mayoría de los mexicanos.

Sin una justicia imparcial y sin un poder judicial con verdadera independencia y autonomía, estaríamos en grave riesgo. 

La historia de Venezuela con el chavismo, primerocon Hugo Chávez y luego con Nicolás Maduro, es un claro ejemplo de las consecuencias. 

Un régimen que socava la independencia judicial acaba por erosionar las libertades y la estabilidad de una nación.

<h6 class="subtitle underlined">La última palabra la tendrán las y los ministros a partir del 1 de septiembre, cuando sus primeras sentencias revelarán el verdadero sentido de esta "nueva era".</h6>

Opinión

Una nueva era en la Suprema Corte de Justicia de la Nación

José Luis Elizondo Treviño DETONA® México necesita una reforma electoral. No cualquier reforma, y mucho menos la que impulsa la Presidenta Sheinbaum.

<h5 class="handdrawn subtitle">Pretender desaparecer la representación plurinominal no solo es un retroceso democrático, es renegar del mismo camino que llevó al partido gobernante al poder. </h5>

Fue gracias a esos escaños que, paso a paso, lograron entrar a las Cámaras de Diputados y Senadores, conquistar alcaldías, gobernar estados y, desde hace siete años, gobernar el país.

<h4 class="subtitle">La democracia mexicana es cara. </h4>

Pero reducir costos no puede convertirse en el pretexto para debilitarla. 

Lo verdaderamente urgente es impedir que los partidos reciban dinero sucio, proveniente de actividades ilícitas que distorsionan la competencia política y atentan contra la voluntad popular expresada en las urnas.

Proponer que las autoridades electorales se elijan por voto popular es un error grave, tan grave como lo fue someter a elección directa a los integrantes del Poder Judicial. 

La imparcialidad no se construye en campañas políticas, se construye en instituciones sólidas y profesionales.

Se pueden discutir ajustes razonables, como eliminar a los senadores de lista para respetar el diseño original del Senado como cámara de representación igualitaria de los estados; reducir a la mitadlos diputados plurinominales para mantener la pluralidad y evitar que el poder se convierta en una maquinaria autoritaria, como en los tiempos del partido único que Vargas Llosa bautizó como “la dictadura perfecta”.

La reforma electoral que México necesita debe asegurar que las diputaciones se asignen conforme a la voluntad ciudadana, no a través de mayorías artificiales ni trampas legales. 

Debe acortar campañas y privilegiar el uso de redes sociales para comunicar propuestas, reduciendo así el costo de la democracia.

Y, sobre todo, debe cambiar la fórmula de financiamiento a los partidos, que el dinero se reparta según los votos obtenidos, no por el tamaño de la lista nominal. 

Esto obligará a los partidos a competir con mejores ideas y mejores candidatos, y no a vivir cómodamente del presupuesto.

La Presidenta Sheinbaum acierta al proponer una comisión intersecretarial para analizar el tema, pero una verdadera reforma electoral solo nacerá si en esa mesa están también los partidos políticos, la academia y la sociedad civil. 

Porque la democracia no se construye desde el poder, sino con el diálogo y el consenso.&nbsp;

<h6 class="subtitle underlined">Y si la reforma no sirve para fortalecer la pluralidad, la legalidad y la transparencia, servirá únicamente para reforzar al gobierno en turno, lo que sería un lamentable retroceso.</h6>

La reforma electoral

José Luis Elizondo Treviño DETONA® El caso de Israel Vallarta, liberado después de casi veinte años de haber sido detenido sin que se dictara una sentencia de culpabilidad, vuelve a colocar en la opinión pública el delicado tema de la prisión preventiva oficiosa, establecida en el artículo 19 constitucional.

Organismos internacionales han expresado una postura crítica y constante respecto a esta figura en México, señalando que es incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos.&nbsp;

La principal preocupación radica en que su aplicación viola principios fundamentales del debido proceso.

<h4 class="subtitle">Se trata, además, de un tema aún pendiente de resolver por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.</h4>

Algunos integrantes del Pleno ya se han pronunciado en contra de esta figura, entre ellos, la ministra regiomontana Margarita Ríos Farjat.

El artículo 19 de nuestra Carta Magna señala con claridad que ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder el plazo de 72 horas. 

