Se cumplía un año desde que, según la Secretaría de Cultura —es decir, según el gobierno federal—, un árbol derribó la estatua de Calderón en una de las calzadas de los jardines del Centro Cultural Los Pinos.
Un árbol derribando, precisamente, la escultura de Calderón.
Supuse que la Presidenta no acompañaría esa atrocidad y que, al menos, se daría la orden de levantarla para que no permaneciera en el mismo lugar, abandonada, pudriéndose.
Pero el tiempo siguió corriendo.
Afirmé que era una obligación hacer algo, pues la estatua se encontraba dentro de un espacio cuyo cuidado corresponde al gobierno federal.
Su maltrato constituía un abandono inadmisible de responsabilidad.
Un desprecio por lo público.
No imaginé el desenlace: que ayer supuestos extrabajadores del SME ejecutaran el viejo ritual de la violencia y el odio y destruyeran la estatua con ostentación.
Lo tratarán de justificar diciendo que es la memoria del pueblo oprimido y barbaridades por el estilo.
Dudo que se les hubiera ocurrido hacerlo con la escultura en pie.
Y, después de constatar tanto desprecio gubernamental, tengo que preguntarme, inexorablemente, si esta violencia no fue producto de un guiño de Palacio Nacional.
