En el closet del morenismo hay esqueletos de mayor monta que el INE, señalados con lujo de detalles por los medios y por instituciones del propio gobierno.
Digamos, para no mencionar sino los mayores de estos años, los casos de Rubén Rocha Moya y sus asociados, del huachicol fiscal y el exsecretario de Marina, del jefe del cártel de La Barredora y el senador Adán Augusto López, o de los negocios de Amílcar Olán y Andy López Beltrán.
Ninguno de ellos ha sido investigado por el gobierno con la contundencia puesta en el caso del INE, ni ha caído ninguna de sus cabezas, como con Taddei en el INE.
Más bien lo contrario: en todos los casos mencionados, lo que hemos visto y oído es una exculpación, y la exigencia desmesurada, en las mañaneras, de que quien señale las irregularidades presente las pruebas.
No sabemos a dónde se dirige el gobierno con este súbito cambio de tolerancia ante la corrupción del INE, pero sabemos que no es un cambio de rumbo general, que lo que sigue no es la investigación de toda la corrupción oficial denunciada.
El castigo a la cabeza del INE es una excepción en el pantanoso horizonte de la corrupción morenista. Una excepción bienvenida, pero una excepción: una golondrina que no hace verano.
Por el contrario, la corrupción exhibida en el INE no es excepcional, es más bien la regla, la consecuencia de una decisión política de impunidad que corre a lo largo y a lo ancho de la llamada 4T.
Me refiero a la decisión de no rendir cuentas, de impedir el acceso a la información, multiplicar las adjudicaciones directas, reservar la divulgación de gastos de obra pública por razones de seguridad o interés nacional.
En la piscina morenista de la no rendición de cuentas chapoteó tres años la Presidenta del INE hasta que la llamaron a cuentas y descubrieron que estaba ahogada.