Sin embargo, en el párrafo siguiente establece un listado de delitos en los que el juzgador está obligado a imponer prisión preventiva oficiosa, sin analizar las circunstancias del caso.&nbsp;

<h4 class="subtitle">Son 20 delitos enumerados en el texto constitucional, más 12 adicionales referidos en la Ley de Seguridad Nacional.</h4>

La prisión preventiva oficiosa viola el principio de presunción de inocencia, pues trata a la persona como culpable antes de que se demuestre su responsabilidad mediante un juicio justo.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido enfática al señalar que la detención preventiva debe ser una medida excepcional, no la regla.&nbsp;

Al ser obligatoria, la prisión preventiva oficiosa no cumple con este principio de excepcionalidad y se convierte, de facto, en una pena anticipada.

Además, atenta contra la independencia judicial, al obligar a los jueces a dictarla sin un análisis individualizado. 

Se les priva de su capacidad para ejercer control judicial y tomar decisiones con base en las pruebas y las particularidades de cada caso.&nbsp;

<h4 class="subtitle">Esto compromete seriamente la autonomía del Poder Judicial. </h4>

Y ahora más que nunca, vale preguntarse cuánta independencia tendrán los ministros, magistrados y jueces que resultaron electos mediante una votación marginal y con “acordeones” que orientaron el voto de los ciudadanos.

Diversos organismos internacionales han determinado que tanto el arraigo como la prisión preventiva oficiosa son figuras incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Cada juzgador debe analizar, caso por caso, si existe un riesgo real para la víctima o la posibilidad de que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia.&nbsp;

En tales circunstancias, podrá aplicarse la prisión preventiva justificada, como ocurre en otros países.&nbsp;

Pero nunca debe imponerse de forma automática.

<h6 class="subtitle underlined">Esperamos que las ministras y ministros de la Corte resuelva lo conducente y declaren, sin ambigüedades, la inconstitucionalidad de esta figura contraria a los derechos humanos y al Estado de derecho.</h6>

&nbsp;

La prisión preventiva oficiosa

José Luis Elizondo Treviño DETONA® La DEA ha ofrecido 25 millones de dólares como recompensa a quien proporcione información que conduzca a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien ha señalado como líder del Cártel de Los Soles.

Esta organización trafica cocaína hacia Estados Unidos y brinda apoyo a grupos terroristas extranjeros que amenazan la seguridad estadounidense, entre ellos el Cártel de Sinaloa, según reportes de esa misma agencia.

Marco Rubio, quien se desempeña como Secretario de Estado en el gobierno del presidente Donald Trump, declaró que Estados Unidos no reconoce a Maduro como presidente legítimo de Venezuela. 

Además de su vinculación con organizaciones narcoterroristas, se le acusa de manipular procesos electorales y desafiar abiertamente la voluntad del pueblo venezolano, al proclamarse vencedor en las elecciones del año pasado sin pruebas fehacientes.

“Maduro no es el presidente de Venezuela y su régimen no es el gobierno legítimo”, afirmó Rubio en un comunicado. 

Lo que podría seguir a esta declaración es que la inteligencia estadounidense comience a voltear la mirada hacia México, donde algunas organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, tráfico de personas, cobro de piso, extorsión y otros delitos ya han sido catalogadas como grupos terroristas.

El acuerdo alcanzado con Ovidio Guzmán, alias “El Chapito”, para reducir su condena a cambio de información, ya comienza a dar resultados. Uno de ellos es la vinculación del Cártel de Los Soles con el Cártel de Sinaloa.

Pronto podríamos ver nuevas acciones por parte de las agencias de seguridad del país vecino, enfocadas en combatir al crimen organizado en territorio mexicano.&nbsp;

Incluso, no sería extraño que algunos actores políticos fueran señalados como colaboradores de estas organizaciones. 

<ul>
	<li>¿Cuántas campañas electorales han sido financiadas con dinero del crimen organizado? </li>
	<li>¿Por qué en Veracruz la mafia local cobra “piso” a los taxistas, y para sembrar el miedo ya han asesinado a cinco de ellos, incluida una maestra jubilada que trabajaba como taxista para completar sus ingresos? </li>
	<li>¿Qué está haciendo el gobierno de Veracruz (y los demás estados del país), para proteger la vida de estos trabajadores y de otros sectores de la población que son amedrentados diariamente por estas organizaciones criminales?</li>
</ul>

Nicolás Maduro y las organizaciones narcoterroristas

José Luis Elizondo Treviño DETONA® La presidenta Sheinbaum sigue en su camino de retomar el control del poder, el cual, algunos aseguran que aún reside en un rancho de Palenque, Chiapas.

