La censura del bienestar
Los actos de censura comenzaron desde antes que tomara posesión López Obrador y no han dejado de intensificarse.
Recordemos cómo presionaron para que un documental sobre populismo en América Latina fuera prohibido y se persiguiera a sus autores.
Todo por el delirio conspiranoico del entonces candidato electo que acusó guerra sucia trasnacional y las autoridades electorales creyeron que consecuentándolo podrían sobrellevar las presiones.
Ahora pretenden usar los derechos de las audiencias como pretexto para acosar concesionarios de radio y televisión.
Usan una causa noble, tal y como sucede con la violencia política de género, para coartar la libertad de expresión: pervierten el concepto para convertirlo en su opuesto, un factor que reprime información y opiniones de interés público a televidentes y radioescuchas.
Por si eso fuera poco, está sobre la mesa la posibilidad de extender la censura a la prensa escrita y las redes sociales.
Los llamados Lineamientos Generales para la Protección de las Audiencias que están en periodo de consulta simulada, tal y como las que acostumbran, buscan, en primera instancia, promover la autocensura: que medios independientes prefieran no arriesgarse frente al amago de onerosas multas y opten por no tocar temas delicados o asuntos que incomoden al régimen.
Los criterios establecidos en el proyecto son ambiguos y están pensados para aplicarse en controversiales zonas grises, lo que dará pie a amplia discrecionalidad.
