Next Energy: el contrato que electrificó la sucesión en NL
En estos días hemos sido testigos de réplicas y contra réplicas entre dos de los principales personajes de la política regiomontana y estatal de Nuevo León: Adrián de la Garza, exalcalde y nuevamente alcalde de Monterrey, y Luis Donaldo Colosio, anterior alcalde que queda justo en medio de las dos administraciones de De la Garza.
El motivo de estas disputas en medios y videos es un contrato de prestación de servicios de energía eléctrica firmado originalmente por Adrián De la Garza con la empresa del también regiomontano Eugenio Maiz Domene, principal socio accionista de Next Energy del Centro S.A. de C.V.
El origen del contrato
En 2020, durante la primera administración de De la Garza, el Municipio de Monterrey firmó un contrato de largo plazo —30 años— para el suministro de energía eléctrica proveniente de una planta solar que sería construida en el municipio de Cerralvo.
El monto global proyectado rondaba los 7 mil 370 millones de pesos a lo largo de tres décadas.
Es importante subrayar algo que a menudo se pierde en el debate público: ese monto no significaba que, de un día para otro, salieran 7 mil millones de pesos de la Tesorería municipal.
Se trataba de un compromiso plurianual, estructurado bajo un esquema de pagos mensuales, similar a un contrato tipo PPA (Power Purchase Agreement).
El modelo planteaba que la empresa construiría, operaría y mantendría una planta fotovoltaica; la energía generada se inyectaría a la red eléctrica nacional y el Municipio recibiría, mediante compensación contractual, energía a un precio presuntamente más bajo y más limpio que el convencional.
El problema técnico y administrativo
La controversia surge porque la planta solar prometida no se materializó en los términos originalmente anunciados.
No hubo una infraestructura operando a plena capacidad que justificara el suministro proyectado bajo el contrato original.
Sin embargo, el contrato generaba obligaciones de pago.
Aquí comienza el núcleo del conflicto: durante meses —y posteriormente años— el Municipio mantuvo pagos mensuales derivados del contrato, aun cuando la infraestructura no estaba concluida ni entregando el servicio integral previsto.
No está completamente claro en el dominio público cuánto pagó Monterrey en total desde 2021 bajo este esquema.
Se habla de mensualidades cercanas a los 10 millones de pesos, pero las cifras exactas acumuladas siguen siendo objeto de debate político y revisión administrativa.
Cuando Luis Donaldo Colosio asume la alcaldía en 2021, se encuentra con un contrato ya firmado y jurídicamente comprometido.
Su administración intentó cancelarlo; posteriormente optó por una renegociación que redujo el plazo de 30 a 10 años y ajustó el monto total estimado.
Se buscó además reconducir el proyecto hacia instalaciones solares en edificios municipales, disminuyendo el impacto financiero proyectado.
En términos administrativos, el caso exhibe los riesgos de los compromisos plurianuales: contratos heredables entre administraciones que, aun cuando cambie el gobierno, siguen obligando presupuestalmente al municipio.
La dimensión legal
Desde el punto de vista jurídico, el conflicto tiene varias capas:
- Responsabilidad contractual: si hubo incumplimiento en la construcción o en la entrega del servicio.
- Responsabilidad administrativa: si el diseño del contrato fue financieramente imprudente o insuficientemente garantizado.
- Responsabilidad penal: si existió simulación, engaño o dolo en la ejecución del proyecto.
Hasta ahora, lo que existe públicamente son señalamientos, investigaciones y posicionamientos políticos, pero no una sentencia definitiva que determine responsabilidades penales en el caso específico de Monterrey.
Lo que sí y lo que no ocurrió
Conviene separar narrativa de realidad financiera:
- No se entregaron 7 mil millones de pesos en una sola exhibición.
- Sí existieron pagos mensuales derivados del contrato.
- No quedó completamente claro cuánto se pagó en total antes de la renegociación.
- La planta solar original (en Cerralvo) no se construyó en los términos inicialmente anunciados.
- El contrato fue modificado, no eliminado.
El caso revela un problema clásico en la administración pública: contratos complejos de largo plazo con ingeniería financiera sofisticada, pero con debilidades en la supervisión técnica y en las garantías de cumplimiento.
