La arquitectura paralela: ¿huachicol fiscal en Monterrey?
La mirada triste de quien ha visto demasiados expedientes que nunca llegaron a un juez.
—Un millón de litros en Cadereyta…—le dije—, y días antes, 1.2 millones en Allende.
Ya no hablamos del delincuente en huaraches que ordeña el ducto con una manguera de jardín.
El exprocurador sonrió.
—¿Delincuente en huaraches? —pensó para sí—.
Ese fulano es la escenografía, Eloy, lo que encontraron ayer en Cadereyta, esos silos verticales, los autotanques, las motobombas, eso requiere ingeniería, contadores, agentes aduanales, firmas de abogados en San Pedro.
—… y silencio institucional —lo interrumpí yo.
Entonces el exprocurador me explicó que hay un momento en que la realidad deja de ser un expediente subterráneo y se convierte en un hecho político imposible de disimular.
Las tramas funcionan mientras son opacas, pero cuando necesitan infraestructura, permisos y circulación financiera, empiezan a emitir señales visibles para todo el sistema.
—Es el mal llamado huachicol fiscal, o, más correctamente, el contrabando de hidrocarburos —le dije—.
Y parece que, después de una década, su propio tamaño lo está delatando.
El abogado me señaló con el dedo índice.
—¡Exacto! Esa es la arquitectura paralela, ya no es una anomalía marginal, es una industria, y una de ese tamaño no cabe debajo de un tapete.
Le recordé las cifras que el investigador Raúl Olmos acaba de documentar en su libro sobre el tema: cómo el negocio explotó con la apertura energética de Peña Nieto, disfrazado de simulación aduanera y evasión del IEPS.
—Hablamos de un daño fiscal de $600,000 millones de pesos —completó el exprocurador y bajó la voz, mirando de reojo al cantinero—.
Durante años, el Estado toleró estas redes porque, de alguna manera perversa, subsidiaban los costos del sistema formal, gasolina más barata, transporte más barato.
Pero ¿qué pasa cuando una red ilegal crece a ese nivel? Tocar esa logística hoy significa meterse con circuitos financieros formales.
¿Hasta dónde puede avanzar el Estado sin tumbar su propia economía?
Nuestra tierra es el laboratorio ideal, por el volumen económico, todo termina brotando a la superficie.
Salimos de la cantina y el calor seco nos recibió de golpe.
Caminamos hacia su camioneta blindada.
—A veces —recapacitó el exprocurador antes de abrir la puerta—, como decía el expresidente de España, Felipe González.
También se muere de éxito.
Estimaciones independientes del Observatorio Ciudadano de Energía elevan el costo total para las finanzas públicas —incluyendo la pérdida de IEPS e IVA— a alrededor de $123,000 millones de pesos solo en 2025.
En los últimos siete años, el acumulado supera los $515,000 millones de pesos.
Estas cifras reflejan recursos que dejan de llegar a una empresa productiva del Estado ya de por sí altamente endeudada, y que no ingresan a la hacienda pública en un momento en que la economía mexicana muestra señales de debilidad.
En el primer trimestre de 2026, el PIB se contrajo 0.6% respecto al trimestre anterior, la caída más pronunciada en cinco trimestres.
Si el régimen sigue mostrando disposición a denunciar la injerencia externa y no se atiende a fondo las consecuencias de haber permitido que porciones significativas del financiamiento político y la erosión fiscal provengan de economías criminales que operan dentro del país.
El futuro será muy desolador.