Deja en evidencia que el intento de impulsar un juicio político contra el titular del Ejecutivo estatal tropezó con las propias contradicciones internas del partido en el estado.
Inútil sería culpar a agentes externos de estas deserciones y lealtades cuestionadas.
La culpa es de índole interna, nada que reprocharle al rival que se defiende.
Ni siquiera al propio Mario Soto, quien, según el siempre bien informado colega Ángel Quintanilla, quizá sostiene conversaciones con MC para una eventual candidatura naranja a la alcaldía de García en 2027.
El paso decisivo, que realmente mide las fuerzas de una bancada que se asume como el fiel de la balanza en el Legislativo estatal, era sostener la cohesión suficiente para llevar el asunto del juicio político al Pleno, conseguir los 28 votos de mayoría calificada y mantener una ofensiva creíble.
Ya no se dio, mal timing.
La ausencia de Soto tanto en la sesión de la comisión parlamentaria como en la reunión del pasado fin de semana, que Ariadna Montiel convocó en Monterrey para definir la postura de la coalición frente a las denuncias contra el gobernador, fue leída dentro y fuera del partido como una señal inequívoca de desalineación.
En lugar de disimular la grieta, la dirigencia nacional optó por formalizarla.
Soto anunció su salida en un comunicado en el que la presenta como el cierre de una etapa y alega “una visión distinta sobre algunas herramientas contempladas dentro de la vida institucional y política del estado”.
La suya fue una forma calculada de decir que no comparte la estrategia de confrontación directa que ahora se intenta imponer.
Me aseguran fuentes internas del partido que van más allá:
Dudan de su lealtad y hay morenistas que incluso dicen que su eventual relevo —cargo para el cual suenan los nombres de las diputadas Greta Barra, vista como heredera natural de la facción de Soto, o nuevamente Anylú Bendición— podría recaer en un perfil tan poco fiable como él.
Lo cierto es que este tipo de fracturas internas en los legislativos estatales no son exclusivas de Nuevo León.
Hace apenas unos días, en Guerrero, la designación de Joaquín Badillo Escamilla como nuevo coordinador de la bancada morenista —y, con ello, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso— provocó una división marcada, pude constatarlo personalmente.
Once de los 25 diputados se ausentaron de la sesión en protesta, dejando al descubierto las dos facciones en disputa.
En Campeche, la fractura morenista estalló en febrero:
Esta columna dio la primicia de que seis de los 13 diputados acusarían públicamente a su coordinador de “traición” por respaldar el regreso del fuero, en un choque frontal con la gobernadora Layda Sansores, así sucedió, tal cual.
¿Qué delatan estos episodios?
Un patrón que, a mi modo de ver, ya es recurrente en Morena: cuando ese partido intenta convertir un procedimiento —ya sea un quimérico juicio político contra un gobernador o la aprobación de reformas federales— en una demostración de músculo y cohesión, resulta que sus bancadas estatales terminan tropezando con sus propias divisiones faccionales o lealtades locales.
