La secretaria envió una carta —publicada ayer— en la que señala que es falsa la afirmación de que el gobierno de México “no atiende a las familias de personas desaparecidas o que la Presidencia sea indiferente frente a esta tragedia”.
Y describe en ocho párrafos las acciones y convicciones gubernamentales en la materia.
Remata con esta frase:
“Concluir que el gobierno de México no atiende a las familias a partir de consultas realizadas a un número reducido de colectivos constituye una generalización que no refleja la complejidad de esta realidad, pues existen cientos de colectivos con experiencias y contextos distintos”.
Puede ser.
Pero lo que expuse el jueves se sustentó en la opinión de varias de las organizaciones de madres y padres más representativas, así como en la dura crítica que formulan sobre lo poco que, a su juicio, han cambiado las condiciones para llevar a cabo la dolorosa tarea de buscar a sus familiares.
Son esas organizaciones las que preguntan por qué el gobierno no muestra voluntad de dialogar y construir una propuesta que atienda los problemas estructurales de la búsqueda.
Le pregunto, secretaria:
- ¿A cuántos colectivos necesitaríamos entrevistar para conformar una muestra representativa?
- ¿Diez no bastan?
La afirmación de que el gobierno mexicano no las acompaña no es mía.
Es de ellas, de ellos.