La reciente investigación contra el exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez, alias el Comandante H, señalado como líder del grupo criminal “La Barredora”, sacudió los cimientos de la ética oficialista.&nbsp;

Bermúdez fue nombrado en el cargo por el entonces gobernador Adán Augusto López, hoy coordinador de Morena en el Senado.&nbsp;

A esto se sumó la filtración de un video de Ricardo Monreal en un exclusivo hotel madrileño, que abrió un nuevo flanco de vulnerabilidad para el líder de los diputados guindas.

<h4 class="subtitle">Ambos casos le dan a la presidenta Sheinbaum la pauta para mover sus piezas.</h4>

La posibilidad de sustituir a Adán Augusto y a Monreal en las coordinaciones legislativas sería una jugada estratégica, ya que no solo marcaría un deslinde con los vicios del sexenio pasado, sino que le permitiría tomar el control real de su partido en ambas cámaras legislativas, y con ello, empezar a gobernar con sus propios proyectos, sin tutelas incómodas ni herencias tóxicas.

Porque si algo ha quedado claro es que la operación de seguridad en Tabasco no fue un “error de confianza”.&nbsp;

Los indicios señalan que, durante el gobierno de Adán Augusto, Bermúdez no solo fue su brazo operativo en seguridad, sino también el facilitador de una estructura paralela de poder: La Barredora, vinculada en un inicio al Cártel Jalisco Nueva Generación, con actividades ilícitas como el huachicol, cobro de piso, desapariciones, extorsiones, trasiego de droga y tráfico de personas.&nbsp;

<h4 class="subtitle">Todo bajo el amparo institucional.&nbsp;</h4>

La Barredora surgió, dicen los que saben, cuando el comandante H. decidió desligarse del Cartel Jalisco Nuevo Generación y crear su propia organización criminal, para ello decidieron barrer de Tabasco todo indicio del Cartel jalisciense, que dicho sea de paso, tiene presencia en todos los estados de la República.

Hoy, con una orden internacional de captura sobre Bermúdez y la presión mediática encima, comienza a pesarle a Morena el proyecto de la Cuarta Transformación.

Y aunque López Hernández ha declarado que no se le investiga, que todo es “politiquería”, la verdad es que el silencio de Palacio Nacional ya no es suficiente.&nbsp;

La presidenta necesita hacer una demostración de fuerza.&nbsp;

Por eso no fue casual que, al ser cuestionada, Sheinbaum dijera que “sería bueno que diera su versión”, en una frase que suena más a ultimátum que a cortesía política.

<h4 class="subtitle">Desde hace días, en los pasillos del Senado se habla de su relevo.&nbsp;</h4>

La bancada de Morena, cerrada por ahora con él, no puede darse el lujo de sostener una coordinación bajo sospecha, justo cuando arranca la nueva administración.

La gobernabilidad no puede depender del blindaje político a personajes que arrastran expedientes criminales en sus equipos.

De concretarse su salida, Sheinbaum habría tomado su primer gran decisión estratégica.&nbsp;

En vez de tolerar un liderazgo ligado a estructuras delictivas, estaría construyendo un nuevo bloque legislativo con base en perfiles propios, confiables y, sobre todo, desligados del sexenio pasado.

<h4 class="subtitle">La depuración apenas comienza.&nbsp;</h4>

Porque Morena —si aspira a durar más allá del sexenio— necesita sacudirse la sombra de quienes llegaron por el dedo del fundador, pero olvidaron los principios que decían defender: “No mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

Adán Augusto, el Comandante H y la Barredora

José Luis Elizondo Treviño DETONA® La iniciativa de reforma electoral que enviará la presidencia a la Cámara de Diputados lleva implícita la semilla de la destrucción de las instituciones democráticas que tanto nos ha costado edificar a las y los mexicanos.

Azafata de VivaAerobus caeen broma y anuncia al viajero "Benito Camelo"

Una demanda constante de los grupos políticos de izquierda, antes de que Morena asumiera el poder, fue la consolidación de la representación proporcional para que todas las fuerzas políticas tuvieran representación en las cámaras. 

Ahora pretenden eliminarla, impidiendo que las minorías actuales tengan espacios para la discusión política y la construcción de consensos.

La reducción de partidas presupuestarias a los partidos políticos es peligrosa, pues abre la posibilidad de que busquen financiamiento en grupos económicos con intereses particulares o, peor aún, en organizaciones criminales. 

