Corrupción desde lo más alto
El mercado negro de combustible ha provocado asesinatos de alto impacto de personas vinculadas a líderes de Morena e investigaciones federales en EU.
También fue el detonante de la guerra contra el huachicol que decretó López Obrador tres semanas después de asumir la Presidencia, con lo cual escondió la incapacidad del nuevo equipo en Pemex de distribuir gasolina, provocando escasez de combustible y racionamientos.
Los resultados del combate al robo de combustible vistos fueron un desastre –hoy hay más robo y pérdidas que en 2018– y la actividad criminal toca alarmantemente a políticos cercanos al Presidente.
No obstante, lo que ha sucedido en este sexenio es mucho más grave y está pasando frente a nuestros ojos: el contrabando de diésel.
Contrabando y robo son dos cosas muy distintas.
Todo lo que hemos oído en el sexenio es el huachicol, como coloquialmente se conoce el robo de combustible, y donde participa activamente el crimen organizado.
En el primer trimestre de este año el número de tomas clandestinas se había elevado 2% más que en el mismo periodo en 2023, detectándose 34 tomas clandestinas diariamente.
El incremento del robo de combustible y de las tomas clandestinas que existen en 18 estados rompe récord cada año. El contrabando, más que un delito de crimen organizado es de cuello blanco.
Para que esto suceda tiene que haber un proceso de importación, donde Pemex y las empresas privadas autorizadas tienen que importar el diésel, que para que se pueda consumar como delito, se tendría que llenar una consignación que no indique que es un combustóleo fósil que paga aranceles, como, por ejemplo, aceite.
Además de Pemex, sólo hay seis empresas privadas, parte de consorcios globales, que tienen vigentes sus permisos para comprar diésel en el exterior e introducirlo en México.
