¿Regular las redes… o regular a los ciudadanos?
La pregunta parece irreprochable.
- ¿Quién podría oponerse a combatir el fraude electrónico, el robo de identidad, la pornografía infantil, la extorsión digital o las redes del crimen organizado que utilizan internet para operar?
Nadie.
El problema comienza cuando, detrás de una necesidad legítima de regulación, aparece la tentación de controlar algo mucho más valioso que los algoritmos: la conversación pública.
Porque una democracia no empieza a deteriorarse cuando persigue delincuentes; comienza a hacerlo cuando pretende decidir quién puede hablar, qué puede decir y hasta dónde puede criticar al poder.
Nunca en la historia de la humanidad un puñado de empresas privadas había concentrado semejante capacidad de influencia.
Facebook, Instagram, X, YouTube y otras plataformas dejaron hace mucho de ser simples redes sociales.
Hoy funcionan simultáneamente como medios de comunicación, agencias de publicidad, mercados comerciales, foros políticos, espacios culturales y, para millones de personas, la principal fuente de información.
¿Ese enorme poder justificará discutir su regulación?
- Pero regular no significa censurar.
- Perseguir una estafa no equivale a perseguir una opinión.
- Eliminar una red de extorsionadores no es lo mismo que eliminar una crítica al gobierno.
Y esa diferencia, aparentemente sencilla, constituye la frontera que separa a una democracia constitucional de un régimen que comienza a sentirse incómodo con el disenso.
- El mundo ofrece ejemplos muy distintos.
La Unión Europea ha optado por imponer obligaciones severas a las grandes plataformas, pero acompañadas de procedimientos legales, transparencia, protección de datos personales y supervisión judicial.
Estados Unidos privilegia la libertad de expresión como principio rector de su sistema constitucional.
En el extremo opuesto, China y Rusia han construido esquemas donde el Estado posee amplias facultades para controlar contenidos, bloquear plataformas y limitar el flujo de información.
México se encuentra ahora frente a esa encrucijada.
Y es precisamente aquí donde surge la mayor preocupación.
No tanto por la necesidad de regular las plataformas —que pocos discuten— sino por quién ejercerá ese poder y bajo qué contrapesos institucionales.
Los críticos del actual gobierno, periodistas independientes, analistas, medios de comunicación y numerosos usuarios de redes sociales sostienen que el riesgo es mayor en México debido a la concentración de poder político alcanzada por el oficialismo.
Su preocupación parte de un hecho verificable:
- El partido gobernante y sus aliados cuentan con una amplia capacidad de decisión en el Congreso de la Unión y, además, el país atraviesa una profunda transformación de su Poder Judicial.
A partir de ello, estos sectores temen que una iniciativa del Ejecutivo que amplíe las facultades para controlar contenidos digitales encuentre escasa resistencia institucional durante su discusión y eventual aprobación.
Ese es el verdadero debate.
No si debe existir regulación.
Sino si existirán contrapesos suficientes para impedir que una regulación concebida para combatir delitos termine convirtiéndose en un instrumento para inhibir la crítica política.
La historia enseña que prácticamente todos los mecanismos de censura nacieron envueltos en nobles propósitos.
Siempre comenzaron hablando de seguridad.
- De orden.
- De estabilidad.
- De protección social.