Además, recortar el financiamiento público beneficiaría principalmente a Morena, ya que desde el gobierno podrían inyectarle recursos de manera encubierta, lo que afectaría la equidad en las contiendas electorales.

<h5 class="handdrawn subtitle">La elección por voto popular de las y los consejeros del INE es otra medida cuestionable. </h5>

Al desmantelar este Instituto, se debilitaría el último bastión de defensa democrática. 

Ex consejeros presidentes del INE (y antes del IFE), a través del Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD), fundamentan sólidos argumentos a favor del sistema. 

Sin embargo, las cámaras, controladas por Morena mediante maniobras ilegítimas, ignoran las razones y solo obedecen, demeritando el debate legislativo.

<h4 class="subtitle">Resulta igualmente preocupante que la iniciativa provenga del Ejecutivo. </h4>

Desde la creación del IFE, todas las reformas electorales se habían construido mediante consensos multipartidistas, pues las reglas electorales deben ser aceptadas por los partidos que van a contender en procesos electorales.

<h6 class="subtitle underlined">El próximo período de sesiones, que inicia el día primero de septiembre, podría marcar el principio del fin de nuestra democracia.</h6>

El desmantelamiento de la democracia

José Luis Elizondo Treviño DETONA® Desde hace años, algunos grupos delincuenciales se han dedicado a la ilegal tarea de ordeñar los ductos de PEMEX para robar gasolina y venderla en distintos tramos carreteros.

Sin duda, se trata de una actividad peligrosa, ya que almacenan el combustible en bidones al aire libre y, en ocasiones, lo mezclan con otros químicos para aumentar el volumen, dejando a los automovilistas expuestos a daños graves en los motores de sus vehículos.

Recordamos que, en el sexenio pasado, se nos aseguró que el problema del huachicol había sido erradicado; sin embargo, lo que ocurrió fue una transformación del delito: pasó del robo en tomas clandestinas al manejo de cantidades industriales de combustible ilegal.

El reciente hallazgo de más de 15 mil millones de litros de gasolina almacenados en 129 carros tanque de ferrocarril, estacionados en Ramos Arizpe, Coahuila, es un indicio claro de que el huachicol se realiza con la complicidad, o al menos la omisión, de autoridades de distintos órdenes de gobierno, municipales, estatales y federales.

Antes de este hallazgo, la Secretaría de Seguridad había clausurado una refinería clandestina que operaba impunemente a un costado de la refinería de Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz.

Incluso la propia Secretaría de la Defensa Nacional ha admitido que utilizó gasolina ilegal, producto del huachicol, para movilizar camiones durante la construcción del Tren Maya. 

<h4 class="subtitle">Una verdadera paradoja, considerando que esa dependencia es responsable de la seguridad nacional.</h4>

Mientras tanto, PEMEX continúa reportando pérdidas millonarias trimestre tras trimestre, e incrementando su deuda hasta convertirse en la empresa petrolera más endeudada del mundo.

Debemos reconocer que la presidenta Sheinbaum y su secretario de Seguridad, García Harfuch, están enfrentando con determinación a los grupos criminales dedicados a la venta ilegal de combustibles, al tiempo que han desmantelado cientos de laboratorios de fentanilo, metanfetaminas y otras drogas sintéticas.

Durante todo el sexenio anterior, se afirmaba que en México no existían laboratorios de drogas. 

Incluso, en una de sus conferencias matutinas, el entonces presidente sacó un pañuelo blanco para declarar que el huachicol había sido eliminado, para bien del pueblo mexicano.

<h4 class="subtitle">Hoy sabemos que eso no era verdad.&nbsp;</h4>

El tráfico de combustibles ha escalado a tal magnitud que ya no puede llamarse “huachicol”, pues se trata de operaciones de tipo industrial llevadas a cabo por grupos criminales coludidos, en algunos casos, con centros de poder político.

El gobierno federal debe reforzar la coordinación con los estados y los municipios del país para fortalecer la vigilancia de los ductos.&nbsp;

<h4 class="subtitle">Las tareas de investigación e inteligencia policial han dado resultados relevantes en el decomiso de combustibles ilegales.</h4>

Sin embargo, es necesario implementar medidas adicionales, como establecer la trazabilidad del combustible desde su salida de las refinerías hasta su llegada a las estaciones de servicio, o establecer controles volumétricos que permitan detectar discrepancias entre el combustible adquirido y el vendido en cada gasolinera.

