Un gobierno atrapado en sus mentiras

Habla María Salazar, esposa de unos de los siete, o diez, ingenieros secuestrados el viernes 23 en el complejo minero de Concordia, Sinaloa, a menos de una hora de Mazatlán. 

“Que nos digan si están haciendo algo por buscarlos”. 

Dirige su exigencia tanto a la empresa —la canadiense Vizsla Silver— como a las autoridades estatales.

Me cuenta que, entre las siete y siete y media de la mañana, un grupo de ingenieros y trabajadores aguardaba en la zona de descanso a las camionetas que los trasladarían al área de las minas. 

Ocurrió entonces lo de costumbre, en Sinaloa, en México: hombres armados, indefensión, el secuestro masivo.

La empresa y las autoridades callaron ante las primeras revelaciones de los familiares. 

Tuvo que venir la Asociación de Ingenieros de Minas y Geólogos a detonar el caso. 

María relata que todavía el jueves en la noche habló con su esposo, con quien solía mantener comunicación telefónica diaria.

“Estamos muy desesperados y asustados”, dice con mesura. 

“La empresa nos toma la llamada, pero no nos informa nada. 

Queremos que nos apoyen, que metan más gente a la búsqueda”.