¡Aguas! con la nueva Ley de Aguas Nacionales. Episodio 1
¿Les platico?¡Arre!
La Ley de Aguas Nacionales fue creada el 1 de diciembre de 1992, para garantizar el uso del vital líquido a consumidores domésticos, agricultores, ganaderos, comerciantes y a la industria nacional, en ese orden, pero sin afectar a ninguno de esos sectores.
Es un derecho constitucional regulado por el Estado.
A la fecha existen 527,868 títulos de concesión de agua en todo el País.
La llamada LAN fue reformada en el año 2023 en los Artículos 4 y 27 de la Constitución, para incorporar el elemento de sustentabilidad y reforzar el derecho humano al agua, reforzando las prioridades consagradas en su texto original y reafirmando el rol del Estado como regulador de dicho aseguramiento.
Hasta ahí, todo bien, pero...
En menos de una semana, los glúteos veloces de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados, "analizaron" la iniciativa de reformas a dicha Ley, promovida por MORENA y sus rémoras del PT y PVEM, para "...redefinir conceptos como ´reasignación´ y ´uso agropecuario familiar´, eliminando la figura de ´seguridad hídrica´ para reducir volúmenes y fortalecer al Órgano Interno de Control (el Estado)".
Así lo expresó textualmente Ricardo Monreal -de MORENA- presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, y aseguró que las 90 modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales ¡VAN! y se aprobarán mañana jueves 4 por el Pleno, para pasar a la Cámara de Senadores, tan pronto los legisladores regresen de sus "merecidas" vacaciones navideñas, el 11 de febrero del próximo año.
Se van a descansar el 11 de este diciembre, a disfrutar cada uno de $304,500 de aguinaldo -los diputados- y de $385,000 -los senadores-.
- Diputados del PAN y el PRI denuncian que la iniciativa de MORENA busca mantener la centralización del agua en la Federación; no prevé presupuestos para infraestructura ni contiene metas técnicas.
- Además, se elimina la certeza jurídica en los títulos de concesión, ligados con la propiedad de la tierra; aumenta las sanciones y pone en riesgo la seguridad alimentaria, al restringir severamente la operación de la industria, el comercio, la agricultura y la ganadería, dándole toda la prioridad al consumo doméstico, con un fin eminentemente político, de cara a las elecciones de 2027.
- Lo peor del caso es que deja en manos del Estado, la definición final en el uso y destino del agua, como recurso nacional consagrado en la Constitución.
- Uno de los reclamos centrales de los agricultores es la transmisión de concesiones de agua.
- Conagua deberá expedir nuevos títulos de concesión en un plazo máximo de 20 días hábiles en casos de sucesión, transmisión de dominio o fusión de sociedades.
- El documento establece sanciones para quienes cedan o intercambien agua con un uso distinto al concesionado.
- De acuerdo a agricultores y ganaderos entrevistados por Grupo DETONA® 20 días son insuficientes para que Conagua analice las 527,868 concesiones que existen actualmente, lo cual abre las puertas a arbitrariedades del Estado, que serán dirimidas legalmente ¿adivinen por quiénes?
- Acertaron: Por los jueces y magistrados de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, que controla el Estado.
- Se prevé la suspensión o revocación de concesiones y se tipifican los “delitos contra las aguas nacionales”, diferenciando entre casos graves y actividades de uso personal o agropecuario familiar, que legalmente serán sancionados -en caso de litigios- también por la nueva SCJN.