<h6 class="subtitle underlined">Estas acciones podrían contribuir de manera decisiva a combatir un delito que no solo afecta las finanzas públicas de PEMEX y del país, sino que también pone en riesgo la vida de quienes manipulan el combustible robado y agrava el deterioro ambiental.</h6>

El huachicol

José Luis Elizondo Treviño DETONA®️ Los acuerdos alcanzados por Ovidio Guzmán para declararse culpable del tráfico de drogas hacia Estados Unidos derivaron en que una Corte de Nueva York le retirara cinco cargos penales al hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

<h5 class="handdrawn subtitle">Esta situación representa un riesgo creciente para los cárteles de la droga que operan en México y que han sido ya clasificados como organizaciones terroristas por el gobierno estadounidense.&nbsp;</h5>

Para lograr este acuerdo judicial, Ovidio Guzmán, también conocido como “El Ratón”, está obligado a proporcionar información privilegiada a las autoridades norteamericanas.&nbsp;

Esta información podría comprometer a figuras relevantes de la política mexicana, incluidos gobernadores, presidentes municipales, altos funcionarios de seguridad e incluso elementos de las Fuerzas Armadas.

Con estos datos en poder de la inteligencia estadounidense, es probable que las relaciones bilaterales se tensen aún más.&nbsp;

La presidenta Claudia Sheinbaum podría verse forzada a aceptar la intervención de fuerzas especiales de Estados Unidos en territorio mexicano, con el propósito de desmantelar a los cárteles y detener a integrantes de la clase política involucrados con el crimen organizado.

<h4 class="subtitle">Hasta ahora, el presidente Donald Trump ha cumplido sus amenazas.&nbsp;</h4>

<ul>
	<li>Él mismo ha declarado que, si México no puede acabar con los cárteles, lo harán ellos.&nbsp;</li>
	<li>Debemos estar atentos a la evolución de este tema en la agenda nacional.&nbsp;</li>
	<li>En años recientes, México ha respondido con firmeza a las presiones de Washington. </li>
</ul>

Primero desplegó miles de elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur para contener el flujo migratorio y el tráfico de fentanilo; ha capturado y extraditado a decenas de delincuentes solicitados por la justicia norteamericana; ha destruido laboratorios clandestinos y decomisado millones de litros de gasolina ilegal, mejor conocida como huachicol.

<h4 class="subtitle">Sin embargo, Trump quiere más.&nbsp;</h4>

<h6 class="subtitle underlined">Y lo conseguirá con la información que, seguramente, Ovidio Guzmán ya ha compartido o está por compartir, a cambio de la protección de su familia y de una reducción en su sentencia y la de su hermano Joaquín.</h6>

México bajo tensión

José Luis Elizondo Treviño DETONA®: Desde la creación del estado de Israel en 1948, con el objetivo de establecer una nación para el pueblo judío que había sido dispersado tras el dominio romano, las relaciones con Irán fueron sólidas.

Sugerimos leer:

Hasta 1979, ambas naciones no solo mantenían relaciones diplomáticas, sino que también colaboraban en proyectos de desarrollo económico y militar.&nbsp;

Incluso, el gobierno de Irán fue el segundo en aprobar la creación del estado de Israel.&nbsp;

Esto se debía, en gran medida, al apoyo estadounidense que recibía Irán, y dado que Israel siempre ha sido considerado un aliado clave de Estados Unidos en Medio Oriente, Irán era un país amigo.&nbsp;

Sin embargo, esta dinámica cambió drásticamente cuando el Sha de Irán fue derrocado y un gobierno teocrático, dominado por los Ayatolás, asumió el poder.

El nuevo gobierno se distanció de Estados Unidos debido al apoyo brindado a la monarquía del Sha y, por consiguiente, se enemistó con Israel.

Esta nueva postura llevó a la creación de grupos paramilitares que han sido declarados como terroristas por el gobierno estadounidense, como Hezbolá en Líbano, Hamás en la Franja de Gaza y grupos chiítas en Yemen e Irak, conocidos como Hutíes o el "Ejército de Dios", que han generado terror y logrado controlar extensas zonas en Yemen.

El principal objetivo de estos grupos es atacar a Israel, lo que ha impedido que el pueblo israelí experimente largos períodos de paz.

El conflicto más reciente se inició en octubre de 2023, cuando Hamás atacó a Israel, dejando un saldo de 1200 personas fallecidas.&nbsp;

Este acto desató una fuerte respuesta del presidente Netanyahu, con ataques severos a la Franja de Gaza.&nbsp;

Aunque el objetivo declarado fue eliminar a Hamás, esas operaciones han causado y siguen causando numerosas víctimas civiles.

Recientemente, la inteligencia israelí determinó que Irán había violado el acuerdo de no proliferación nuclear al enriquecer uranio (Irán posee yacimientos de este material radiactivo) con el fin de desarrollar armas atómicas.&nbsp;

Ante esta situación, el primer ministro Netanyahu ordenó un ataque masivo contra sitios estratégicos iraníes, así como contra líderes militares y científicos involucrados en su programa nuclear.

Irán respondió con misiles modernos, algunos de los cuales lograron superar el "Domo de Hierro", como se conoce al eficiente sistema de defensa antimisiles de Israel, impactando en ciudades importantes como Haifa y Tel Aviv.

Después de varios días de intercambio de ataques, Estados Unidos intervino, destruyendo los tres búnkeres donde se enriquecía el uranio con "bombas antibúnker".

Sin embargo, persiste la incógnita sobre si los iraníes lograron extraer el uranio antes del bombardeo.

En este escenario, la imagen del presidente Trump se ha magnificado como el político que detuvo, provisionalmente, el conflicto.&nbsp;

Si Irán conservara el uranio, su programa nuclear solo se habría retrasado unos meses, pero la amenaza a la paz y la seguridad mundial seguiría latente.

El cambio en las relaciones entre Israel e Irán, de aliados estratégicos a adversarios implacables, subraya la complejidad geopolítica de Medio Oriente.&nbsp;

<h6 class="subtitle underlined">La escalada de violencia y el desarrollo nuclear iraní representan un enorme desafío que requiere de una acción de la diplomacia internacional y soluciones duraderas.</h6>

Israel e Irán, de amigos a enemigos

José Luis Elizondo Treviño DETONA: Ya sea con medidas legislativas o decisiones unipersonales y arbitrarias por parte de las autoridades, la libertad de expresión y la difusión de ideas, opiniones e información de cualquier tema, como lo garantiza el artículo séptimo constitucional, están en riesgo de ser excluidas como una libertad de las y los mexicanos.

Sin embargo, este artículo que tiene vigencia en todo el país desde que el texto constitucional fue aprobado en 1917 por el Constituyente de Querétaro, no aplica en los estados de Puebla y Campeche, gobernados por los morenistas Alejandro Armenta Mier y Layda Sansores San Román.

En Puebla, el congreso dominado por Morena aprobó una reforma al Código Penal, misma que fue publicada y ha entrado en vigor el 14 de mayo pasado, para tipificar el delito de “ciberasedio” el cual define de la siguiente manera:

“Artículo 480 Comete el delito de ciberasedio quien a través de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona, con la insistencia necesaria para causarle un daño o menoscabo en su integridad física o emocional.&nbsp;

A la persona responsable de la conducta descrita en el párrafo anterior se le impondrá la pena de once meses a tres años de prisión y multa de cincuenta a trescientos días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el momento de la comisión del delito.”&nbsp;

Eso significa que en Puebla, puedes ser denunciado y procesado penalmente por insultos a cualquier persona, desde luego, también incluye a funcionarios públicos, que suelen ser objeto de críticas de los ciudadanos que se sienten defraudados por las acciones de sus gobernantes. 

Dicho en otras palabras, es delito ejercer la libertad de expresión si se les ocurre escribir en las redes sociales algún agravio contra las y los poblanos, incluyendo los servidores públicos.

La SEGOB se ha pronunciado para que el Gobernador someta a consulta pública esa reforma al código penal, pero independientemente de lo que hagan, ya está publicado y ya ha iniciado su vigencia esta oprobiosa reforma.

En el estado de Campeche, gobernado por Layda Sansores, una jueza de control ordenó la detención y sujeción a proceso al periodista jubilado Jorge González, por haber osado criticar a la gobernadora por el mal gobierno que encabeza.

Como medidas cautelares, se le impuso una multa de dos millones de pesos, la prohibición de ejercer el periodismo y la restricción de publicar en redes sociales durante dos años.

<h6 class="subtitle underlined">Ambos ejemplos son deplorables y es de esperarse que no fructifiquen en otras entidades federativas, ya que sólo los estados totalitarios y fascistas tienen ese tipo de prácticas para silenciar la disidencia.</h6>

José Luis Elizondo Treviño